A los 47 años, una mujer a quien llamaremos María Rodríguez, denunció “deterioro en los nervios, fuertes dolores en todos los músculos del cuerpo, adormecimiento en piernas y brazos, pérdida de sensibilidad y pérdida de fuerza en los mismos”, según se lee en la Acción de Tutela presentada ante la Unidad Judicial de Tocancipá y Gachancipá en febrero de 2005.
Por Helda Martínez*
heldamartinez@hotmail.com
El Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional en mayo le diagnosticó Polineuropatía sensitivo- motor con compromiso axonal y mielínico, lo que es igual a decir que la señora tiene graves problemas de movilidad y sensibilidad tras diez años de trabajar en un cultivo de flores.
Este caso, expuesto ante la justicia y la universidad pública con mayor reconocimiento en el país, es especialmente grave. Pero son incontables las situaciones relacionadas con contaminación silenciosa, lenta, paulatina, producidas entre las 94.300 personas que a cambio de un salario mínimo, o menos, contribuyen a que sea la floricultura un sector con exportaciones que
superan los 700 millones de dólares anuales.
La Corporación Cactus en la investigación Detrás de las flores.... los derechos sistematizó los resultados del servicio de asesoría jurídica a trabajadoras y trabajadores de cultivos de flores entre enero de 2000 y junio de 2004; sobre datos obtenidos en 338 fichas correspondientes al mismo número de hombres y mujeres residentes en Tocancipá, Gachancipá, Sopó, Zipaquirá, Chocontá, Chía y Suesca, mediante el cual se logró información relacionada con el uso de agroquímicos, en el que se confirma que en algunas empresas, “es frecuente que las y los consultantes indiquen que se usan pesticidas sin la debida precaución” (...) “las y los trabajadores no son retirados del cultivo cuando se realizan las labores de fumigación, contaminándoles su cuerpo y su ropa y exponiéndolos a sufrir intoxicaciones” (...) “terminada la fumigación inmediatamente se hace ingresar a los trabajadores a los cultivos, trasgrediendo medidas que afirman que aún para los pesticidas con menores grados de toxicidad se indica un mínimo de seis horas de espera para el ingreso a los cultivos” (...) “un trabajador manifestó que, como fumigador apenas tenía un overol en mal estado, por lo que renunció al sentirse afectado en su salud”.
En Colombia no se conocen de manera suficiente y amplia, estudios que confirmen los daños causados por el uso de agroquímicos, no sólo a través del contacto directo sino también por la contaminación del agua, de la tierra, de productos contaminados consumidos por animales que luego consumimos las personas, como lo demostró una investigación de la Universidad de la Salle y el Instituto Nacional de Salud INS, en la que se determinó que los residuos de clavel son usados para alimentar ganado, ocasionando contaminación en la leche. Los desechos de rosas unidos a una mezcla con úrea y fertilizantes se usan en la preparación del suelo con destino a pastos y el compost es otro procedimiento en el que se han encontrado trazas de plaguicidas y agroquímicos.
El deterioro ambiental que produce el cultivo de flores, como se presenta en la gran mayoría de casos en Colombia, se cubre con plásticos blancos que miran desconcertados quienes llegan en avión a la Sabana de Bogotá. La problemática, cubierta, escondida, es protegida por empresarios y exportadores que se muestran sumisos ante las exigencias de Estados Unidos, país que adquiere el 85% de la producción, de acuerdo con información de la página web de Asocolflores.
Un ejemplo evidente de sumisión es la actitud de aceptación ante el Tratado de Libre Comercio TLC, aún con el costo que su firma representará para la agricultura y la economía colombiana. El interés radica en que la floricultura es uno de los sectores exportadores más favorecidos con la apertura económica. Aún en tiempos de recesión, el sector mantuvo su ritmo de crecimiento gracias a preferencias obtenidas a través del Plan Vallejo que permitió importar insumos agrícolas sin pago de arancel e IVA, al que se sumó la Ley 50 de 1990 con la cual se inició la flexibilización laboral, que favoreció a los empresarios disminuyendo garantías de estabilidad y prestaciones para los trabajadores. Luego fueron impuestos el SGP o Sistema generalizado de preferencias y el ATPA o Ley de preferencias arancelarias andinas, expedido en 1991 como componente comercial de la política antidrogas de EEUU. En 2001 el ATPA fue sustituido por el ATPDEA. En el 2002 se expidió en Colombia la Reforma laboral que minimizó aún más los ingresos de los trabajadores y promovió la deslaboralización a través de las pre-cooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Pero el ATPDEA perderá vigencia en 2006, por lo que el TLC se consolida como la posibilidad de mantener las preferencias en materia de impuestos. La rentabilidad, la exención de impuestos y la vigencia de leyes internas que favorecen a los industriales, se contraponen con la realidad de quienes trabajan como obreros en los cultivos, y en especial de las mujeres, que constituyen el 65% de la población contratada.
