Su cuerpo, caído y ladeado a la derecha de la silla, yacía inerme por unos minutos. Fujimori estaba soñando frente a sus jueces y a los ojos de miles de peruanos que seguían el juicio por televisión.  El presidente del tribunal tuvo que despertarlo a campanillazos: “¡Señor Fujimori!”. No hubo respuesta. Su abogado intervino para justificarlo: “¡Presidente, está un poco delicado de salud!”.

Por Carlos Paredes*

carlosparedes51@hotmail.com

El sueño era profundo por casi veinte minutos. El juez César San Martín agitó la campanilla por segunda vez, con más fuerza: “¡Señor Fujimori, ¿está dormido?, ¿tiene usted un problema de salud o es cansancio nada más?”. Parecía una caricatura de aquel presidente soberbio de sonrisa ladina que despreciaba a sus adversarios.

Era la tarde del lunes 24 de marzo de 2008, el reloj del canal de televisión que transmitía en vivo marcaba las cinco y un minuto. Fujimori despertó desconcertado cuando ya era el centro de atención. Volteó a mirar a su abogado, rió nerviosamente, se ruborizó. Adujo adormecimiento de piernas para justificar la siesta, pero su problema fundamental es su pérdida de memoria: El Chino, como le llaman coloquialmente los peruanos, no recuerda nada de los crímenes que se cometieron bajo su mandato.   

En el primer día del juicio, mucho antes de aquella soñolienta tarde, Fujimori, un hombre que está a punto de cumplir 70 años, hipertenso y con muchas más canas que cuando renunció a la presidencia del Perú por fax desde el Japón, se declaró inocente en un alegato de defensa impregnado de dramatismo. “¡Soy inocente!”, exclamó con una voz irreconocible, mezcla de grito y llanto, y levantó el brazo derecho dando un inadvertido brinco hacia adelante. Tres de sus cuatro hijos lo observaban atentamente a través de un cristal de seguridad, pero él, mirando a los jueces, les daba la espalda. El grito nervioso de inocencia de Fujimori se convirtió en un ringtone que circuló profusamente en Internet, compitiendo con el “por qué no te callas”, que el Rey Juan Carlos de España profirió a Hugo Chávez.

Ese día, lunes 10 de diciembre de 2007, el día del grito de inocencia, se inició el juicio público a Alberto Fujimori Fujimori en Lima. Un ex dictador extraditado a su país para ser juzgado por los crímenes y robos que cometió en el ejercicio arbitrario del poder. Parecía increíble pero era cierto. Chile, contra el explicable escepticismo después de un primer fallo exculpatorio, aprobó su extradición. Perú, ante la duda de la comunidad internacional, ha iniciado un juicio con todas las garantías de un Estado de derecho. Una señal contundente de los avances en materia de justicia y derechos humanos en la región. Más que eso, la extradición de Fujimori es un hito en la doctrina y jurisprudencia del derecho penal internacional: por primera vez un ex presidente es considerado autor mediato de asesinatos aún cuando no apretó el gatillo para liquidar a supuestos terroristas. Se llama la teoría del dominio del hecho. En términos simples esta nueva doctrina del derecho penal, conocida también como teoría del dominio de la organización, procesa y condena no solamente al autor directo de un crimen, sino también al jefe real de una estructura organizada, bajo cuya dirección se comete el delito. Típico caso de un régimen tan vertical y personalizado como la autocracia que gobernó al Perú la década del noventa. Buen precedente en Latinoamérica para juzgar a sátrapas y violadores de derechos humanos, normalmente impunes gracias a los exilios dorados.

En el fuego cruzado

El juicio a Fujimori también está sacando a luz una serie de detalles de la equivocada estrategia que su gobierno aplicó para enfrentar la crueldad apocalíptica de Sendero Luminoso. Se llama eufemísticamente “guerra de baja intensidad” y no es otra cosa que combatir a la barbarie terrorista con terrorismo de Estado. Algo que en Colombia se conoce muy bien. En el Perú fue una guerra clandestina que no sólo exacerbó el fanatismo de las huestes de Abimael Guzmán, derivó en delitos de lesa humanidad y, sobre todo, sometió a la población civil al padecimiento de un letal fuego cruzado que se cobró en el camino a muchas vidas inocentes. Gran parte de ellos peruanos humildes cuya desgracia fue estar allí, en medio de dos terrores.

