EN LA LUPA

Niños y niñas en desplazamiento… la casa en el aire

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Mis derechos

educación, comida y techo

dejar mis tristezas

empezar desde cero

comenzar el día

saltando golosa…

(Ronda “Semillas de esperanza y paz”)

 

escuchar segunda pista

 

Son las siete de la mañana y Lyda alista a su hermanita menor para que participe en la maratón lúdica, “Juguemos a hacer realidad nuestros derechos”. Ella tiene  14 años y desde los 11 cambió las muñecas, los cuadernos y los sueños por una maternidad apresurada que le prestó al hijo de una de sus hermanas mientras ella iba en busca del cuerpo de su esposo, pero nunca regresó. “Desde ese día  yo soy la mamá”, afirma con un tono de adulta que no se le acomoda a su frágil y menuda figura.

Por Nelly Valbuena Bedoya*

nelly@laesquinaregional.com

Era miércoles 4 de diciembre de 2007 y el polideportivo del municipio de Soacha esperaba a unos 600 niños y niñas en situación de desplazamiento para cerrar la maratón lúdica que había comenzado el 11 de noviembre con un recorrido por las plazas y parques de 15 municipios de Cundinamarca. Soacha era el número 16.  Esta vez el parque principal no sería el escenario, pues el alcalde del  momento, que lo había facilitado a través de una comunicación escrita se arrepintió a última hora, argumentando que ya había sido asignado a la policía. Para una de las líderes de la población esta no era una actuación extraña pues para “las administraciones locales la población desplazada sigue siendo un problema pese a la determinación de la Corte Constitucional”.  

Los invitados, listos y alborotados, eran las 15 gestoras y gestores escogidos por sus mejores dibujos en las jornadas que se realizaron en los municipios del departamento identificados como los mayores receptores de población desplazada en el centro del país, uno por cada municipio. El resto, 580 más llegarían desde Cazucá y Ciudad Latina, dos de los barrios de Soacha que reciben diariamente a las familias que huyen de sus lugares de origen buscando proteger sus vidas y que han ido tejiendo, a la vista de las autoridades y de la sociedad, un cordón de ilusiones anudadas con la inexistencia de viviendas dignas, de servicios básicos y de una violencia que los persigue sin tregua.

La iniciativa promovida por el proyecto “Promoción, Prevención e intervención de los Factores de Riesgo en la Población Desplazada” de la Dirección de Salud Pública de la Gobernación de Cundinamarca y de la alianza Salud Social IPS-APE; y apoyada por la Unicef, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y la Fundación La Esquina, se propuso hacer un llamado a las comunidades y a las administraciones locales sobre la necesidad de trabajar conjuntamente para contribuir al reconocimiento de los derechos de los niñas y niñas en situación de desplazamiento.

Todo esto como parte del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 en la que la Corte Constitucional hizo un llamando para que se atendiera a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, a los pueblos indígenas y a las comunidades  afrocolombianas en situación de desplazamiento, luego de comprobar la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, tras la ineficacia de las autoridades al ofrecer una protección oportuna y eficaz a esta población.

 

Mal del país…

Cada día en un parque o en una plaza jóvenes recreacionistas, niñas y niños jugaron a pintar y a representar unas realidades marcadas por el miedo, el silencio y la indiferencia. Por unas cuantas horas dejaron atrás el terror de la huída para correr aferrados por la cintura a la promesa de volver a tener una casa, educación, salud, atención y cuidado. Ahora el turno era para Soacha.

“Yo no quiero ir porque tengo mucho oficio y eso es para los niños” dijo Lyda mientras preparaba una colada y recordaba el momento en que su hermana llegó a la casa dispuesta a irse con el niño en busca de su marido “dizque porque lo habían matado… entonces yo le dije –no se lo lleve, déjemelo que eso es muy peligroso por allá, no se le olvide que los sacaron a punta de plomo. Ella me dijo, –se lo dejo pero cuando vuelva me lo llevo y no ha vuelto. Dicen que él tenía unas botas de esas que usa la guerrilla y que lo estaban buscando y le llegaron hasta la casa, casito le disparan a mi hermana en toda la frente. Eso estaba repeligroso”.

Hacia las 8:00 de la mañana varios buses fueron hasta Cazucá y Ciudad Latina a recoger a los niños y niñas que se habían inscrito para participar en la maratón, entre tanto los gestores y gestoras viajaban desde sus municipios hacia Soacha. Algunos de ellos, como David y su madre, habían llegado desde la noche anterior provenientes de municipios como Caparrapí, La Palma y Girardot. Para David, de nueve años, este era el único viaje de cuatro más, que no había hecho en una ambulancia, pues desde el desplazamiento su salud se deterioró y en sus recuerdos y su cuerpo quedaron como estampillas las señales de la apendicitis, el asma, las fiebres y las alergias. Con una gran sonrisa dice “casito no salgo de los hospitales”.

