Es casi imposible hablar de tierras en el Cauca sin que rápidamente se agiten las pasiones. “Los más grandes terratenientes son los indios”, escuchamos decir a los contertulios de Valdivia y de los alrededores del Parque Caldas. Y desde círculos académicos les responden que “30 familias y tres compañías son los dueños del 50% de la tierra actualmente dedicada a agricultura, ganadería y predios ociosos”; que “en los últimos 15 años narcos y traquetos han comprado tierras hasta en haciendas históricas de Pubenza, a 20 minutos del Panteón de los Próceres”. Y allí comienza la trifulca que parece retomar los debates entre encomenderos y defensores de las leyes de indias.

Por Camilo González Posso *
camilo@indepaz.org.co

No se tolerará que se viole el derecho a la propiedad privada y se pretendan imposiciones por las vías de hecho”, dicen enérgicamente autoridades locales y nacionales, y desde la otra orilla les recuerdan que hay “una deuda histórica por el despojo de tierras y bienes a pueblos indígenas” y por el desplazamiento de campesinos y afro descendientes obligados en los últimos 40 años, por la violencia directa o encubierta, a vender sus predios o mejoras a menor precio.

Y en ese alegato de nunca acabar aparecen todo tipo de argumentos sobre la “incapacidad productiva de los indígenas”, conflictos con sus vecinos campesinos o réplicas que muestran cifras de eficiencia de las pequeñas explotaciones para la seguridad alimentaría y producción del 60% de la oferta en las plazas de mercado. Entre tanto las asociaciones de campesinos rematan diciendo: “No nos van a poner a pelear entre campesinos e indígenas pues ganamos más si nos unimos para reclamar del Estado una atención de verdad comenzando por una reforma agraria y rural”.

Desde hace 30 años no se había presentado en el Cauca una oleada tan grande de toma de predios por parte de los indígenas. En las últimas semanas se registran “recuperaciones” en Caloto, Caldono, Silvia y hasta en las goteras de Popayán. Los indígenas de la Asociación de Cabildos de Indígenas del Norte, ACIN, le reclaman al gobierno por compromisos adquiridos hace diez años, la entrega de 150.000 hectáreas al pueblo Nasa. Los Guambianos hablan de 12.000 hectáreas identificadas por el Estado como el mínimo necesario para satisfacer urgencias del plan de vida. Los Yanaconas no se quedan atrás en sus reclamos después de la destrucción de 200 hectáreas de cultivos de quinua y café por las fumigaciones químicas.

El ir y venir de argumentos tiene su historia pero sobre todo tiene un presente que hay que reconocer si se quiere avanzar hacia soluciones distintas a mandar Policía y Ejército a desalojar “invasores”.

Los Guambianos que ocuparon en Silvia una hacienda de Rodríguez Orejuela han dado una pista para iniciar un proceso de concertación con la entrega de predios incautados a narcotraficantes. En la lista de estupefacientes hay más de 30 de esas propiedades que podrían ser tituladas a indígenas y campesinos antes de que se apoderen de ellas cuatro vivos de cuello blanco bien ubicados en la burocracia.

Como toda crisis, ésta puede ser una oportunidad para afrontar los problemas de fondo de una de las regiones más pobres de Colombia. La cuestión de la tierra no es sino un aspecto que alcanza proporciones mayores por el significado que tiene en las culturas indígenas. En todo caso no se puede soslayar la necesidad de una reforma agraria en este departamento con más del 75% de población y economía rurales.

El Gobierno departamental ganaría más si en lugar de discursos amenazantes se apalanca en la movilización por la reforma agraria y sienta al Gobierno Nacional a concertar un plan estratégico contra la pobreza, por un plan de vida y dignidad de toda la gente del Cauca.

* Presidente Indepaz