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La floricultura en Colombia
La floricultura en nuestro país se inició a finales de los años 60, cuando las primeras empresas ocuparon los terrenos de haciendas agrícolas de la Sabana de Bogotá, despensa de los habitantes de la región. Los antecedentes dan cuenta de cómo la industria inició con timidez pero se extendió rápidamente a través de los cultivos de rosas, claveles, pompones y alstroemerias con fines de exportación. En 1995, cerca de treinta años después, las exportaciones alcanzaron los 475 millones de dólares. En sus inicios los trabajadores contaron con derechos y garantías, como lo confirman los hijos de antiguos trabajadores que alcanzaron a adquirir vivienda propia. Pero se produjeron cambios sustanciales favorecidos por leyes nacionales e internacionales que permitieron el crecimiento sostenido de la agroindustria y motivaron la llegada al país de compañías extranjeras. Un ejemplo de ello lo constituye el ingreso de la Dole en 1998. “En C:I.Splendor Flowers, que se consolida como una de las más grandes empresas en Latinoamérica, con 2.500 empleos, de los cuales 1.750 son directos y 800 por contratos temporales, fue cuando se empezaron a notar cambios en los sistemas de contratación, a la vez que empezaron a aumentar el número de tallos por cortar y los ramos por empacar. El trabajo de seis empezó a ser hecho por sólo cuatro personas”, afirmó Beatriz Fuentes, presidenta de Sintrasplendor. “Con el ingreso de la Dole se acabó la estabilidad laboral y los salarios año tras año los han venido disminuyendo. Las primitas extralegales, el almuercito, todo nos lo fueron quitando, a la vez que se aumentó el maltrato que le dan a uno los supervisores y los ingenieros que gritan: “usted no sirve, no se gana ni lo del día”. Estas prácticas no se dieron sólo en las empresas con capital extranjero. También son frecuentes en pequeñas o grandes empresas cuyos propietarios y capataces se benefician de la situación de desempleo por el que las personas aceptan prácticamente cualquier tipo de contratación aún cuando sus derechos sean vulnerados, situación más frecuente para las mujeres responsables del cuidado de sus hijos y en alto porcentaje de sus propios padres, como lo determinan investigaciones adelantadas al respecto.
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La presión internacional
Campañas internacionales vigentes como Comercio con justicia: mis derechos no se negocian, liderada por Oxfam Internacional, se suman a otras expresiones que a lo largo de los años han hecho presión para lograr conciencia sobre empresarios
e instancias gubernamentales que mejoren las condiciones de los trabajadores. Entre ellas se destaca la “Campaña de flores” iniciada en 1990 en Alemania, segundo comprador de flores colombianas. La presión europea mantuvo su énfasis en la década de 1990 a 2000, y de allí surgieron algunas pero insuficientes prácticas importantes. La Asociación colombiana
de exportadores de flores, Asocolflores, organismo que agrupa un alto número de empresas exportadoras, expuso en 1996 su Programa de gestión ambiental y desarrollo social “Flor Verde”, a través del cual se anuncian programas a favor de la población contratada. Pero las denuncias presentadas por los trabajadores y la aparición creciente de sindicatos, como Sintrasplendor, Sintrabenilda y Sintracóndor, unidos a través de Sintrasplendor, confirman que aún falta mucho por reconocer y aún más por hacer. La población de 60 mil mujeres contratadas, en su gran mayoría entre 18 y 35 años, se ven afectadas entre otras razones, porque a pesar de que la ley colombiana concede licencia remunerada por maternidad, lactancia o aborto y prohíbe solicitar prueba de embarazo para acceder al empleo o despedir a la trabajadora embarazada sin permiso de la Inspección de trabajo, en el sector floricultor son frecuentes estas y muchas otras prácticas expuestas en espacios de intervención nacional e internacional como el Tribunal nacional de mujeres y Desc, realizados en junio en Bogotá y en julio de 2005 en Lima, Perú, respectivamente.
San Valentín criollo

Fotos: La Esquina |
Desde hace cuatro años el 14 de febrero se instituyó como el día de quienes trabajan en las flores, por lo que se celebra cada año con expresiones sencillas, artísticas y culturales a las que se suman reflexiones tendientes al reconocimiento de sus derechos y tras un promedio de dos meses en que las jornadas se extienden hasta diez y seis horas diarias para lograr cumplir con las expectativas internacionales de San Valentín en Estados Unidos y Canadá. El próximo año la celebración se hará paralela a la que impulsan desde ya los exportadores y comerciantes colombianos: el San Valentín nacional con el que buscan aumentar ingresos y hacer el suficiente ruido que siga ocultando la problemática existente debajo de los plásticos: las cooperativas, los maltratos, los agroquímicos, o las incipientes Polineuropatías sensitivo-motoras con compromiso axonal y mielínico.
*Comunicadora Social - Periodista
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