El anuncio del Gobierno de extender el plazo hasta el próximo 15 de febrero para que se desmovilicen los grupos de autodefensa, abrió la posibilidad para que de nuevo los ex integrantes de estas organizaciones armadas ilegales, puedan participar en las elecciones para el Congreso de la República, que se llevarán a cabo el 12 de marzo de 2006.

Por Juan Miguel Martín*

paceguego@hotmail.com

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 25 de febrero vence el plazo para la modificación de listas de candidatos inscritos. Por ende el nuevo ultimátum dado por el Gobierno permitiría que ex líderes paramilitares como Jairo Angarita, Giovanni Marín y Ernesto Báez puedan participar de la contienda electoral en calidad de aspirantes. Si finalmente no lo pueden hacer, es previsible que tomen parte en los siguientes comicios cuando se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.

Más allá de la fecha en que los desmovilizados de las Autodefensas se presenten como alternativas electorales, lo que es claro es que teniendo en cuenta su mismo proceso histórico como organización ilegal y la negociación con el Gobierno que se ha llevado a cabo hasta el momento, existe una agenda política que irían a defender a las corporaciones públicas, que no dista mucho de lo que promueve la tradicional clase política y los poderes constituidos.

Aunque su propósito cuando se iniciaron las discusiones del proceso, era proponer reformas y cambios; como lo sostuvo Carlos Castaño mientras se desempeñó como vocero político, tal vez buscando que los miembros de las Autodefensas tuvieran la calidad de sediciosos que finalmente consiguieron con la Ley de Justicia y Paz, y para distanciarse del Estado además de mostrar que habían sido rebeldes con causa, lo que han defendido y la forma de articularse en las regiones, para tener influencia y hacerla efectiva, señala cuál puede ser a senda que tomarán una vez dejen “definitivamente” las armas.

Para nadie es un secreto que nacieron bajo la sombra de industriales, ganaderos, caciques políticos de marras y narcotraficantes, a quienes defendieron sus intereses, frente a la amenaza que ha representado la subversión. Luego el gamonalismo, los cargos públicos de elección popular, el clientelismo y los recursos asignados a rubros como la salud pública, estuvieron entre sus objetivos, con miras a tener margen de maniobra en las administraciones locales en regiones en las que desalojaron a la guerrilla. Esto hacia parte de su estrategia, para eso ejercieron presión a través de las armas. En Colombia se armó un escándalo en el momento que dijeron que tenían el 35 por ciento del congreso de la república.

Tras un duro “tire y afloje” con el Gobierno en la negociación de la Ley de Justicia y Paz, que para algunos se convierte en una puerta a la  impunidad y en un mecanismo que no dejará salir a la luz la verdad de lo que sucedió con crímenes de lesa humanidad, pareciera que su meta como grupo armado al margen de la ley se resumió en terminar ahí con los beneficios jurídicos y civiles, obtenidos sin mayor contraprestación, y ahora “saneados” el objetivo es buscar cargos en las diferentes corporaciones públicas.
Al intentar sumarse a listas de políticos ya consolidados, los ex combatientes buscarían legitimar su causa y lo que los llevó a tomar las armas, articulándose con viejas formas de actividad política o representación social, con las que ya han tenido contacto, lo que sería impensable en una pronta negociación que es poco probable, al menos con la guerrilla de las Farc.

Luego de la desmovilización del M-19, vino la Asamblea Constituyente de 1991, aunque vale decir no fue un factor único y definitivo para llegar a esa instancia, porque otros grupos como el Ejercito Popular de Liberación, EPL, o el Quintín Lame dejaron la ilegalidad y la consecuencia inmediata no fue una reforma de la carta magna. Pero cuando se habla de la posibilidad de que las Farc abandonen las armas, se piensa en un mecanismo similar, para incluir a sus integrantes en ese Estado de Derecho que surja de la nueva carta política. En el caso del Eln se ha hablado de una eventual Convención Nacional. Por el contrario, nada de esto se ha conversado, en el caso de las Autodefensas.

En una de las ceremonias de desmovilización que se han realizado en los últimos tiempos el ex comandante Salvatore Mancuso afirmó: “no desapareceremos como organización, sino que nos convertiremos en un movimiento de alternativa democrática, que favorezca los intereses, derechos y deberes de los ciudadanos ante el Estado”.

La agenda básica a defender, según el ex jefe paramilitar, pasaba por la implementación y aplicación de políticas integrales bajo la tesis de la seguridad democrática en las regiones de influencia de su organización, desde el punto de vista del campo militar de la seguridad, como en la inversión social, al igual que la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en esas mismas zonas, entre otros temas.

Un nuevo poder

Pero al parecer las Autodefensas no sólo se dedicaron a defender unos intereses específicos, sino que también se convirtieron en un poder que reforzó tradicionales mecanismos de influencia y autoridad local. La ganadería extensiva y la tenencia de la tierra fueron objetivos claves en desarrollo de sus acciones. El desaparecido líder paramilitar Carlos Castaño Gil manifestó que para la desmovilización de las Autodefensas era necesario entregar grandes extensiones de tierra, sobre todo en zonas donde predominaran los cultivos ilícitos.