Al polideportivo empezaron a llegar hacia las 9:30am niñas y niños de diferentes lugares, distintos pero unidos por la alegría de compartir una jornada de juegos, pintura, títeres, música, sueños y una historia marcada por el desarraigo y la aridez del refugio. El color de sus pieles, el cabello y los rasgos físicos no llamaron la atención entre sí. En el acento de sus palabras y el color de sus risas se adivinaban las regiones de Colombia en donde dejaron hogares, amigos e infancias suspendidas pero de las que traen, adheridas a la mirada, las imágenes de una guerra que no entienden pero que llevan a cuestas de una memoria que no se explica por qué ahora están arrumados en las periferias de grandes ciudades como Bogotá, en la marginalidad del río Magdalena en Girardot o en una antigua finca del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, en Pacho, Cundinamarca.

Un informe de junio de 2007, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), afirma que Colombia tenía, a esa fecha, tres millones de personas desplazadas, un millón más que en 2006. Somos el segundo país con mayor número de población desplazada en el mundo, después de Sudan que tiene cerca de 6 millones.

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes, la cifra asciende actualmente a 3.940.000 personas de las cuales el 65% son niños, niñas y adolescentes. Es decir, cerca de 2.300.000 en las últimas dos décadas del conflicto armado interno. Las cifras, como siempre, difieren de las del Gobierno para quien el número es de 2,38 millones en total hasta enero de 2008. Sin embargo, reconoce que el subregistro es del 30%. Para Codhes de cada 100 personas que solicitan ser incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, sólo entre 40 y 60 reciben el status o condición que les permite acceder a la atención o ayuda humanitaria. ¿Qué pasa con todas las que se quedan por fuera? Pues que no reciben ayudas, ni subsidios de vivienda o no son tenidos en cuenta para acceder a otros planes gubernamentales y mucho menos cuentan para la formulación de políticas públicas.

Este es el caso de la familia de los seis hermanos Lucumí que vienen del departamento de Nariño. Ellos salieron del municipio El Charco el año pasado y tras dos meses en Cali decidieron venirse a Bogotá en busca de un tío que ya había salido con su familia en 2005. Ahora, dos familias, 18 personas, 4 adultos, 8 adolescentes y 6 niños y niñas sobreviven en una casucha levantada con cartón paroy, allá en la loma en donde se amontonan hombres y mujeres “a ver levantar a sus hijos” en el Rincón del Lago en Cazucá, donde no hay lago, ni agua y la esperanza se resquebraja como el barro en las calles, tras los cortos veranos e intensos inviernos. 

El informe “Un país que huye”, de Codhes, realizado conjuntamente con comunidades religiosas, entidades públicas y privadas y organizaciones sociales, afirma que cada hora, fueron obligados a salir, entre 1995 y 1997, 20 niños, niñas o jóvenes menores de 19 años. El panorama durante 1997, evidencia que este fue el año más crítico de los últimos trece años en Colombia, paradójicamente fue también el año por los derechos de la población desplazada. El conflicto armado y la crisis humanitaria que éste provoca forzó a cientos de niños, niñas y jóvenes a crecer lejos de sus hogares en medio de dificultades económicas, discriminación, indiferencia y en muchos casos expuestos al abuso sexual, una problemática que acecha por igual a niños y niñas.

En palabras de la abogada Rocío Marín Martínez, investigadora de Plan Internacional y asesora de Codhes en temas de infancia y desplazamiento, “nacer o crecer en situación de desplazamiento forzado marca una condición crítica en su existencia, tanto a nivel individual como social, en la medida en que se niegan sus derechos básicos y se prolonga de manera indefinida la situación de exclusión, marginalidad y pobreza a que son sometidos”.

Por unas cuantas horas los dolores se apaciguaron y la música se abrió paso. Todos y todas, sin excepción, elevaron sus voces al ritmo de una ronda que un grupo de jóvenes músicos había preparado con niños y niñas de Soacha. Letra escrita por ellos y ellas, recortes de esos derechos que aún no disfrutan... “estos son los sueños de niñas y niños /porque merecemos respeto y cariño / y con mi familia /volver a mi tierra /a sembrar semillas de esperanza y paz”.

“No toques ese recuerdo”

Sus risas no se hicieron esperar ante el improvisado teatrito que le dio vida a unas medias que con ingenio, botones, lana, tela y pegante se  convirtieron en un nuevo compañero o compañera. Llegó el momento de untarse con temperas, de usar materiales de desecho para pintar sus derechos.

