Los Andes han producido a comienzos de 2008 la más grave crisis en Latinoamérica y por supuesto en la base de la misma se encuentra el conflicto interno armado colombiano crecientemente regionalizado.

Por Alejo Vargas Velásquez*

crvargas@andinet.com

El conflicto interno armado colombiano surge dentro del contexto de la ‘guerra fría’ pero con un conjunto de causalidades y peculiaridades de orden interno que no permiten afirmar que sea simplemente uno más de los conflictos expresivos de la confrontación Este-Oeste de ese momento.

La naturaleza del conflicto armado colombiano ha venido cambiando de manera acelerada, desde una considerada como clásica guerra de resistencia campesina con rasgos de las llamadas de liberación nacional, a una ‘guerra de la coca’, que expresan (entre otros elementos) los rezagos de un problema agrario no resuelto, con todo lo que esto significa y las complejidades de una actividad económica ilegal globalizada, dentro de un orden –o desorden?- global en el cual la debilidad de muchos Estados parece impedirles jugar el rol de pivotes del mismo.

Los principales efectos que el nuevo discurso internacional de la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ ha tenido en relación con el conflicto armado colombiano se derivan del cambio de énfasis de la política norteamericana en relación con Colombia y del cambio de estrategia y de énfasis de la política gubernamental.

Inicialmente la principal preocupación de los Estados Unidos en relación con este conflicto armado interno radicaba en el problema de los cultivos de uso ilícitos y la manera como éstos, pudieran estar siendo su principal fuente de financiación. Es decir, la prioridad estaba en la lucha contra el narcotráfico, expresado en el caso colombiano fundamentalmente en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, aunque también, en otras políticas de interdicción. Esto se expresó en el Plan Colombia inicialmente y su extensión como Iniciativa Regional Andina (IRA) al conjunto de los países de la región.

Pero la prioridad norteamericana después del 11 de Septiembre se desplaza, del narcotráfico al terrorismo y en el caso de la Región Andina, especialmente Colombia, se convierte el ‘narco-terrorismo’ como el nuevo enemigo a combatir.

La posición del Gobierno norteamericano se modificó en varias direcciones: uno, incrementando su apoyo militar a las Fuerzas Armadas en varios sentidos, propiciando un proceso de reingeniería y re-estructuración de la totalidad del Ejército y de las otras fuerzas, ya no solamente las unidades antinarcóticos, para que estén mejor dispuestos para la guerra irregular, además fortaleciendo su apoyo en inteligencia tecnológica, especialmente satelital y permitiendo que los recursos de la lucha contra el narcotráfico se puedan utilizar sin limitaciones en la lucha contrainsurgente (tradicionalmente el Congreso norteamericano había considerado que Estados Unidos apoyaba la lucha contra el narcotráfico, pero la lucha contrainsurgente era un problema interno colombiano); dos, contribuyendo al aislamiento internacional de las guerrillas colombianas, es decir cerrarles el espacio político con el apoyo de sus aliados en el ámbito global, pero esta acción diplomática se acompañará de un combate más decidido contra los recursos económicos de estas organizaciones en el ámbito internacional.

El nuestro es un conflicto asimétrico de larga duración entre un Estado que cuenta con legalidad y legitimidad, al cual se le enfrentan unos grupos alzados en armas, que si bien reclaman una intencionalidad política en su actuar, cuentan con niveles de degradación en sus prácticas y precarios niveles de legitimidad, y grupos paramilitares que se autoproclaman como defensores de un orden que el Estado ha sido incapaz de mantener en el conjunto del territorio.

Regionalización creciente del conflicto interno

La creciente regionalización del conflicto interno armado colombiano lleva a que éste se haya transformado en el principal factor de inestabilidad en la región andina. Las últimas crisis andinas están asociadas con éste: con Venezuela, por la ‘captura irregular’ del miembro de las Farc Rodrigo Granda, primero, y luego por la vinculación del Presidente Chávez como facilitador-mediador para la búsqueda del acuerdo humanitario con las Farc y su posterior retiro poco diplomático, por decir lo menos; con Ecuador, por el tema de las fumigaciones colombianas a los cultivos de uso ilícito en las áreas fronterizas (que fueron rechazadas por Ecuador por los daños ambientales y a los seres vivos que a su juicio producían), el ataque a la base militar de Teteyé por grupos de las Farc que según el gobierno colombiano vinieron de territorio ecuatoriano y el último caso, hasta el momento, el ataque de la Fuerza Pública colombiana a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano donde fue muerto Raúl Reyes.

