Transitar y ser

sin perder los derechos

Por Marina Talero Monroy*

marinatalero@gmail.com

Fotos Marina Talero Monroy

Se nace en un contexto de relaciones biológicas y sociales, y al caer en el oasis de la vida, el nuevo ser queda atrapado en la red cultural. El cuerpo lleva escrito en la piel su color y sexo, y la sociedad simboliza estas características, las interpreta y les da un lugar en la raza y en el género.

Es así como alrededor del cuerpo se posa la mirada del poder que, con sus reglas, va indicando el camino de la persona para que, según las diferentes marcas, ésta interprete y construya la subjetividad. El rótulo del género depende de la expresión genética hecha realidad en el cuerpo y simbolizada con el nombre; además, los mecanismos de condicionamiento con refuerzos y castigos moldean a los seres para que produzcan conductas femeninas y masculinas en los paradigmas legitimados culturalmente. A ese poder que se ejerce sobre los cuerpos y sobre las poblaciones, Michel Foucault lo denominó el poder pastoral. Él explica que todas las técnicas cristianas del examen, la confesión, la dirección de conciencia y la obediencia tienen como finalidad conducir a los individuos para que contribuyan a su propia mortificación. En sus términos: “La mortificación no es la muerte, sin duda, sino que es la renuncia a este mundo y a uno mismo: una especie de muerte cotidiana. Una muerte que se supone proporciona la vida en el otro mundo”.

Con esas palabras, se puede considerar una mortificación la expresión errónea de la genética que no permite leer con claridad el cuerpo del recién nacido y lo ubica en la ambigüedad. En un principio, la ciencia médica corregía el error y ponía  a la criatura a un lado de la  bipolaridad por conveniencia; pero desde hace unos años, en Colombia, se viene dando la opción para que sea la misma persona, mayor de edad, la que determine el rol de género que quiere representar en estas circunstancias.

Existe, además, el acto cognitivo de reflexionar sobre la intersección cuerpo-género y subjetividad-ciudadanía, lo que significa, por un lado, la libertad que se asume corriendo el riesgo de perder los derechos, pues impugnar la maravilla de la naturaleza y la sabiduría de la cultura, posadas ambas sobre los cuerpos, nos ubica en el escenario de las perversiones, maldiciones o enfermedades; por otro lado, una locura en una Colombia débil estatalmente, desprovista de credibilidad en lo político e inequitativa; además de la imposibilidad de la sociedad para unirse a la construcción colectiva de nación, la impunidad generalizada, las múltiples violencias, el conflicto armado, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la exclusión social.

Esta libertad y esta locura de pensar en esa intersección cuerpo-género y subjetividad-ciudadanía se puede dar solamente en la convergencia de la fuerza utópica transformadora y del querer ser. Éste, como la esencia de la entidad psíquica y cognitiva en el ejercicio de la ciudadanía, y la utopía de la que habla el pensador colombiano  Darío Botero Uribe «… utopía como un pensamiento normativo capaz de cambiar el mundo comenzando con nuestra vida, un pensamiento suficiente para articular los remanentes de la razón y la no-razón no objetivados en la historia, para construir con ellos un ensanchamiento de las posibilidades de la vida humana». Es en este lugar de convergencia, el que he llamado transgenerismo, donde el ser humano da origen a una subjetividad ética y a una política transformadora en la representación genérica que reconstruye conceptos jurídicos, esquemas de familias, sistemas de salud y programas educativos, en un escenario de tensiones entre el Estado, la ciudadanía  y los derechos humanos.

El transgenerismo y Colombia están en interacción. El primero le aporta a ella la transición hacia una sociedad moderna y democrática, en pos de una cultura de afirmación pública de las diferencias, del pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad y de la inclusión social que soñamos. Colombia, con la Constitución de 1991, ha dicho: “La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal”. Asimismo, con la voluntad política de algunos gobernantes, el trabajo del movimiento LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas), la apertura de la comunidad académica y la solidaridad de otros movimientos sociales está avanzando lentamente, pero dejando huella en la interpretación y aceptación del transgenerismo.

Desde hace más de cuarenta años se hacen cirugías de reasignación sexual y se manejan los tratamientos hormonales. No obstante, la necesidad actual es que esta ciencia y técnica le llegue a toda la población sin discriminación alguna.

También en Colombia, una persona mayor de edad puede cambiar su nombre, una vez en la vida, mediante escritura pública en una notaría, sin ninguna limitación; pero lo que se requiere hoy es la apertura de la discusión jurídica para el tratamiento de la incongruencia género-sexo en el documento, esto es, un nombre femenino con sexo masculino, o lo contrario.

Siguiendo con la identidad jurídica, el cambio de sexo en el registro y cédula se puede hacer después de la reasignación sexual a través de un proceso legal con los servicios de un profesional. Sin embargo, existen dos inconvenientes: el primero, que no todas las personas transgeneristas desean la cirugía; y el segundo, que el trámite debe realizarlo un abogado. Esto  implica costos inalcanzables para muchos.

Hemos hablado de beneficios para las personas adultas, pero es urgente mirar la situación del transgenerismo en las instituciones educativas, pues la salida del hogar y la escuela hacia la calle ha sido y sigue siendo una opción de vida para las niñas y los niños que deciden construir otra identidad de género.

Algunas universidades y espacios de participación social han abierto el debate sobre el transgenerismo; esto es bueno, pero no suficiente, porque el transgenerismo debe formar parte de la agenda de todas las instituciones que trabajan con la niñez, la juventud,  la salud, la educación, la cultura, el desarrollo, la economía y las políticas públicas.

La Declaración de los Derechos LGBT, firmada en julio de 2006 en Montreal, exige que todos los Estados del mundo protejan los derechos de las personas LGBT. Para ello da, entre otras, las siguientes pautas: garantizar los derechos básicos que están establecidos y que jurídicamente no admiten discusión, cambiar leyes, trazar y aplicar nuevas políticas, adaptar prácticas institucionales, incorporar los derechos humanos de las personas LGBT a los debates generales sobre temas sociales y políticos, desarrollar y aplicar una política global en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todos los sectores de la sociedad.

                               *Fundadora y Directora de la Red de Apoyo a Transgeneristas, Trans-ser