El 28 de septiembre del 2003, las autoridades, en cabeza de fiscales de Bogotá y unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo la que fue considerada entonces como la operación más exitosa contra grupos guerrilleros en los últimos años. 104 personas fueron capturadas ese día. Sin embargo, la mayoría tuvo que ser dejada en libertad casi dos años después por falta de pruebas.

Por Gabriel Arzuza*
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A nosotros nos acabaron la vida. Parta de la base de que la mayor parte de la gente de nuestro municipio, no regresó, los que regresaron estamos aquí en la cabecera urbana y obviamente yo regresé, porque tenía un compromiso con el pueblo, pero también siempre anda  no escoltado y no tiene la tranquilidad que antes tenía. Está uno como “maniatao”.

Jorge Alberto Uribe Flórez, alcalde del municipio de Quinchía, Risaralda, es, tal vez, el único alcalde que fue elegido por sus partidarios mientras estaba detenido en una cárcel. “La 40” de Pereira. Su detención se produjo el 28 de septiembre del año 2003.

El entonces candidato a la alcaldía, fue detenido junto a otras ciento tres personas que presentaron, horas más tarde, en todos los medios de comunicación del país como miembros de organizaciones al margen de la ley, en una de las capturas masivas más exitosas de la historia reciente del país.

Esa madrugada, a las tres y media de un domingo llegaron en camionetas y con aviones cerca de cuarenta efectivos, entre hombres jungla y fiscales y abruptamente interrumpieron mi tranquilidad. En ese momento yo creía que era la guerrilla o el paramilitarismo que estaba tomando esa acción.

Las autoridades llegaron con una orden de captura en donde lo señalaban como presunto responsable del delito de rebelión en relación con una organización al margen de la ley que opera en su población.

Allí están afincados el Ejército Popular de Liberación, Epl y las Autodefensas Unidas de Colombia, además de las Farc. Sin embargo, era un pueblo apacible y pacífico, hasta entonces. La mayoría de sus habitantes se dedican a labores del campo.

Me tocó abrir la puerta a los cinco minutos, con temor, porque tenía a mis dos niñas y a mi señora al lado y ya yo había sido víctima de un atentado. Me encomendé al Señor por lo que fuera a pasar en ese momento y ya nos dijeron que tenían una orden de captura por rebelión y terrorismo por parte de una Fiscalía de Bogotá. Ese día nos capturaron a 104 personas quienes a las seis de la mañana fuimos trasladados a Pereira.

En el operativo de traslado de los capturados desde Quinchía hasta Pereira, participaron más de ochocientos hombres, y un número indeterminado de fiscales, que según cálculos de fuentes oficiales, le costó a la Fiscalía General más de 800 millones de pesos.

Uno de los detenidos era un invidente, viejo y cansado, señalado por las autoridades de cuidar armamento para la guerrilla de las Farc. También se llevaron a candidatos al Concejo a otro candidato a la alcaldía, al carnicero del pueblo y al jefe de los bomberos, entre otros.

Eso es una pesadilla. Es lo más duro que me ha pasado en la vida. Acusarnos a nosotros de rebelión y terrorismo, cuando por el contrario lo que hacíamos en nuestro pueblo era invitar a la comunidad a que votara por sus candidatos preferidos y ejerciera la democracia, a pesar del hostigamiento de organizaciones como el Epl. Fueron dos horas de operativos que hicieron más daño a Quinchía que cualquier otra situación en la historia del pueblo.

De acuerdo con cifras de organismos oficiales, como la Procuraduría General de la Nación y organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia, entre junio del 2002 y mediados del año 2005, en el país fueron “capturadas masivamente” más de siete mil personas.

Un cincuenta y uno por ciento de los detenidos recuperó su libertad a los pocos días por falta de pruebas, otros salieron libres después de ser vinculados a procesos penales. Otro porcentaje se encuentra en procesos en estado de investigación y un considerable número de los capturados está desaparecido. Antes del 2002, en los seis años anteriores a esa fecha, se capturaron a dos mil ochocientas personas de manera masiva. Un porcentaje ampliamente menor al que se ha detenido en tiempos de la Seguridad Democrática.