Hoy los peruanos sabemos que en los dos primeros años del gobierno de Fujimori, entre 1991 y 1992, se desarrolló una guerra no declarada y clandestina entre un comando secreto integrado por oficiales del Ejército, llamado Grupo Colina, y los más fanáticos mujeres y hombres de Abimael Guzmán. Ahora entendemos qué hubo detrás de la extrema crueldad con la que los senderistas asesinaron a la dirigente comunal María Elena Moyano, a quien mataron a balazos y después hicieron volar su cuerpo en pedazos arrojándole una carga de dinamita. O por qué el escuadrón Colina asesinó a mansalva a catorce personas, entre ellos un niño de 9 años, que se reunían en una ruinosa vivienda del centro de Lima supuestamente para recaudar fondos a favor del grupo terrorista. Sólo por reseñar dos ejemplos. Eran mensajes que se mandaban entre sí, en medio de la población civil y muchos inocentes, como la propia Moyano. Si los terroristas de Sendero Luminoso atacaban un blanco militar, el comando clandestino Colina respondía eliminando extrajudicialmente a supuestos terroristas. Cuando así ocurría, Sendero respondía de la misma manera y el grupo Colina replicaba con igual ferocidad. Se registró una espiral de violencia extrema que las estadísticas de la época reflejaron nítidamente: en los siete primeros meses de 1992 explotaron en la capital peruana alrededor de cuatro mil kilos de dinamita, que convirtieron a Lima en una ciudad arrasada.

El terrorismo de Estado contribuyó, tanto como los pavorosos crímenes de Sendero Luminoso, a generar en el Perú de los noventa la cultura del miedo, de convivir con los desaparecidos, con los coches bombas en calles llenas de gente, con los mutilados y torturados. En suma, en un país que parecía condenado a la autodestrucción. Esta respuesta al terror es, por eso, inmoral e inaceptable en una sociedad democrática. La mejor demostración de que esto no funcionó en el Perú, como no está funcionando en la guerra sin cuartel que Estados Unidos de Norteamérica le ha declarado al fundamentalismo islámico, es que la captura de Abimael Guzmán y casi todo su Comité Central fue obra de un grupo de policías dirigido por el coronel Benedicto Jiménez Baca. El Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que sin torturas ni asesinatos, sino aplicando lo que ellos llamaron la “inteligencia policial operativa”, arrestaron sin disparar un tiro al monstruo Guzmán. Sólo hizo falta aplicar métodos modernos de rastreo electrónico, seguimiento paciente y organizado de sospechosos, análisis científico de evidencias e interrogatorios sin tortura, más bien con mucha información. Fue una operación decisiva que quebró al mesiánico Sendero Luminoso y precipitó su desintegración. Por el contrario, el escuadrón clandestino “Colina”, creado en el seno del Ejército peruano bajo los conceptos de esta guerra sucia, no capturó a ningún miembro de la cúpula terrorista.

En países como Colombia y Perú, donde el terrorismo, venga de donde venga, ya ha causado demasiado dolor, los “pragmáticos” dirán sin vergüenza que no existe otra manera de combatir la bestialidad terrorista. Pero la incontrastable realidad en el mundo de hoy, en Irak, en Medio Oriente o en las selvas colombianas, muestra que ninguna guerra de aquellas ha logrado liquidar al terrorismo, esa muestra inequívoca de enajenación mental. Y ya van varias, muchas, y el terrorismo persiste, crece y se aviva. En esta parte del mundo reaparece mutado en narcoterrorismo, disfrazado de guerrillero.      

El olvido que seremos

El juicio a Fujimori también está exhibiendo a testigos víctimas de amnesias repentinas, militares que ahora dicen no sabían nada mientras comandaban unidades operativas en el Ejército y hasta periodistas que de villanos pasan a héroes o viceversa. Uno de ellos es Umberto Jara, un abogado inteligente que dejó de litigar para entregarse de lleno al oficio del periodismo. De experimentado editor de revistas culturales, económicas y hasta deportivas y habiendo ganado cierto prestigio profesional en la dirección del principal programa político de la televisión peruana, Jara, por alguna extraña razón, que probablemente se encuentre en lo más íntimo de su psicología, se convirtió en operador y asesor en la sombra de las peores patrañas mediáticas de la dictadura cuando el escándalo de corrupción y fraude electoral ahogaba al régimen a finales de los noventa. Caída la dictadura, Jara el sucio, decidió limpiarse. Y lo hizo investigando a fondo la llamada guerra clandestina contra el terrorismo. En su investigación, el penitente periodista se encontró con un decepcionado y abandonado Santiago Enrique Martín Rivas, el jefe operativo del escuadrón Colina. De protegidos, al grado de hacerles una ley de amnistía cuando fueron descubiertos por la prensa independiente en la mitad de la década del noventa, los militares del escuadrón Colina pasaron a la orfandad cuando cayó el régimen. A ese abandono se sumó la decepción que sintieron al descubrir que su máximo jefe castrense, el general Nicolás Hermoza, el que les exigía cumplir su misión en nombre de la patria, tenía más de 22 millones de dólares depositados en cuentas de bancos suizos.