Sin que tenga una relación absoluta o directa con el tema, lo que se puede afirmar es que los narcotraficantes, con la ayuda de organizaciones armadas ilegales como los paramilitares, se convirtieron en un nuevo poder terrateniente, según lo demuestran estudios del Gobierno y de los organismos de control. Esta situación llegó incluso hasta la mesa de negociación en Santafé de Ralito, Córdoba, donde se manifestó que traficantes se habían convertido de la noche a la mañana en jefes de autodefensa.

El Departamento Nacional de Estadística, Dane señaló que de 19.2 millones de hectáreas que tenían las grandes propiedades en 1996, se pasó a 21.6 millones de hectáreas en el año 2002. Más preocupante aún es que según la Contraloría General de la Nación, esta tendencia se ha agudizado por la compra de tierras que han realizado los narcotraficantes, que podría llegar a un millón de hectáreas, en los últimos años, aunque podrían ser más debido a mecanismos como el “testaferrato”, utilizado por los delincuentes para adquirir las propiedades a través de terceros. Para el organismo de control esto equivale a una “contrarreforma agraria”. “…en algunas regiones los narcotraficantes son quienes han fijado las pautas de inversión con usos como la ganadería extensiva, lo que va en detrimento de los bosques, la agricultura y de la propia seguridad alimentaria del país” sostiene el informe. Sobre ese tema el Banco Mundial señala que en Colombia los latifundios suman el 39.9% del área total de la propiedad rural en el territorio nacional. Agrega que en el país sólo 3.8 millones de 10 millones de hectáreas se utilizan para labores agrícolas, mientras que 35 millones se dedican a la ganadería.

Lo que no está claro es si a la luz de la ley, los paramilitares deberán regresar las tierras de las que despojaron a centenares de campesinos a través de intimidaciones o si la situación se quedará tal cual. Además, si están en manos de narcotraficantes el problema se complica más porque se sabe que utilizan testaferros y por eso llegar a la verdad se puede convertir en una historia sin fin. Para no ir muy lejos hay que recordar que algunos de los líderes de las Autodefensas están pedidos en extradición por delitos conexos con tráfico de drogas.

Por ahora ese tema no ha sido tratado en profundidad, en el marco del componente de reparación de la Ley de Justicia y Paz. No obstante Michael Frühling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha reiterado que la reparación de las víctimas no puede quedar refundida o en segundo plano. Por eso ha pedido, además de condicionar el otorgamiento de cualquier beneficio a la confesión completa de crímenes y a una pública manifestación de arrepentimiento, a que devuelvan la totalidad de los bienes logrados mediante sus acciones. De lo contrario, sería un motivo más para deslegitimar sus aspiraciones políticas.

Además, para aquellos que fungieron como jefes paramilitares, que son quienes se vislumbra aspirarán a cargos de elección popular, hay algo que también podría frustrar su nuevo rol. Pese a que la Ley de Justicia y Paz prácticamente los exime de muchos comportamientos ilegales de los que se les acusa, quedará latente la posibilidad de que quienes considerando que el Estado colombiano no fue eficaz para sancionar sus delitos, vayan a la Corte Penal Internacional a interponer las respectivas demandas. Los casos de Chile y Argentina, a pesar de las legislaciones internas dictadas para poner ‘punto final’, son muy dicientes de lo que podría suceder en el futuro en nuestro país.

Las listas

Es poco probable que los ex líderes paramilitares encabecen listas o salgan a las calles a conseguir firmas para poder conformar un movimiento político que los cobije. Lo que ha quedado claro hasta el momento, es que se sumarán a movimientos ya consolidados, ocupando lugares secundarios, aunque esto realmente no importa mucho teniendo en cuenta la existencia del voto preferente.

¿Pero el hecho de que se desmovilicen significa que no harán presiones indebidas para elegir a sus candidatos? Ese es uno de los retos que debe tener el Gobierno con miras a las próximas elecciones. Es poco realista pensar que aunque estos grupos abandonen las armas y se reintegren a la vida civil, dejen de tajo los métodos utilizados durante muchos años para consolidar su poder en diferentes regiones del país.

Un caso típico es el denunciado por el senador Carlos Moreno de Caro quien ha advertido que se debe tener mucho cuidado con los desmovilizados, pues algunos integrantes de bloques desarticulados prefirieron continuar con bandas delincuenciales o grupos de narcotraficantes. Por eso no se descarta que surjan nuevas organizaciones con intereses definidos en el campo político, que conserven viejos métodos de influir en diferentes zonas de la geografía nacional. Lo que si parece evidente es que el discurso de los ex combatientes, en calidad de candidatos en la plaza pública, no será muy distinto a lo que se ve habitualmente en las regiones. Ernesto Báez es un buen ejemplo.

* Comunicador Social-Periodista