La dinámica de la guerra con su estrategia de control de territorios, continúa creando condiciones favorables para el fortalecimiento de la participación del narcotráfico, en aquellas regiones con una pobre vigencia del Estado Social de Derecho. El escenario creado por el proceso de negociación con los grupos de autodefensa, ha ampliado la tendencia a politizar las organizaciones criminales, ámbito en el cual se busca el blindaje frente a las presiones de extradición de Washington, cuyas líneas estratégicas alrededor de ese proceso, no están aún claramente desarrolladas. Por otro lado, las guerrillas continúan buscando la ocupación de espacios donde disminuye la fuerza paramilitar, o presionan en esa dirección. En general el narcotráfico en estos sitios es un punto clave de disputa. Observemos estas dinámicas en un escenario del contexto de la confrontación en el sur de Colombia.

Por Ricardo Vargas Meza*

rivarme@colomsat.net.co

El sur: la reactivación de la capacidad ofensiva de la insurgencia

En el escenario del Putumayo continúa una dinámica de uso de la fuerza por parte de las Farc, alrededor de varios objetivos:

Desarrollo de una ofensiva contra las fuerzas armadas en toda la región, mostrando una gran actividad en la zona de Teteyé en el municipio de Puerto Asís, a finales de junio de 2005, con la muerte de 19 uniformados, área que había sido recuperada por el Estado en la acción desarrollada por el ejército durante el 2002, en el contexto de la ruptura de conversaciones de paz del Presidente Pastrana. Hasta los hechos de Teteyé, Putumayo tenía el récord de ser uno de los escenarios de mayor letalidad para las Fuerzas Armadas al contabilizar, tres ataques de los ocho más impactantes, 35 muertos.

Afianzamiento del control de un área valiosa militarmente, en razón a su importancia estratégica de frontera, la interconexión con el Pacífico, la condición de corredor con el Caquetá y la apertura hacia una zona inhóspita situada en jurisdicción de Puerto Leguízamo y la Amazonía. Esta área abarca una dinámica de guerra que se coordina con acciones en Nariño y Cauca. El punto puede relacionarse también con la búsqueda de desconcentración del número de tropas en las áreas del Plan Patriota.

Vale recordar que hacia comienzos de julio del 2005, analistas del conflicto armado daban cuenta de una caída pronunciada del accionar de las Fuerzas Armadas en contra de la guerrilla de las Farc en el Putumayo, mientras estas pasaron a desarrollar un proceso de ofensiva de gran significación:

“Las Farc pasaron de nueve acciones contra las fuerzas militares en el 2002, a 23 en el 2003 y a 30 en el 2004. Sus actos de sabotaje contra la infraestructura petrolera pasaron de dos a 22 y a 24 en esos mismos años. Por su parte las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas contra las Farc bajaron de 61 en el 2003 a 51 en el 2004. Peor aún, en el primer semestre de 2005 se registra en el Putumayo, el más bajo nivel de operaciones de las fuerzas militares de los últimos cuatro años”.

Este mismo análisis, de la Fundación Seguridad y Democracia “Putumayo: del protagonismo del Plan Colombia al olvido del Plan Patriota”, señala la coincidencia de esta situación con la concentración de los mayores esfuerzos de los Fuerzas Armadas en el Caquetá. El hecho sin embargo ha tenido un alto costo estratégico:

“Seguimos preguntándonos si es útil y productivo empeñar tantos esfuerzos en perseguir a los miembros del Secretariado de las Farc en la inmensidad de la selva, en buscar contacto con su retaguardia estratégica –sin lograrlo después de año y medio de operaciones, como lo reconoció el presidente Uribe, sin advertir que probablemente nunca lo vaya a haber– y sólo poder mostrar como resultados unas cuantas caletas con armas y municiones. O si sería mejor utilizar esos recursos para blindar la frontera con Ecuador e impedir que sigan entrando a raudales armas, municiones y explosivos –de los cuales sólo una pequeña parte es decomisada en estas caletas–, proteger la infraestructura petrolera con el crudo a 60 dólares, luchar con más eficacia contra el narcotráfico en Nariño y el litoral Pacífico sur, vigilar mejor la amenazada carretera Panamericana y erradicar la guerrilla de las montañas del Cauca”.

Esta situación prevista desde mediados del 2005, se reconfirma hacia octubre cuando las Farc seguían desarrollando una ofensiva que ha representado dividendos importantes a su dinámica de confrontación armada: un paro armado de tres semanas de duración que puso en jaque la economía del departamento, ataques a pozos petroleros y el oleoducto

transandino, la infraestructura eléctrica, la movilidad de las personas y el comercio regional, entre otros.

Sólo en infraestructura petrolera se presentaron los siguientes atentados:

El 23 de octubre, la ofensiva se sostiene con un ataque letal contra la policía de San Miguel, hecho en el que murieron nueve uniformados. Con ello se ratifica plenamente la previsión hecha por el analista Alfredo Rangel, en el sentido de que las Farc ha recobrado una ofensiva estratégica y que hace parte de la búsqueda de un control de la mayor parte del territorio del sur del país abarcando áreas estratégicas de Nariño y Cauca.