En los dibujos quedaron plasmados dramas como el abuso sexual, la falta de afecto, la indiferencia y el desconocimiento de algunas de las autoridades en torno a la responsabilidad que tienen con la niñez desplazada. Tal vez Cristián, de ocho años, no quiera o no logre expresar con palabras la tristeza que le causa saber que su papá abusa de su hermanita pero sí los dibujó en un primer plano y escribió con letras negras “avuso sexsu”. Las profesoras de la escuela ya denunciaron el caso ante la personería pero aún no pasa nada.

Según el ICBF en Cundinamarca se reportaron 116  casos de abuso de los cuales 103 son niñas, cuya edad promedio corresponde a los 12 años. En los meses comprendidos en el periodo entre enero y mayo de 2007 se recibieron 354 denuncias relacionadas con maltrato sexual (abuso sexual, acto sexual abusivo y acceso carnal) y 20 por explotación sexual (prostitución infantil, pornografía infantil y turismo sexual infantil). En el ámbito nacional las cifras de los casos denunciados son alarmantes. En 2007 se presentaron 4.740  y en lo que va corrido de 2008 se han registrado 927 casos. Nadie sabe cuántas de estas denuncias son de niños o niñas de la población desplazada, pues la atención no es diferenciada.

“Es urgente una política diferencial para atender a los niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado que garantice el goce efectivo de sus derechos “, afirma Rocío Marín Martínez.

Entre esta población el silenciamiento también es una constante. En Soacha encontramos el caso de una niña de 15 años, madre de un bebé de 8 meses que no habla del padre de su hijo. Sin embargo la comunidad afirma que “el papá es su propio padre”. En su casa nadie dice nada, la madre comentó, en voz baja, que la niña había sido violada pero que su esposo no la dejaba poner el denuncio porque eso era “poner a la niña en boca de todos”.

La maratón lúdica preparó con especial cuidado la actividad de “la pintucarita” justamente para prevenir entre la población infantil el abuso sexual. Jugando con el cuerpo como territorio individual y privado se llegó a comprender que nadie puede invadirlo o tocarlo sin nuestra autorización. Cristian pedía que le pintaran dos cuerpos en sus mejillas, intentando quizás, con ello remendar el cuerpo fragmentado de su hermana.   

Los rostros de la furia

Un cambio brusco en la conversación intenta sacar a Lyda de esa adultez que le llegó un día, como a muchas otras niñas de su edad,  sin darse cuenta pero que ella asumió sin reparo, sin reproche, sin una queja manifiesta. – ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Ella se queda mirándonos y con un tono molesto dice, como si no nos diéramos cuenta, –ya soy grande, cuido del bebé de mi hermana hasta que ella regrese, lavo la ropa, cocino y le ayudo a mi mamá con los otros cuatro niños mientras ella trabaja”.

Lyda es la décima de 13 hermanos. Diez de los cuales lograron criarse en medio de una pobreza que no daba tregua pero en la que gozaban de una vivienda digna por allá en un pueblo arrinconado del Magdalena Medio. Dos de sus hermanos murieron en medio del conflicto armado y una está desaparecida. “Mi hermano mayor lo que hizo malo fue prestar el servicio militar porque donde vivíamos persiguen al hombre que viene del Ejercito. Cuando llegó lo dejaron, como quien dice, descansar un mesecito y en noviembre empezaron a buscarlo. Él dijo que no se iba pero los paramilitares le pidieron la libreta militar. Pasó la navidad y el año nuevo, y en enero lo mataron a una cuadra de la casa. Tenía 21 años. Eran como las 10 de  la mañana, eso es lo que cuenta mi mamá, yo no me acuerdo, porque estaba muy chiquita. Los vecinos decían que cuando él vio venir la camioneta de vidrios oscuros arrancó a correr pero le dieron un tiro en la columna y ahí quedó. Yo a veces pienso que si él se hubiera ido con ellos estaría vivo. A mi mamá le ofrecieron plata pero ella no la quiso aceptar…Mis hermanos cuentan que mi papá no hacía sino tomar y casi no hablaba… y mi mamá se quedó muda, como medio loca… entonces nos fuimos para donde mi hermana la mayor, la que le seguía al finaito. De a poco, un día mi mamá volvió a hablar”.

La familia de Lyda salió de un municipio del departamento de Caldas el 8 de diciembre de 2006, después de que su hermana Natalia se fue a traer un recado y unas gallinas de la finca. Tenía 12 años. “Ella era mayor que yo dos años. Mi mamá sí le dijo que no se fuera porque eso estaba muy revolcado pero ella no le hizo caso y se fue con una vecina… la señora no apareció más. Dicen que cuando se armó la balacera mi hermana salió corriendo a esconderse detrás de una Ceiba que estaba al pie de una caseta y que la topó una bala. Quedó ahí en la mitad de la calle. Nosotros no la vimos porque los paramilitares no la dejaron sacar, dizque para que no habláramos. Dicen que está en una bóveda. Desde ahí fue que nos vinimos para acá”.

