“Salí para Montería dejando atrás la tragedia que produce una masacre y con una familia incompleta, pues parí diez hijos y la guerra me los descompletó”. *

Ganadora del premio a Mujer Cafam en el 2004, María Zabala es una incesante luchadora por las mujeres madres cabeza de familia con las que  trabaja fuertemente en su  finca de “Valle Encantado”, Montería; todas ellas son mujeres campesinas desplazadas.

Por María Elsy Sandoval**

maelsasa2000@yahoo.com

María Zabala lleva hoy a cuestas  la tragedia del desplazamiento, el dolor de haber perdido a su esposo, su hijo, dos familiares de su esposo y una  deuda de $120 millones de pesos de la finca “Valle Encantado” en donde vive con 15 mujeres más y sus familias.

María cuenta con voz serena que un día llegaron a su finca faltando diez para la seis de la mañana unos hombres encapuchados; su esposo se estaba bañando y preguntaron por él, inmediatamente salió a ver qué pasaba y lo empezaron a interrogar; desde donde ella estaba no alcanzaba a escuchar qué era lo que esos hombres preguntaban, su esposo se veía molesto. Sin mediar más palabras  los encapuchados procedieron a matar a los muchachos, después a su esposo y al tío de su esposo y quemaron la casa con los cuerpos de su hijo, el tío de su esposo y el hijo del tío de su esposo adentro, el único cuerpo que no quemaron fue el de su esposo. A las mujeres las tenían aisladas.

“Nos tocó salir con lo que teníamos puesto sin nada más; me fui a vivir a Montería, allí en una casita que tenía empecé a albergar a mujeres desplazadas, con ellas y con otras de barrios subnormales como los llaman creé una junta de Acción Comunal, validé mi primaria y seguimos trabajando. Un día escuché que los indígenas estaban organizándose para adquirir tierra para el retorno, y les dije a las mujeres que hiciéramos lo mismo pues ya estábamos organizadas. Con un grupo de 27 mujeres de las cuales quedaron 15 empezamos a buscar una finca; encontramos una cerca de Montería; el antiguo Incora nos financió el 70% y el otro 30% nos lo financió la Caja Agraria y  esa es la deuda que tenemos hoy de 120 % millones de pesos.

La reparación no existe, dice María Zabala; las vidas humanas no tienen reparación. Si bien todas las que vivimos en la finca teníamos nuestra tierra, la perdimos  y lo que tenemos hoy no es regalado, nos ha tocado trabajarla; yo por lo menos no tengo paz porque hay que pagarla y los intereses van corriendo cada mes, no es justo conmigo ni con las mujeres que vivimos en “Valle Encantado”. Si bien la guerra me arrebató muchas cosas me dejó algo importante, la vida para seguir luchando por el bienestar de mis hijos y por esa finca”.

Escuchando historias como estas queda  demostrado que  nuestro  país está lleno de personas que nos caemos y nos levantamos con una facilidad increíble; esta es una cualidad que de alguna manera caracteriza a las y los colombianos y nos da un poder de resiliencia, que es la capacidad que tienen las personas de hacer las cosas bien pese a las condiciones de vida adversas, de superar las frustraciones y salir de ellas fortalecidas o incluso transformadas; en otros términos recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva para sí y para la sociedad en la que está inserta. Esto es digno de  seres humanos capaces de construir sobre las cenizas de un país que se desangra poco a poco,  pero que no claudica ante la posibilidad de una paz lejana que algún día ha de llegar. Siempre estamos mirando un horizonte donde podamos hacer una vida nueva con la fuerza que siempre nos ha determinado. Las circunstancias adversas y contradictorias han estado en la vida de los colombianos por muchas décadas y hemos sobrevivido con ellas hasta hoy.

No podemos desconocer que así como hemos venido caminando  y transformando la historia, hemos ido dejando trozos de ella en lo más recóndito  de nuestro ser, como queriendo no hacerla parte de nuestro presente. Desde lo colectivo y lo individual nos hemos convertido en una sociedad amnésica que históricamente  se ha valido del olvido para no vivir con un pasado trágico que siempre nos acompaña.

Nadie sabe qué pasará mañana ante un panorama incierto en Colombia, que sólo deja ver algunos visos del acontecer nacional y que nos obliga a tomar del contexto elementos de gran valor significativo que nos ayuden a visualizar de alguna manera ese futuro que hoy queremos saber, y  desechar ese ayer que nos ha marcado la ruta de los días venideros.

Ante los acontecimientos, tal como se ve, la recuperación de la memoria histórica se erige hoy por hoy como un elemento socio cultural nacido del seno de la sociedad civil, como una herramienta que apunta a no dejar en el olvido ese pasado violento que hemos vivido  a causa de una guerra sin cuartel entre grupos armados al margen de la ley, y donde la sociedad ha llevado la peor parte. El desconocimiento de nuestra historia va no sólo más allá de estar condenados a repetirla, sino que provoca, dice José María Pedreño “la falta de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro presente”.