A Vladimiro Montesinos, el tenebroso jefe del servicio secreto de Fujimori, ya le habían descubierto muchísimo más dinero de la corrupción en cuentas a nombre de terceros en Suiza, Miami, Panamá y en paraísos financieros del Caribe. Cuenta Jara que hubo otro hecho concluyente que terminó por convencer a Santiago Martín para que le contara todo lo que sabía del grupo Colina. Fue la publicación del video que registró a toda la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas peruanas firmando una humillante Acta de Sujeción ante Vladimiro Montesinos, un ex capitán expulsado del Ejército por espionaje y traición. Jara logró registrar en audio y video varias de las entrevistas que le hizo en la clandestinidad al Mayor Santiago Martín Rivas con explosivas revelaciones que comprometen a Fujimori en las matanzas del escuadrón de la muerte. Esas entrevistas se han convertido en testimonios de cargo contra Fujimori, aunque el ex jefe del grupo Colina ahora quiere negar sus propias palabras. En el juicio ha llegado a decir que las entrevistas grabadas por Jara sólo eran ensayos para defender su inocencia. El periodista ha replicado en el mismo proceso que nadie ensaya su culpabilidad. La investigación de Jara terminó en el libro “Ojo por Ojo” que ha vendido casi treinta mil copias en dos ediciones.

Otro es el caso del periodista Ricardo Uceda, quizá el hombre de prensa que más hizo para descubrir las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Uceda, autor de otro best seller titulado “Muerte en el pentagonito”, ha ido como testigo al juicio de Fujimori y ha dicho que, según sus averiguaciones, a él casi le consta que el ex presidente no sabía lo que hacían Martín Rivas y sus hombres. Con esto Uceda se ha ganado la bilis de colegas y políticos opositores a Fujimori. Él sostiene que sólo expuso los hallazgos de su investigación periodística aunque éstos sean políticamente incorrectos. Eso enaltecería aún más su labor. Sus detractores ya se han adelantado a escribir que parece que a Uceda le hubieran lavado la cabeza con champú para rubias, en alusión a su actual pareja, la hija de Efraín Goldebenberg, un ex ministro y hombre de confianza de Fujimori. El tiempo lo dirá. Mientras tanto el juicio continúa con sorpresas diarias. Hace poco fue capturado en Lima Jesús Sosa Saavedra, el último de los Colina prófugo, el más sanguinario de ellos, apodado “kerosene” porque incineraba los cadáveres de los asesinados. Un hombre que tendrá mucho que decir, aún cuando se ha apresurado en declarar a la prensa a favor de Fujimori.

Por lo pronto, el Fiscal Supremo ha pedido para Alberto Fujimori, por su responsabilidad en las matanzas colectivas de Barrios Altos y La Cantuta, treinta años de cárcel. Otro tribunal peruano acaba de sentenciar a 35 años de prisión por la matanza de La Cantuta al general del Ejército Julio Salazar Monroe, jefe nominal del Servicio de Inteligencia que en la práctica controlaba Montesinos. Una señal para Fujimori.

El extraditado ex presidente peruano no puede ser juzgado por todos los delitos, faltas y agravios que se le achacan en diez años de gobierno autoritario; sólo por aquellos que la Corte Suprema de Chile admitió en la sentencia que lo llevó de vuelta a Lima. Pero ese puñado de asesinatos, tráficos y violaciones a los derechos humanos son suficientes para que pase un largo tiempo en la cárcel. El daño que Fujimori le hizo al Perú es mucho más grande e inconmensurable. Lo resumió muy bien el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, Salomón Lerner Febres, en una entrevista con el diario La República de Lima: “Él defenestró todos los poderes del Estado, compró la conciencia de los medios de comunicación, de políticos, de empresarios, de las Fuerzas Armadas; envenenó la conciencia y la cabeza del hombre común y corriente a través de los diarios amarillos que salpicaban porquería sobre el honor de las personas; degradó moralmente al país. Fujimori es mucho más culpable de todo por lo hoy se le acusa”. La historia ya lo juzgó.

* Periodista peruano