Mientras el país asimilaba con angustia la reacción del presidente Álvaro Uribe Vélez, luego de la explosión de un carro bomba en la Universidad Militar Nueva Granada de  Bogotá, en la que demandaba el rescate militar de todos los secuestrados del país, en La Habana, Cuba, se realizaba la IV ronda de diálogos entre el Eln y el Gobierno Nacional.

Por Carlos Alberto Rivera C.*

carlos@laesquinaregional.com

Entre el 20 y el 25  de octubre de 2006 se llevó a cabo la Cuarta Ronda de la Fase Formal Exploratoria en La Habana, Cuba. Este escenario sirvió para evaluar de manera constructiva el proceso que se viene dando desde el año 2005 entre el Eln y el gobierno Álvaro Uribe. Entre las conclusiones que las partes entregan al país se destacan logros como: el diálogo constructivo y con madurez política; voluntad de las partes; el establecimiento formal de la mesa; un fuerte acompañamiento de la comunidad internacional; la creación de un ambiente para la paz; el comienzo de la participación de la sociedad colombiana en este proceso y una destacada prudencia de las partes para favorecer el diálogo.

Esta reunión en La Habana, deja también propuestas interesantes para la sociedad colombiana y para algunas comunidades del país; de ellas  destaco dos:

Desplazamiento forzado

Desde la invitación que hizo Casa de Paz a instituciones, organizaciones sociales y personas de diferentes sectores de la sociedad civil, se presentó una propuesta en torno al desplazamiento forzado en la perspectiva de soluciones políticas al conflicto armado. En ella prevalece la solicitud al Gobierno Nacional para que se comprometa a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que ordena garantizar los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento. De esta manera se pide al Gobierno que restablezca esos derechos a través de la asignación de los recursos necesarios en el presupuesto general de la nación. Así mismo, se solicita la implementación de un programa de retorno voluntario digno, seguro y concertado, en el cual, tanto el Gobierno como el Eln, se deben comprometer a respetar la condición de población civil de las personas retornadas y o asentadas en zonas humanitarias para la paz.

De otra parte, se acuerda la creación de una comisión de seguimiento y protección, integrada por el Gobierno Nacional y el Eln, con la secretaría técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta comisión será la encargada de conocer y evaluar eventuales hechos que infrinjan este acuerdo y a la vez busca contribuir a la protección de la población civil en medio del conflicto armado. 

Desminado en Samaniego

Se considera como un  hecho de paz contundente, una tercera propuesta que abre las posibilidades de una verdadera negociación con este grupo insurgente, la acogida de la propuesta por parte del Comando Central del Eln sobre desminado humanitario que propuso la comunidad de Samaniego, Nariño. Este planteamiento, que pretende desminar catorce veredas de este municipio, entre las que se encuentran Las Cochas, Chupinagan, Alto Cartagena, Chuguldy, San Gregorio, Decio Mosqueral, La Capilla, El Chinchal, Alto Pascual, Buenavista, Planada, Trasval y Cidral, fue realizada a través de la Comisión Impulsadora integrada por representantes de los diferentes sectores de esta comunidad, entre quienes figuran el Resguardo Indígena El Sande, las organizaciones sociales, el Pacto Local de Paz, la Fundación Alianza, la Fundación Nariño 2000 y la Alcaldía Municipal.

La iniciativa surge, de una parte, porque la zona es geoestratégicamente importante, ya que es la puerta de entrada hacia la cuenca del río Telembí, cuenca del río Patía, a la frontera con el Ecuador y a Tumaco, contexto en el cual hacen presencia todos los grupos armados ilegales – Farc, Eln y Autodefensas–, y el Ejército Nacional. Allí han sido sembradas minas por el tránsito militar, que han afectado la vida cotidiana de estas comunidades, presentándose incluso desplazamientos; de otra parte, y la más importante es porque desde finales del año 2005 se han presentado 21 víctimas de estos artefactos, de las cuales dos murieron, una presentó pérdida de visión, dos presentaron pérdida auditiva y los demás presentaron traumas físicos y psicológicos. Por esta razón, ahora el Eln estudia propuestas de comunidades de diferentes regiones del país sobre desminado humanitario.

Mientras tanto, los familiares de los secuestrados políticos y la Comisión de Paz del Congreso de la República piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda para que el Presidente suspenda la orden de realizar rescates por la vía militar, y el país espera la próxima ronda de la Fase Exploratoria, para que dé inicio a un proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y el Eln, que conduzca a la paz con este grupo armado, pero que ojala también allane el camino para llegar a la pacificación del país.

* Antropólogo con especialización en Comunicación para el Desarrollo