El año pasado,  la Fiscalía golpeó a la puerta de la casa de la señora Rosalba Ascanio  y le  notificó la entrega de  los restos de su esposo,  tras  recuperarlos en la finca donde lo asesinaron años después. La funeraria municipal le regaló un cofre mortuorio para sepultarlo.

Por Aleida Patarroyo*

aleidapar@yahoo.es

Foto Donna de Cesare

Cortesía: Fundación Dos Mundos OACNUDH  "Colombia  Imágenes y realidades"

Aunque ahora ella  puede conciliar el sueño, aún rondan en su mente las imágenes imborrables de la noche en que llegaron los paramilitares  a su finca  en  San Calixto, Norte de Santander, donde le mataron a su esposo y  ella huyó como pudo, con sus ocho hijos para salvar sus vidas. Ahora los restos mortales reposan  en el Cementerio Central de Cúcuta. Ella recuperó el cadáver, pero falta justicia  y reparación, aunque sostiene  que igual nada le podrá devolver a su marido ni la paz que antes tenía. Aún le ronda  la incertidumbre.

Doña Rosalba  es una de las pocas víctimas  del Catatumbo  (Norte de Santander) que han logrado dar sepultura a los muertos que dejó en años atrás la sangrienta incursión paramilitar en esa zona, y que hoy, tras la desmovilización de los grupos paramilitares, las autoridades por fin  lograron ingresar  e identificar algunos de los cuerpos y entregarlos a sus familias. “Fueron miles los muertos  que dejaron  los cinco años de ocupación y dominio  de las Auc en el Catatumbo… las autoridades señalan que fueron 5.200, pero los habitantes  del lugar aseguran  que las víctimas sobrepasan  estas cifras. Por ello se ve la necesidad de crear un programa  integral de exhumaciones, mediante una estrategia para que los familiares de las víctimas puedan acceder a la zona, recuperar los cuerpos, hacer el duelo y ser acompañados por el Estado junto con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR. Para que la ubicación de los cuerpos  deje de ser un hecho aislado y casual dada la magnitud de la tragedia que viven los sobrevivientes en su mayoría mujeres”, señala el informe público No.2 “Tregua incierta” de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz – IMP, que fue presentado públicamente el pasado 19 de octubre en Bogotá.

Se denomina “Tregua incierta”, porque  pese a las desmovilizaciones el  control territorial  y social por parte de los paramilitares se mantiene, al igual que los vínculos con la delincuencia organizada, el aprovisionamiento de armas permanece, así como la influencia en muchos gobiernos territoriales y el control de negocios ilícitos,  de acuerdo con la información recogida por las mujeres en las zonas de desmovilización.

Además, porque los desmovilizados continúan delinquiendo; mantienen el miedo y temor  en las comunidades adonde llegan  por acciones del pasado,  lideran la vigilancia privada en los barrios, imponen la hora de dormir y advierten a los padres de familia  que la vida de sus hijos está en riesgo  si no cumplen las órdenes; se mantiene la persecución y amenaza   contra los líderes  comunitarios quienes fueron coaccionados en la contienda  electoral pasada,  y se percibe discriminación  de las comunidades contra los desmovilizados.

Este trabajo de investigación y seguimiento realizado por IMP a través de la “Mesa Nacional de Incidencia por el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación, con perspectiva de Género”, se hizo  con las mujeres que viven en las zonas de desmovilización paramilitar (Caribe, Catatumbo y Antioquia).

Igualmente, el documento indica que en  las desmovilizaciones colectivas, donde se cuentan 31.167  personas y se presume que se han desarticulado los bloques más grandes  y con mayor capacidad armada, se han reubicado en 31 departamentos; el 70% de esa población se encuentra en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cesar, Magdalena y Santander. Los desmovilizados están en 606 municipios  El 76% de ellos  fueron ubicados en 50 municipios que han recibido al menos 100 beneficiarios cada uno. 

Foto Fernando Manuel Torres

Cortesía: Fundación Dos Mundos. OACNUDH  " Colombia  Imágenes y realidades"

El problema radica, según el informe de IMP, en que a los municipios llegó  “una avalancha humana de desmovilizados” sin que las autoridades y las comunidades cuente con ninguna preparación adecuada, lo que ha generado graves problemas a los alcaldes y gobernadores de las zonas, quienes aducen falta de recursos financieros y personal idóneo para atender esta población.

Se ha evidenciado además  el aumento de violencia intrafamiliar,  a partir del regreso de los desmovilizados, lo que ha ocasionado denuncias  por parte de las comunidades y las familias de los excombatientes.

Lo más grave aún,  es que se hace notorio que los mandos  medios de los paramilitares se están rearmando en varias regiones y conservan la estructura de los bloques que estaban operando en ellas, señala el informe. Hay por lo menos 14 nuevos grupos delincuenciales, conformados por desmovilizados, en zonas que eran dominio de los antiguos paramilitares.

Por su parte, las Mesas Regionales  pudieron establecer el drama que viven las víctimas sobrevivientes  en la búsqueda de reclamar sus derechos a la verdad, justicia y reparación; en primer lugar, porque tienen que demostrar su condición de víctimas y aún no existe la información clara y veraz para ellas. En Cúcuta, por ejemplo, la señora Luz Stella  García, para certificar que es víctima sobreviviente del asesinato de su esposo por parte de paramilitares, lleva 44 meses  recibiendo negativas por parte  de la Red de Solidaridad, hoy Acción Social, argumentando que  no reúne los  requisitos exigidos por la Ley 418 de 1997, sin que se le explique dónde está la falla.

Las desmovilizadas de la población paramilitar desmovilizada, el 6% son mujeres; su promedio de edad está entre 28 y 30 años; el 46% de ellas están casadas o en unión libre; el 6.8% son analfabetas  y el 45% han tenido escolaridad baja. También se indica que en un buen número de casos, por lo menos  un miembro de su familia hacía parte del grupo armado.

Se logró establecer  que  las mujeres excombatientes están en desventaja frente a los hombres en materia de beneficios  otorgados por los programas de desmovilización.  Por su  condición de combatientes, las desmovilizadas sufren rechazo  y estigma social, padecen de dificultades especiales  para el establecimiento  de relaciones de pareja o de reencuentro  familiar. Muchas de ellas prefieren renunciar  a su condición  de desmovilizadas y ocultan su identidad, así eso signifique la pérdida de beneficios; lo mismo hacen para acceder al mercado laboral.

Entre las causas que señalan para vincularse,  la mayoría considera que por conflictos familiares, resentimiento  contra alguna fuerza militar o reclutamiento forzado.

*Comunicadora Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP

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