En La región andina –especialmente en Colombia, Ecuador y Venezuela–, se sitúan los factores de riesgo o amenaza de mayor relevancia para la seguridad en Sudamérica, exceptuando la llamada ‘triple frontera’ y la amazonía: a) se produce el mayor porcentaje de la cocaína y en aumento de heroína que llega al mercado norteamericano; b) el conflicto armado colombiano crecientemente regionalizado; y c) hay países ricos en recursos energéticos –petróleo y gas–, con gobiernos considerados por Washington como expresivos del llamado por ellos ‘populismo antimercado’ y en esa medida poco confiables.

El conflicto armado colombiano es percibido como una ‘amenaza’ no en los términos clásicos de enfrentamientos entre Estados, sino de los efectos que la acción de actores irregulares pueda tener sobre los países colindantes. Esto se complejiza por el carácter igualmente transnacional del narcotráfico y su creciente incidencia en el conjunto de la región.

Ahora bien, las fricciones de  Colombia con sus dos vecinos son expresión igualmente  de otros factores. Colombia históricamente ha sido un aliado incondicional de Washington –fue el único país latinoamericano que participó en los años cincuenta en la guerra de Corea, fue el único país de Suramérica que apoyó la invasión unilateral del gobierno Bush en Irak y en el actual gobierno ha habido una concentración de la política exterior en USA y en esa medida una especie de bilateralización –se alineó incondicionalmente con el hegemón dominante–, y la centró en la lucha contra el terrorismo, ideologizándola –especialmente en la relación con Venezuela- y compartiendo la tesis de debilitamiento de la soberanía –incluso invitando a la intervención extranjera para resolver el conflicto armado colombiano-, y minimizando las relaciones con los países de la región. Venezuela por el contrario, ha tenido una relación de tensión con Estado Unidos, plantea la defensa de la soberanía nacional como central y no involucrarse en el conflicto armado colombiano ni en el Plan Colombia o la Iniciativa Regional Andina; ha promovido el multilateralismo en sus relaciones internacionales y da prioridad a los procesos de integración regional alrededor del Mercosur y a las relaciones Sur-Sur –en esto juega un papel estratégico su petróleo–. Los dos últimos gobiernos de Ecuador han tenido como ejes fundamentales en su política exterior –que responden a demandas internas de actores políticos y sociales–,  respeto al principio de autodeterminación, no intervención en el conflicto colombiano y rechazo a las fumigaciones en áreas fronterizas. Además el gobierno ecuatoriano se negó a firmar el Convenio que da protección a los militares norteamericanos ante la Corte Penal Internacional.

Por lo anterior la política del actual gobierno colombiano es percibida por los países vecinos como la prolongación en la región de la política norteamericana  de la llamada ‘guerra preventiva’ con la justificación de la guerra contra el terrorismo –pero los países latinoamericanos no han aceptado darle ese calificativo a los grupos guerrilleros colombianos, aunque sí los consideran grupos ilegales armados relacionados con el narcotráfico-. El gobierno colombiano, por su parte, habla de tolerancia de los países de la región con los grupos guerrilleros (terroristas en su discurso) y ha acusado al gobierno venezolano de promover una política expansionista en la región.

La confrontación armada colombiana ha venido afectando a los países limítrofes, deteriorando las relaciones con los vecinos y con el riesgo de incidir en el viejo conflicto no resuelto de límites entre Colombia y Venezuela, en parte por incidencia de USA, que considera al gobierno del Presidente Chávez como una amenaza a la seguridad regional –apreciación compartida por sectores de las elites tradicionales regionales-; los amplios recursos petroleros venezolanos son considerados la ‘petrochequera’ con la cual éste gana influencia regional.

Los principales impactos en los países limítrofes son:

a) Efectos militares de la confrontación, que se remontan, por lo menos a los años 70, ataques a sus fuerzas militares, secuestros y utilización de su territorio como retaguardia.

b) El desplazamiento poblacional que cada vez es más preocupante –refugio internacional es la expresión de la ONU.

c) La militarización de las fronteras –fuertes dispositivos militares para contener la expansión del conflicto armado colombiano, sin aceptar estrategias para involucrarse en el mismo.

d) La carrera armamentista regional, a decir verdad estimulada por el Plan Colombia y la IRA. Más allá de que Colombia tenga como justificación para su gasto militar la confrontación interna, las Fuerzas Armadas de los países vecinos consideran que se ha producido un desbalance militar regional -Colombia supera a sus vecinos en presupuesto militar, en  número de efectivos de sus tropas y en el campo de la aviación militar, pero tiene claras desventajas en lo relativo a tanques y a aviación estratégica.

e) Pérdida de confianza y por lo menos disminución de cooperación entre los ejércitos y policías de los países andinos mencionados.

e) Obstáculos a los necesarios procesos de integración económica regional.

f) Contribuye a la inestabilidad política regional.