La memoria debe ser ante todo un derecho de todos los colombianos y colombianas y ella  nos va a permitir mirar, como en un espejo retrovisor, las acciones del pasado para tener en el contexto actual otra actitud frente a la vida y otras prácticas que develen el camino que nos permita alcanzar una verdad histórica con justicia y reparación. La memoria histórica es  una herramienta que nos concede dotarnos de los elementos necesarios en contra de la violación de los derechos humanos, camino a la construcción de una verdadera democracia, a la lucha contra la impunidad, el olvido y el establecimiento de un orden social con un panorama mucho más claro para todos.

“El desplazamiento es una cosa muy dura; mi esposo tenía su trabajo fijo como administrador de una finca, económicamente estábamos bien, hasta que llegaron las amenazas a los dueños de la finca y por ahí mismo a mi esposo. Nos tocó salir huyendo sin nada, primero yo me vine para Bogotá con mis cuatro hijos y después se vino mi esposo. Aparte de que nos tocó comenzar de ceros y vivir en unas condiciones precarias, hemos tenido que sufrir la  indiferencia del gobierno y la estigmatización de la gente por saber que somos desplazados”.

Para Sandra Janeth no ha sido fácil adaptarse a una ciudad que no es la suya, menos para sus cuatro hijos y su esposo que estaba acostumbrado a trabajar de cinco de la mañana a ocho de la noche; hoy debido al desplazamiento tiene que sobrevivir vendiendo empanadas y con una enfermedad a cuestas producto de la angustia y la zozobra.

“Cuando uno pierde todo lo material pero no la vida hay posibilidad de recuperarse, pero lo que nos pasa a causa de la violencia en este país no tiene ningún tipo de reparación, pueda que sea compensación, pero reparación jamás, ya el daño está hecho. Para mí en un país como éste la reparación es que la gente recuerde todo lo que pasa para que nuestros hijos sepan qué país están heredando y no repitan los hechos violentos. Yo sí quisiera que me recordaran como una mujer berraca y que no se olvidaran de mí ni de los muertos y víctimas que ha dejado esta guerra, esa es una buena manera para que un país no olvide y tenga memoria.”

En la recuperación de la memoria no cabe la palabra “olvido”, por eso lo simbólico es parte de este proceso,  el cual demanda una serie de acciones sociales, individuales y colectivas que deben acompañarse necesariamente de la justicia; deben ser de público conocimiento la verdad y los delitos cometidos contra las víctimas como un derecho legítimo que les asiste como seres humanos en contra de la perpetuación de la impunidad. Por eso la  Fundación Rayuela ha iniciado acciones de orden político-cultural apoyada por más de treinta organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Una muestra de este tipo de acciones fue el Acto Simbólico realizado el 10 de diciembre de 2006 en Bogotá, para buscar la verdad, la justicia y la reparación integral para las victimas. El  monumento  por la dignidad y la memoria Nunca más constó de una instalación que se hizo con sillas blancas, y al frente un ladrillo pintado de blanco, simulando una lápida con el nombre de la víctima y el lugar de los acontecimientos; cada una de las sillas fue ocupada por una mujer que llevaba puesta una camiseta blanca con un letrero de  Nunca más,  un velo negro, un crucifijo y una sombrilla negra. 

La acción  se realizó desde la plaza de Bolívar hasta el Parque de la 93 con la participación de aproximadamente 3.000 mujeres  y hombres que se desplazaron desde diferentes regiones del país. Todo esto se hizo con el fin de sensibilizar a las ciudadanas y ciudadanos acerca del valor de los derechos humanos y la pertinencia de nuestro derecho personal y colectivo a la verdad, la justicia, la reparación integral y la reconciliación.

Convencidos de que  acciones como esta dejan un gran aprendizaje y producen un gran impacto, se ha propuesto seguir realizando estas jornadas el día 10 de cada mes al frente del Congreso de la República y el  9 de septiembre en conmemoración del día Nacional de los Derechos Humanos.

La memoria histórica debe llevarnos a comprender una guerra que históricamente ha causado destrucción y muerte, y estos hechos deben ser conocidos para que se haga justicia; debe servir como referente en la lucha que hoy libramos en la defensa de los derechos humanos, contra la impunidad y por una verdadera justicia social que conduzca a una verdad que obligatoriamente debemos conocer.   

El derecho a la memoria tiene que ver también con saber la verdad de lo sucedido a través del tiempo. Esta sólo puede ser esclarecida hurgando en los  acontecimientos que hoy hacen parte de la historia violenta que hemos vivido por generaciones, y que ha dejado millares de víctimas y sobrevivientes de múltiples violencias, violaciones de los derechos humanos y  crímenes de lesa humanidad, pero que deben ser retomados necesariamente para esclarecer la verdad; que contemple la necesidad de castigar a  los culpables apelando a lo simbólico, pero también a la justicia desde las instancias internacionales, por ejemplo la Corte Penal Internacional,  las leyes nacionales y a las autoridades, quienes están obligadas a judicializar a los autores de crímenes para ganarle la partida a la impunidad .