La jornada lúdica número 16 fue expirando hacia el medio día. En las voces cortadas, en las miradas sin rumbo, en los gestos que no mienten y en las palabras no dichas se alzaba la verdad de una tristeza que por unas cuantas horas estuvo en reposo. A las lomas de Cazucá, a la marginalidad del río… a eso que llaman vida regresaron estos niños y niñas como quien camina inexorablemente hacia un valle donde el goce efectivo de sus derechos es un peregrinaje sin fin…

Del seguimiento a la política pública…

La Constitución de 1991 garantiza la atención por parte del Estado para los niños y niñas bajo la premisa de que sus derechos están por encima de los demás. En noviembre de 2006 el Congreso aprobó a través de la Ley 1098 el Código de la Infancia y la Adolescencia para proteger el ejercicio de sus derechos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento. El artículo 20 de este Código advierte que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra el desplazamiento forzado. Por su parte, la Ley 387 de 1997 adopta medidas para la prevención y la atención especial a las mujeres y a los niños y niñas pese a ello, la realidad evidencia que estamos muy lejos de su cumplimiento. Estas son algunas de las razones:

- Las políticas públicas no tienen un enfoque diferencial de género ni diversidad cultural y étnica. Desde la Corte Constitucional el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa llamó la atención para que las políticas públicas tuvieran en cuenta a las comunidades indígenas, a las mujeres, a los afro colombianos y a los niños, niñas y adolescentes a través de la Sentencia T-025 de 2004 y de los Autos de Seguimiento 109 (Adopción de indicadores de resultado) y 233 (Indicadores del goce efectivo de derechos) de 2007. Sin embargo, el cumplimento de esta Sentencia ha sido tímido por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales (ni hablar de los actores armados), pues aún no se toman medidas relacionadas, por ejemplo, con las rutas de atención diferenciales. En el caso de los niños, niñas y adolescentes cuando se pregunta al Estado por  ellas se remite a las rutas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que aplica para todos y todas.

- En cuanto a la toma de información o registro en los sistemas oficiales no existe una discriminación por sexo, edad y ni ciclo vital. No se diferencian los grupos específicos, no hay una forma de hacer seguimiento por identidad. ¿Si se pregunta, cuántos niños o niñas nacieron o nacen en medio del desplazamiento?, no se tiene la información. Contar con ella permitiría saber ¿qué significa nacer y crecer en medio del desplazamiento? y por lo tanto se ayudaría a la generación de política pública para el goce efectivo de los derechos de una población que está más allá de la condición o clasificación como “población de escasos recursos” o “grupos en condiciones vulnerables  y en riesgo”.

- El Sistema educativo no permite saber los niveles de deserción escolar. Hay que reconocer que se ha avanzado en cuanto al número de cupos que le corresponden a la población desplazada pero no se tiene claridad sobre las razones por las que niños, niñas y adolescentes se retiran de la escuela.

Adoptar una política diferencial conduciría, para no ir muy lejos, a que las ayudas humanitarias de emergencia estuvieran discriminadas y a minimizar los impactos producidos por la vulneración reiterada y constante de derechos a los niños, niñas y adolescentes.

De resaltar…

Que la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento, de la cual hace parte Codhes y la Fundación Plan International y apoya la Embajada Británica, haya propuesto el pasado 28 de febrero a la Corte Constitucional, adoptar por lo menos 5 de los 17  indicadores de goce efectivo propuestos por PLAN en la cartilla   “Creciendo en derechos… Políticas públicas para niñez desplazada… un desafío”. Se espera que la Corte los acoja y puedan así sumarse a los adoptados el año pasado, a través de los Autos 109 y 233.

Un detalle para tener presente: En la cartilla se proponen 52 indicadores, 17 de goce efectivo y 35 complementarios, producto de establecer una prioridad  de derechos y en donde se proponen unos mínimos de protección al evaluar las políticas públicas de atención a este grupo poblacional.

La Comisión logró además que en la Encuesta Nacional de Verificación, que se aplicó a unos diez mil hogares (3.500 de referencia y 6.500 en situación de desplazamiento forzado) en 49 municipios del país, se incluyera el tema de niñez.

Para recordar

Estos son algunos conceptos básicos tomados de la cartilla elaborada por la Fundación Plan Internacional:

Indicador: herramienta para monitorear, evaluar y demostrar el progreso de unas metas establecidas.

Indicadores de goce efectivo

Participación: libertad de expresión),

Supervivencia: atención psicosocial, salud, alimentación, vivienda y salud

Desarrollo: Educación

Protección: Identidad, prevención reclutamiento forzado, recreación, integridad, unidad familiar y vida

Ver más sobre el tema en: www.plan-internacional.org / www.plan.org

* Comunicadora social y periodista

 

 


 
 
 

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