A pesar de los intentos por generar procesos de paz y de los efectos que la negociación con grupos paramilitares ha tenido en la disminución de tasas de homicidio, secuestros, tomas armadas de población, Colombia enfrenta el peligro de una prolongación del conflicto armado en razón al gran peso que sigue teniendo el narcotráfico como fuente de financiación de la guerra. Este hecho explica también cómo a pesar de los buenos indicadores en materia de acciones antidroga, el narcotráfico sigue fortalecido. El manejo de la relación drogas y conflicto armado se constituye, pues, en uno de los principales retos que enfrenta la construcción de paz.

Por Ricardo Vargas M. *

rivarme@cable.net.co

El informe 2006 sobre drogas del Departamento de Estado de EU (International Narcotics Control Strategy Report 2006, Released by the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, March 2006, Washington), calificó el 2005 como el año récord en erradicación de la hoja de coca en Colombia, al totalizar 138.775 hectáreas fumigadas. A estas se deben agregar 31.285 erradicadas manualmente, para un gran total de 170.000 hectáreas. Sin embargo, al tomar como indicador determinante el número de hectáreas en producción, el resultado es desalentador. En efecto, el boletín de la Oficina de Drogas de Estados Unidos (EU), Ondcp (por sus siglas en inglés) de mediados de abril de 2006, arrojó un incremento de 30.000 hectáreas de hoja de coca en el 2005, frente al área existente en el 2004, esto es, un alza del 26%, totalizando 144.000 has.

Pero también el 2005 fue un año récord en interdicción, al ser capturadas 223 toneladas métricas de cocaína y de pasta básica de cocaína PBC. Así mismo, este exitoso cuadro de las acciones de fuerza se complementa con la extradición de 304 colombianos. En resumen, Colombia adelantó durante el 2005 con la mayor eficiencia, las tareas básicas antidrogas que buscan contener su auge en los territorios en donde se origina el circuito ilegal. Sin embargo, los resultados finales no reflejan este aparente éxito. 

Las aspersiones aéreas contra la coca han tenido dos fases: un primer momento se produjo hacia 1994 cuando se dio inicio a las fumigaciones de coca,  dinámica que va hasta 1999, período en el cual el crecimiento de áreas fue incontenible frente a una dinámica constante de fumigaciones. El segundo momento se inicia  a partir del 2000, año en el cual se implementa la más grande estrategia con el Plan Colombia, el cual buscaba romper el círculo vicioso de mayores resiembras frente a la velocidad e intensidad de las fumigaciones, todo esto con un costo que sobrepasó en cinco años, los 4 mil millones de dólares. Hoy en día estamos en la fase final de esta segunda etapa y el inicio de una nueva, por tanto, el balance es mucho más revelador sobre los aciertos o fracasos de la estrategia. Como se observa en el cuadro No.1, el cual toma como base la información del Departamento de Estado, los indicadores finales no dan muestra de una ganancia para la estrategia implementada.

Erradicación de Cultivos Ilícitos-Auditoria PECIG. Marzo 2005.

Fuente: Dirección Antinarcóticos-Policía Nacional

En efecto, solo durante los años 2002 y 2003 se pueden observar efectos coyunturales de reducción de áreas de coca (ver columna “Disminución efectiva”). Esto se debió a la alta concentración de la coca en Putumayo (cerca de un 45% del área nacional en el 2001), lo cual facilitó los operativos y unos logros efímeros de reducción de áreas. Entre el 2003 y el 2004, las dinámicas de cambios en las zonas productoras hicieron estéril la continuidad de las acciones: los cultivos hicieron metástasis involucrando 23 departamentos en lugar de 12 que existían al comienzo del Plan Colombia; se hicieron selecciones naturales de aquella coca que resistió la fumigación; se introdujeron nuevas variedades (por lo menos 15 sobre todo bolivianas), que modificaron los rendimientos de PBC por arroba de hoja de coca y se dispararon las siembras en las áreas más inhóspitas y de difícil detección y control.

Hoy en día, los principales obstáculos que enfrenta la guerra contra las drogas en Colombia son:

• La economía de las drogas se ha incorporado a la guerra interna como su principal fuente de financiación. Por un lado las guerrillas controlan el comercio de PBC en las zonas productoras (se calcula un 60% de las zonas cocaleras) constituyéndose principalmente en intermediarios del capital del narcotráfico y los productores. Estos grupos obtienen un promedio de US200 y US250 por kilo de pasta básica como prima de intermediación. Adicionalmente cobran impuestos de seguridad por la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína en sus zonas de influencia, por pistas de transporte y por trasiego de insumos para procesar PBC o cocaína. En el contexto de esa relación, las guerrillas han entrado en contacto con organizaciones internacionales dedicadas a diferentes actividades ilegales. No obstante, resulta un error considerar a organizaciones como las Farc un cartel que ha sustituido a las antiguos grupos de narcotraficantes. Esta sindicación, como lo ha hecho el Departamento de Estado, acarrea otro obstáculo a las perspectivas de paz.

                                           Erradicación de Cultivos Ilícitos-Auditoria PECIG. Marzo 2005.

                                               Fuente: Dirección Antinarcóticos-Policía Nacional

De otro lado, los grupos paramilitares han tenido una relación estrecha con narcotraficantes colombianos a través de la prestación de servicios de seguridad, o han configurado una simbiosis dentro de la cual jefes paramilitares se han involucrado directamente en narcotráfico, actividad que se ha facilitado por el control de territorios de zonas estratégicas para la instalación de laboratorios de procesamiento, ubicación de pistas aéreas, manejo de rutas internacionales que conectan con el Mar Caribe o el Océano Pacífico.