La insistencia y  la persistencia fueron las herramientas más fuertes de Fabiola Lalinde para encontrar a su hijo Luis Fernando, desaparecido en la vereda  Verdún en Jardín, Antioquia. Doña Fabiola confirmó con los campesinos  quienes conocían a Luis Fernando y le contaron la historia de que su hijo había sido detenido y torturado; ella no entendía por qué las autoridades negaban  conocerlo y decían que no era Luis Fernando  sino  un NN que habían dejado tirado en un monte como alias “Jacinto”; eso  le hizo suponer que algo pasaba y que su hijo Luis Fernando estaba en manos del ejército. “En ese tiempo yo no sabía de la desaparición forzada, pensaba que mi hijo estaba en algún lugar o detenido.”

Por una organización que se estaba creando en 1982, Fabiola Lalinde se enteró que su caso no era el único, pues por esa época habían desaparecido muchos estudiantes universitarios. Ella supo que Luis Fernando estuvo en manos del ejército y se dirigió a la VIII Brigada de Armenia, ese mismo día se hizo la  exhumación del  cadáver de su hijo pero nadie se lo dijo, sabiendo que ella tenía derecho a estar en la exhumación para saber si alias “Jacinto” era Luis Fernando. Un mes después se enteró y pidió explicación y le dijeron que no lo habían podido identificar porque faltaban los cotejos de los dedos y que lo habían vuelto a dejar en el mismo sitio. Pero, como cosa rara, a todos se les olvidó el sito donde lo habían dejado.

Como nadie daba razón de su hijo, Fabiola Lalinde decidió llamar a su acción “Operación Sirirí” como un sinónimo de insistencia y persistencia. El Sirirí es un ave muy pequeña que persigue a los gavilanes  que se llevan sus polluelos. “En ese momento tocaba empezar a hacer presión para que se repitiera la exhumación porque era vital para conocer la verdad”, gracias a un cambio de juez y al interés de éste, que no entendía por qué no se había realizado la exhumación,  se logró hacer la diligencia.

“Yo no estoy buscando solo un puñado de huesos, yo necesito que él tenga su ceremonia y rescatarle su identidad y su dignidad de ser humano; el perdón no es algo que se tira en avioneta. Para mí la verdad es fundamental esto fue lo que me movió a buscar los restos de mi hijo. Este país no se ha derrumbado porque lo sostiene la frágil humanidad de las mujeres.”

Hay que reconocer que hoy tenemos una herramienta como lo es la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), derivada de la Ley 975 de 2005 denominada Ley de Justicia y Paz. Nacida entre otras cosas para garantizar a las víctimas el derecho que les asiste como tales a tener verdad, justicia y reparación, hacer seguimiento y verificación  a los  procesos de reincorporación y desmovilización de los grupos al margen de la ley y a vigilar que las autoridades asuman y cumplan con las responsabilidades que tienen en este proceso, entre otras de sus funciones.

De hecho la CNRR no está creada con los mismos propósitos de una Comisión de la Verdad, ésta última  es  un organismo de investigación creado para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A nivel mundial se han impulsado muchas comisiones oficiales y no oficiales. Tenemos el caso de Argentina, Chile, El Salvador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Sudáfrica y así se pueden contar más de treinta Comisiones de la Verdad.  España ha ido más allá  con el gobierno de Rodríguez Zapatero, el cual propone una Ley de la Memoria, para esclarecer la verdad y hacer justicia con las víctimas del régimen franquista.  La mencionada ley,  al igual que la Ley de Justicia y Paz en Colombia, tiene sus detractores. Los españoles creen que debe contener unos elementos claves para que haya justicia, como una  obligación del Estado de restaurar la memoria histórica desde el ámbito jurídico y la máxima disponibilidad para la recuperación de los cuerpos.

 Así pues, la ley hace parte de un ingrediente como lo social e ideológico que nos permite ahondar más en el concepto y la importancia para las víctimas de la memoria histórica; estos son un componente vital en la reconstrucción y la recuperación de los valores de un país que busca restablecer una democracia resquebrajada, articulada con una justicia social, que permita que todos y todas como ciudadanos, creamos y confiemos en las instituciones, en un sistema político y judicial que respalda y defiende sus derechos.

Los procesos de Verdad, Justicia, Reparación y Recuperación de la memoria histórica, mantiene vivas las esperanzas de quienes han sido víctimas. Esta es una lucha constante que no se agota en la exigencia de acciones como  la búsqueda exhaustiva de los desaparecidos, de recuperar el cadáver del ser querido, de que el victimario confiese sus delitos, de actos simbólicos y de la denuncia. Este proceso va acompañado de otros mecanismos que pasan por una conciencia social compuesta de otros instrumentos que nos llevaran a una  recuperación de la memoria histórica.

* Algunos de los testimonios que aparecen en este texto fueron tomados del video “Mujeres en pos de Verdad, Justicia y Reparación” de IMP.

** Comunicadora Social y periodista.