La Encuesta Nacional Ciudadanía y Conflicto en Colombia, realizada el pasado mes de diciembre y publicada el 28 de febrero, registra una percepción pesimista sobre los avances de la desmovilización en todos sus aspectos. El colombiano medio que  refleja la investigación piensa que se dio alguna entrega  de armas y leve disminución de homicidios y violencia contra la población, pero que por lo demás poco o nada ha sucedido. La incredulidad es mayor en temas como la reparación de las víctimas, sanciones por hechos criminales, desmonte de la actividad armada, de la infiltración en el Estado y entrega de tierras y otros bienes mal habidos.

Por Camilo González Posso*

camilo@indepaz.org.co

A la pregunta sobre entrega de armas, el 31,8% de las encuestas de hogar indican que mucho y 64,2% poco o nada. En este tema como en otros las mujeres son más cautas al opinar: el 49% afirma que poco o nada se ha entregado de armas, frente a 59% en los hombres. También hay diferencia por regiones y tamaño de ciudades. En la Costa Atlántica el 41% afirma que se registró mucha entrega de armas, mientras que en la zona occidental la credibilidad de esa entrega es apenas de 20,8%. La  falta de credibilidad es notable en las grandes ciudades donde el 59,3% de los encuestados no percibe entrega de armas frente al 44,8% de las pequeñas cabeceras de municipios rurales.

¿Qué ha permitido el proceso de desmovilización?

En la lista de temas preguntados se observa que se percibe poco o nada de sanción a los responsables de hechos criminales (70,3%), reparación a las víctimas (68,7%) o desmonte del narcotráfico (66,7%).  En lo relativo a la disminución de homicidios se observa la diversidad de opiniones en la coexistencia del más alto  registro negativo (30,90%) con el segundo lugar  (17,8%),  entre las frecuencias que califican de mucho.

Una constante visible es el porcentaje mayor de las respuestas negativas en las grandes ciudades e intermedias frente a las pequeñas.

En estas últimas se tienen los más altos registros en la opción “no sabe” con 30% en promedio y al mismo tiempo desviaciones positivas con respecto al conjunto de respuestas sobre mucho y desviaciones negativas cuando se trata de poco o nada en los aportes de la desmovilización de las Auc/paras.

La percepción que tienen los  colombianos sobre los avances de la desmovilización de las Auc/paras se observa también en otras preguntas. La negociación con las Auc figura como una de las políticas más conocidas de la administración de Álvaro Uribe Vélez, al lado de las fumigaciones y del  Plan Colombia. El 45,3% de quienes dicen conocer la negociación con autodefensas la considera útil, que es un porcentaje inferior al asignado a casi todos los programas gubernamentales, salvo las fumigaciones o una posible negociación con las Farc o el Eln.

La desconfianza con el proceso de desmovilización se traslada a los desmovilizados. La disposición de los encuestados a recibir en su vecindario a un ex para mueve al 44,3%, mientras que el 80,3% expresó aceptación de un desplazado en su vecindario. Si se trata de vinculación a una empresa la disposición es menor y vincula al 39% de los encuestados. Llama la atención que, tanto en 2005 como en 2006, la aceptación de ex guerrilleros en el entorno cotidiano de la población sea menor que el de los paras, especialmente en pequeños municipios y que la tendencia entre las dos encuestas realizadas, una en 2005 y otra en 2006, sea al deterioro de la aceptación de reinsertados de cualquier grupo.

Las mujeres encuestadas muestran niveles de resistencia a acciones de apoyo a los desmovilizados que superan a los hombres. El 41,3% de las mujeres que respondieron aceptaría a un reinsertado de las Auc en su vecindario y 37,1% considera positiva la vinculación de uno de ellos a una empresa, en cambio los porcentajes si se trata de respuesta masculina son 47,5 % y 37,6% respectivamente.

La resistencia de la población frente a los desmovilizados se refleja también en las prioridades de políticas para los próximos cuatro años.  La opción de “perdón a delitos graves” figura como última opción con la peor calificación y es descartada en mayor medida en el 2006  cuando tiene 1,98 de prioridad en una escala de 1 a 5  frente al  2005 cuando registró 2,13. Esta baja  disposición y tendencia al deterioro se refiere también a la guerrilla y se acompaña de alta prioridad de la exigencia de “sanción  a los autores de graves violaciones” (4,45 en escala de 1 a 5 en diciembre de 2006).

Prioridades para buscar la paz en Colombia

Estos datos sobre la forma de representación que tienen los colombianos del proceso de desmovilización de las Auc/paras  reflejan el amplio debate que se ha promovido en los medios de comunicación, percepciones directas por hechos en los municipios y regiones y documentación ofrecida por entidades autorizadas.

Sobre el tema de las armas hay concordancia entre los resultados de la encuesta y el Octavo informe del Secretario General de la OEA al Consejo Permanente de ese organismo interamericano que ha destacado una misión verificadora a Colombia, la MAPP/OEA.

Según el informe presentado el pasado 14 de febrero, “en sus labores de verificación, la  MAPP/OEA ha identificado violaciones a los compromisos de desmovilización así como de desarticulación y desmonte de la estructura militar. La misión observa con preocupación situaciones de posibles rearmes, reductos no desmovilizados y la aparición de otros grupos armados, (…). La Mapp/OEA  ha identificado 22 estructuras en las cuales se encuentra la participación de mandos medios – desmovilizados o no–, el reclutamiento de excombatientes de las autodefensas y el control de economías ilícitas”. En lo relativo a la entrega de armas la Mapp/OEA anota que “el descubrimiento, por parte de la fuerza pública, de algunas caletas (depósitos clandestinos) de armas no entregadas por algunos bloques de Auc desmovilizados, alerta y preocupa a la misión”. Y anota que las informaciones de la fuerza pública y de sus verificadores dan cuenta de hallazgos de rearme y caletas en 17 departamentos y en áreas de influencia de los bloques paramilitares más grandes.

A esa información se agregan otras que ayudan a entender la mirada escéptica o pesimista de la mayoría de los encuestados. Según la OEA los jefes de las Auc, como Vicente Castaño, “HH”, “Cuchillo”, “Memin”, “Mojana” y “Mellizo”,  que se desmovilizaron pero que hoy se niegan a acogerse a la orden de reclusión y se encuentran prófugos o en rebeldía, agrupaban más de 4.800 efectivos. No son extrañas las suposiciones de que muchos de ellos, sobre todo los mandos medios, están retomando viejas estructuras y entrando en contacto con los que no se desmovilizaron y mantienen fuertes grupos armados. Mancuso ha advertido que los no desmovilizados llegan a 5.000 efectivos y fuentes oficiales dan cuenta de 72 grupos entre remanentes de los desmovilizados, no desmovilizados y removilizados que actúan en cerca de 250 municipios de Colombia con más de 7.500 integrantes en grupos armados irregulares llamados por las autoridades “bandas criminales emergentes”. Todas ellas actúan en áreas de anterior influencia de los desmovilizados y en modalidades de presencia y negocios similares.

No resulta extraña la opinión que se muestra en la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana desde la Cotidianidad:

Sólo 14,1% cree que se ha dado entrega de tierras.

Sólo 14,0% cree que se ha dado desmonte de infiltración en el Estado

Solo 15,3% cree que se han desmontado las redes del narcotráfico manejadas por las Auc/paras que se desmovilizaron.

Sólo 16,6% cree que se ha dado mucho aporte a la verdad sobre los actos de violencia cometidos por los desmovilizados.

* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Magíster en Economía.