Esto explica, en buena medida, las tendencias armamentistas regionales, y en el caso venezolano la percepción de una eventual intervención norteamericana como  amenaza prioritaria, lo cual los ha llevado a elaborar una doctrina propia de defensa nacional. “Venezuela firmó un acuerdo con Rusia para la compra de 110.000 fusiles Kalashnikov, 33 helicópteros de asalto, ataque y transporte pesado y 50 cazabombarderos;”

En el caso colombiano ha implicado incrementos sostenidos en el presupuesto para seguridad y defensa; según cifras de la Contraloría General de la República (citadas por el diario El Tiempo en su edición de Abril 14 de 2008) “… se evidencia que, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto militar del país entre 2001 y 2007 ha representado en promedio 4,7 por ciento.  Esta cifra se encuentra muy por encima del promedio del continente americano que se ubicaba en 1,6 por ciento del PIB, según datos citados por el consultor Luís Jorge Garay y tomadas de Sipri.” 

En el caso ecuatoriano es previsible un incremento del gasto militar y una posición cada vez más prevenida de las Fuerzas Armadas ecuatorianas frente a las colombianas. El Editorial del diario El Comercio del 20 de Abril de 2008 dice “El  ataque que se produjo en Angostura, territorio en el Oriente ecuatoriano, develó graves  falencias en la seguridad nacional que deben producir una seria evaluación  como Estado y como sociedad. No es necesario repetir los detalles, pero es válido recordar  que desde  el Plan Colombia el desbalance de la seguridad, a pesar de tener una frontera tan convulsionada en el norte, ha sido muy grave.”   Igualmente el Presidente Rafael Correa al anunciar la compra de aviones brasileros Supertucano y repotenciar su actual flota de aviones Kafir declaró “la institución militar ha perdido gran capacidad operativa por la desidia, la descomposición política, la indiferencia y porque en un tiempo se satanizó todo gasto, incluso el gasto en defensa… se contratarán nuevos medios electrónicos de transmisión para interceptar y neutralizar cualquier fuerza extranjera regular o irregular que quiera violar suelo patrio… No permitiremos nunca más que un ataque aéreo como el que recibimos el primero de marzo quede en la impunidad, y tampoco involucraremos al país en un conflicto que no es nuestro y que se derrame sangre de nuestros valiosos soldados por nuevos ataques.” (El Tiempo en su edición de Abril 23 de 2008).

Siendo realistas los incidentes fronterizos con seguridad van a seguirse presentando, porque la experiencia internacional enseña que cuando existen confrontaciones internas armadas, la tendencia normal de los actores armados no estatales es a tomar las fronteras como áreas estratégicas de retaguardia –sitios de descanso y/o de abastecimiento-, así fue en el sudeste asiático, en las guerras centroamericanas y africanas. Y esto en buena medida está al margen de la voluntad de los diversos gobiernos. Situación que se adiciona con el carácter igualmente transnacional del narcotráfico y su incidencia en la región.

La posibilidad de una acción compartida sobre los riesgos o amenazas regionales no está en el orden del día; eso supondría una definición conjunta de qué se consideran amenazas fundamentales y cuál el tipo de respuesta a las mismas y por el momento no hay una caracterización compartida del conflicto interno armado colombiano, ni de las respuestas –políticas y/o militares al mismo- por lo menos con los actuales gobiernos. Por ello no es previsible una acción de tipo multilateral y seguirá predominando una mirada unilateral y un enfoque de políticas en ocasiones contrapuestas, con los inevitables incidentes bilaterales, que ojala sean manejados por los especialistas de la diplomacia.

Conflicto armado colombiano: salida política regional

La regionalización creciente hace que el conflicto interno armado colombiano cada vez sea percibido no sólo como una amenaza interna para el Estado colombiano, sino como una amenaza regional y el principal factor de perturbación en los Andes. En esa medida, la solución –que para la mayoría de los países de la región es una de tipo negociado–, cada vez más es vista como una necesidad regional y no sólo colombiana y por ello es previsible el escenario de una tendencia creciente de intervención internacional  –más allá de los deseos de los actores nacionales-.

Cada vez es más claro que la estabilidad andina tiene como pre-requisito una solución del conflicto interno armado colombiano, cualquiera otra solución va a ser sólo transitoria  y con altísima probabilidad de volver a ser influida por nuevos factores de perturbación.

* Profesor Titular Universidad Nacional

ZIBECHI, Raúl, “ El nuevo militarismo en América del Sur”, La Jornada, México, 16/06/05