La principal característica de este sector, es que adicionalmente han adelantado una dinámica muy fuerte de lavado de activos a través de la compra o adquisición de tierras (se calcula en 4 millones de hectáreas, según cifras de la Contraloría General de la República), proceso que, además de la crisis humanitaria producida por el desplazamiento forzoso y la muerte de pobladores y dirigentes indígenas, campesinos, de comunidades negras, ha generado serios impactos en la gobernabilidad local y regional de las zonas donde se concentra su poder. En efecto, la dinámica política municipal resulta afectada o controlada por estas fuerzas que hoy buscan legalizar la gran acumulación económica facilitada por su vínculo como fuerza contrainsurgente, recursos que se orientan principalmente hacia a su incorporación en actividades rentísticas o de baja incidencia en la generación de empleo productivo y con una baja tributación al Estado.

Adicionalmente, están emergiendo nuevos núcleos de organizaciones ilegales provenientes del paramilitarismo desmovilizado, que buscan prolongar o acceder al control de relaciones, rutas, vínculos asociados al negocio de las drogas y otras actividades ilegales. Estos núcleos, en contextos de debilidad de la soberanía y legitimidad estatal por acción u omisión de sus instituciones, pueden llegar a constituirse en verdaderos obstáculos a la consolidación de la paz y la vigencia del estado social de derecho.

Otras dificultades que enfrenta la estrategia antidrogas son:

• El poder del narcotráfico crece en el contexto de la región andina, Centroamérica y el Cono Sur. Cifras de incautaciones de drogas revelan un incremento de casos de contrabando hacia Europa (uso de vía marítima y aérea) por Venezuela, en un contexto de mutua desconfianza entre Washington y Caracas. En el Cono Sur se observa un mayor involucramiento de Paraguay y la triple frontera con incrementos de contrabando hacia Brasil y Argentina. En el caso del Caribe y Centroamérica, se percibe una mayor participación de El Salvador y Guatemala, la cual sirve de puente a los poderosos carteles mexicanos para su acceso al mercado de EU.

• En las acciones de interdicción existen fallas de la capacidad de las aeronaves que vigilan el espacio aéreo. De acuerdo con la General Accounting Office GAO (“Drug Control: Air Bridge Denial Program in Colombia has implemented new safeguards, but its effect on drug traffiking is not clear”), en su informe de septiembre de 2005 sobre este tema, se han invertido, entre el 2002 y el 2005, 68.4 millones de dólares para esta estructura de control, sin embargo, la descoordinación de los organismos de seguridad  junto con el incremento de los sobrevuelos de las aeronaves sospechosas en las áreas fronterizas, hace que finalmente la mayoría de aeronaves logren escapar. Más aún, existen algunos datos que muestran indicios de que la debilidad en el control aéreo es aprovechada por grupos de narcotraficantes que operan desde las zonas controladas por los paramilitares en el norte de Colombia. Hacia finales del 2005, la Fuerza Aérea colombiana denunció el crecimiento del uso de pistas clandestinas ubicadas en fincas, zonas inhóspitas, pueblos alejados y potreros en los departamentos de La Guajira, Sucre, Córdoba y Sur de Bolívar. Si bien ha habido una mejora en el control aéreo de la frontera con Brasil (sobre todo en la zona de Vaupés), se ha incrementado el uso de la Costa Atlántica. Esta denuncia fue hecha por el subdirector de Defensa de la Fuerza Aérea colombiana en el marco de la XV reunión de jefes de organismos encargados de combatir el narcotráfico en América Latina y el Caribe, reunida en Cartagena del  17 al 21 de octubre de 2005.

• De otro lado, el incremento de las acciones de control en el mar territorial colombiano, en el Océano Pacífico, está generando un veloz aumento del uso de las costas de Ecuador para el embarque de drogas, situación que se constata en el volumen de las drogas incautadas en ese país entre el 2004 y el 2005, al pasar de 5.6 toneladas a cerca de 45 toneladas, respectivamente.  

• En cuanto al Desarrollo Alternativo (DA), se observa una notoria irracionalidad en la distribución presupuestal, a nivel departamental, de los recursos de desarrollo alternativo dentro de Colombia. Los departamentos más fumigados como Caquetá, Guaviare y Nariño no están teniendo acceso a los recursos del DA. A estas dificultades se suma la prolongación del conflicto y el poder de control territorial de los grupos armados, tanto guerrillas como nuevos grupos de paramilitares que buscan seguir controlando áreas productoras y usando rutas y conexiones internacionales que se obtuvieron en los últimos diez años.

La irracionalidad en las fumigaciones continúa afectando programas de desarrollo alternativo como en el caso de la cooperativa de caficultores de café orgánico en el Cauca, Cosurca, programa de desarrollo alternativo apoyado por Usaid y Unodc, el cual fue fumigado en mayo/junio de 2005, perdiendo la certificación como producción orgánica por tres años. La demanda de indemnización de las comunidades alcanza la cifra de US$ 2’600.000.

Según estos escenarios, el fracaso de la política de drogas de Washington no representa - en sí mismo - un triunfo de la región frente a los espacios que ha ganado la globalización ilegal en el hemisferio. El narcotráfico es un problema regional que incide directamente y de manera negativa sobre las posibilidades de construcción de democracia y retroalimenta hoy el conflicto armado colombiano y se consolida, entre otras, detrás de regímenes autoritarios de Centroamérica. La región en lugar de avanzar en esta materia, muestra serios retrocesos y una dinámica de afectación creciente de la gobernabilidad e incrementos en los niveles de corrupción.

* Sociólogo. Director de Acción Andina Colombia.

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