Ampliación de la interconexión con Ecuador en razón al fuerte peso que tiene la zona fronteriza, como punto estratégico de apoyo en diferentes áreas y en señal de repuesta a la serie de acciones que han buscado cortar el uso de la frontera por parte de la guerrilla.

Finalmente, con esta estrategia se busca desalojar a los paramilitares de los sitios claves que controlan en diferentes puntos como El Placer y El Tigre, aprovechando la incertidumbre existente sobre el proceso de desmovilización paramilitar y el establecimiento de una nueva estructura de control, cuyos perfiles son aún desconocidos. Este contexto se ratifica con la serie de ofensivas contra los grupos paramilitares en el Valle del Guamuez.

                                                                                                                                        Iglesia, La Hormiga

Mientras tanto, los grupos paramilitares:

1. Han reducido las acciones de masacres y buscan mantener el control de los poblados claves en el negocio de las drogas.

2. En el marco de ese control, han venido desarrollando asesinatos selectivos que se han incrementado fuertemente en el caso de los cascos urbanos de La Hormiga y Puerto Asís. La aplicación implacable de la pena de muerte a campesinos que deciden vender la PBC en zonas no autorizadas o que no dan cuenta de su producción, sigue en alza.

3. Están desarrollando, en algunas zonas acciones delincuenciales selectivas para hacerse a vehículos o negocios como el de la gasolina.

4. Han hecho reducción de personal en algunas zonas como Puerto Caicedo, situación coincidente con el proceso de negociaciones con el alto Gobierno. Pero ello no significa que estén renunciando al control de áreas consolidadas por lo menos desde 1998.

5. Diversifican sus relaciones con el narcotráfico: brindan seguridad a los comisionistas, los cuales reaparecen en la zona de Puerto Caicedo o dan dinero y participan directamente en el negocio del comercio de drogas, en el caso de La Hormiga.

6. Han sido golpeados por la guerrilla como en el caso de la ofensiva en

La Esmeralda (Valle del Guamuez) en septiembre de 2005, en donde fueron dados de baja tres miembros y heridos otros diez.

En relación con las Fuerzas Armadas, los resultados no están a su favor:

1. Han recibido un castigo duro con la acción de las Farc en Teteyé.

2. Han reaccionado en la retaguardia de las Farc en sus zonas históricas, como en los casos de Piñuña, Puerto Vega y Comandante, donde se han desarrollado bombardeos aéreos y acciones contra la población civil. En la ofensiva terrestre se están utilizando desertores encapuchados de las Farc para señalar a colaboradores. Estos son desaparecidos o amenazados. Confinamiento de la población, que usa diferentes tácticas de seguridad (sacar niños y mujeres de la zona, no pernoctar en los poblados amenazados) o permanecer confinados.

3. Junto con las autoridades judiciales, han propinado golpes importantes a la infraestructura económica de las Farc como el caso de “Marcial” que era una persona clave en el manejo de las finanzas del grupo.

4. Sin embargo, en general hay dudas sobre la capacidad y eficacia en el control de las áreas controladas por los grupos paramilitares. Esto genera una gran incertidumbre sobre la dinámica del conflicto y la seguridad de las personas que las Farc considera, han colaborado con grupos paramilitares.

Por su parte las comunidades:

1. Están volcadas hacia un cambio en la concepción productiva del uso de la tierra, esto es, hacia la autosuficiencia alimentaria como parte de las estrategias de resistencia frente a la guerra. Por diferentes vías se empiezan a dar replanteamientos sobre el monocultivo de coca y la fragilidad en que sitúa a las comunidades.

2. Existe un temor generalizado en cuanto al escenario que está por venir en el caso de la desmovilización paramilitar, en la medida en que el hecho puede generar una ruptura del equilibrio inestable que hoy existe en relación con el control del territorio. En ese sentido, una avanzada guerrillera puede generar impactos humanitarios aún más graves de los que ya se han producido.

3. Fuerte desplazamiento hacia Ecuador pero no se conocen aún cifras reales. Adicionalmente, hay una estrategia de movilidad muy fuerte como mecanismo de resistencia.

La institucionalidad estatal

A nivel local:

En las administraciones municipales se da una situación muy difícil ya que el grado de incidencia frente al manejo y búsqueda de solución de los problemas fundamentales del municipio es muy limitado por:

Las alternativas frente al manejo de la economía de la coca, demanda ingentes recursos, cuya definición responde a políticas nacionales o de la cooperación internacional, ámbitos en los cuales hay un estrecho margen de incidencia en cuanto a la orientación de esas ayudas. Hasta ahora en el caso de la cooperación, comunidades se ven obligadas a aceptar paquetes y modelos productivos que buscan una rápida y significativa ejecución más que dinámicas de concertación sobre planes de desarrollo local.