Con las capturas la poca buena imagen, a nivel nacional e internacional, se fue al suelo. Fuera de eso, a raíz de ese mismo proceso más de dos mil personas se han ido del pueblo. Una de las personas que estuvo detenida con nosotros fue asesinada a los pocos días de salir de la cárcel. De todos los detenidos, sólo quince retornaron después a sus casas aquí en Quinchía. Los demás tienen miedo y no han vuelto.

Un informe reciente del Observatorio de la Coordinación de Europa y Estados Unidos, señala que la mayoría de las detenciones masivas se hacen en zonas rurales del país y por parte del Ejército. En los procesos se utiliza a personas encapuchadas, conocidas como “colaboradores” y testimonios manipulados en la mayoría de los casos.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia llamó la atención en un reciente estudio sobre que “la mayoría de las privaciones de la libertad de las personas se hacen por fuera del sistema judicial. Sólo un porcentaje muy bajo, hasta octubre del año pasado, el 17%, eran capturas producto de ordenes judiciales previas, mientras que la abrumadora mayoría se dieron como “capturas en flagrancia”.

Muchos sectores de la zona rural de Quinchía se quedaron solos. Del sector minero y cafetero, toda la gente se fue. La situación es tan delicada que vamos a tener problemas con el censo del Dane, porque teníamos como 42 mil habitantes y en estos momentos no llegamos a treinta y cinco mil. Tenemos problemas con el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, porque no tenemos a quién encuestar.

Algunas otras organizaciones advierten sobre las detenciones que se hacen en regiones como el Caquetá, donde ni siquiera media una orden judicial. Según un boletín informativo de Actualidad Colombiana en Internet, el 22 de abril, en un caso que se ha registrado en otras regiones, la Policía detuvo en San Vicente del Cagüan a Aracelis García Avilez, quien sufre de retardo mental y a quien señalaron de pertenecer a una organización guerrillera.

Los testigos de nuestro operativo se presentaron a las autoridades dos días antes del mismo aquí en el pueblo. El nuestro fue un proceso político porque detrás estaban opositores de nosotros en la aspiración a la Alcaldía. Todo fue un montaje del mismo Estado para decirle a la comunidad internacional que tenía a seis mil guerrilleros detenidos en cárceles colombianas. Todos hemos salido inocentes. Ha sido un atropello contra la comunidad. El sistema penal en Colombia muchas veces mete gente a la cárcel únicamente para mostrar resultados de efectividad.

Después de dos años de cotidianidad desesperante en una prisión de la capital de Risaralda, en la de La Dorada, en Caldas, La Picota en Bogotá y en la de Combita en Boyacá, al lado de guerrilleros, paramilitares, violadores, asesinos y funcionarios públicos corruptos, los detenidos de Quinchía, lograron, con abogados pagados con fondos de rifas y aportes voluntarios de la comunidad, demostrar su inocencia en el proceso.

fotos: cortesía periódico La Tarde

Uno dentro de una cárcel no vale nada. Está amarrado y sujeto a las decisiones de los guardianes de turno, vive de un pito. Nuestra vida en esos momentos era peor que en un cementerio. Prefiere uno el que lo maten a estar pagando por una situación que no ha cometido. Pierde uno amigos, familiares que se van y otros que se mueren sin uno poder estar allí. Porque es que uno llega y cree que, por ser inocente, uno va a salir en uno o dos meses, pero el tiempo va pasando y pasando, ahí es cuando uno se da cuenta que había una gran presión del Estado en contra de nosotros.

De acuerdo con el Observatorio, hasta hace pocos meses, en Colombia se detenía a por lo menos ocho personas en promedio cada día de manera arbitraria. En Colombia el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 establece que la privación de la libertad de las personas sólo procede como consecuencia de un mandato judicial.

*Comunicador Social - Periodista.