Existe deficiencia de recursos presupuestales locales y por tanto una baja calidad técnica en el desempeño de sus funcionarios. Más que la  estructuración de planes de ordenamiento territorial, la actual línea de financiación de proyectos se establece sobre líneas productivas que tengan planes de negocios asegurados.

Gran deficiencia en la aprehensión y manejo del tema ambiental, el cual

se ve reducido a la sostenibilidad de los proyectos propuestos, más que al reconocimiento y manejo de la problemática ambiental, en tanto fundamento de la vocación agroecológica del territorio amazónico.

Desde el punto de vista del conflicto armado y el narcotráfico, las administraciones locales reciben los efectos de las políticas nacionales sin que sean parte en la incidencia de las estrategias que se diseñan:

• Desplazamiento, confinamiento y crisis humanitaria de áreas específicas del municipio.

• Efectos de las fumigaciones sobre la seguridad alimentaria (destrucción de cultivos de subsistencia, criaderos piscícolas, pastizales y animales domésticos, etcétera).

• Amenazas de los actores armados de la guerra e incidencia de estos sobre los recursos del municipio o sobre la disposición del gasto.

A nivel departamental:

La dinámica local de la guerra se sobrepone como un limitante estructural a los niveles y capacidad de incidencia del departamento. El hecho de que en los ámbitos locales se haya estructurado una dinámica de poderes armados, que obedecen a una estrategia de control de territorios, genera para la institucionalidad departamental una pobre incidencia en esos ámbitos, ya que el conflicto mismo, junto con la pervivencia de la economía ilegal, se constituyen en las puntas de lanza de la funcionalidad económica y social del escenario municipal. En ese sentido, los departamentos de estas zonas deberían tener una mayor injerencia sobre las políticas públicas relacionadas con el manejo del orden público y sobre las alternativas de desarrollo que se pretenden. Esto, como se sabe es monopolio exclusivo del nivel nacional y en ocasiones de algunos cooperantes internacionales.

Aún no hay claridad acerca de los niveles y contenidos de la coordinación en la implementación de políticas públicas en las cuales tienen participación entidades del orden nacional. En este sentido se percibe una fragmentación de la perspectiva marco de desarrollo departamental. La ausencia de políticas estatales a largo plazo en las que se concerte con los departamentos y municipios los procesos de desarrollo, basados en la implementación de un ordenamiento del territorio, crea fuertes limitantes y genera una fragmentación entre las administraciones locales y el departamento.

A nivel de la cooperación internacional:

Las experiencias de desarrollo alternativo fundadas en esquemas de subcontratación de ONGs para la ejecución de recursos y que marcó la pauta durante el período 2000 - 2005 del Plan Colombia, deja un saldo negativo, argumentado así:

En general el esquema se desarrolló bajo un modelo de política que se impuso desde afuera de las comunidades además, se generalizó una especie de chantaje a los “beneficiarios” bajo la consigna “lo toma o nos vamos para otro sitio”. Este esquema se observa como una vía expedita para la ejecución de los recursos –modelo que junto con las áreas erradicadas de coca, son los aspectos prioritarios de la intervención– en la

medida en que, en las evaluaciones sobre la capacidad de las operadoras, se tiene en cuenta principalmente ese doble objetivo.

Como consecuencia, existe una percepción generalizada de despilfarro de recursos, sobre todo aquellos entregados a través de la retribución como “seguridad alimentaria” y que en la práctica no se instituyó en un punto de partida para la generación de propuestas sostenibles en el mediano plazo, sino que se convirtió en bienes de consumo rápido que no dejaron ningún aporte a la región.

El cambio de operadora de los recursos de AID, es una buena oportunidad para hacer replanteamientos de fondo acerca del modelo de cooperación en DA en la medida en que se privilegie:

• El fortalecimiento institucional del nivel local y departamental sobre la base del desarrollo de procesos de veeduría ciudadana y de pautas de transparencia en la orientación del gasto y la ejecución de los recursos.

• El fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad para lograr mayores compromisos que hagan crecer el grado de autonomía y su capacidad de gestión.

• La apertura de verdaderos espacios de concertación entre gobierno departamental, autoridades locales, organizaciones comunitarias y cooperación internacional, junto con entidades del orden nacional, frente a alternativas en donde las entidades locales y departamentales tengan injerencia en su definición e implementación. Las propuestas nacionales de programas como familia guardabosques no pueden constituirse en camisa de fuerza para las comunidades, sino en políticas flexibles para el logro de los propósitos estratégicos.

Como se observa, en la estrategia de recuperación de territorios hace falta más Estado, que acciones de fuerza. De lo contrario, el conflicto tendrá un fin previsible: su auto-prolongamiento, al consolidarse la marginalidad de estas zonas y por tanto, mantenerse la condición básica para que la economía de las drogas siga alimentando la confrontación.

* Sociólogo, director de Acción Andina Colombia, autor del libro “Narcotráfico, guerra y política antidrogas”, Acción Andina, julio de 2005.