Las informaciones de prensa sobre la propuesta de una Comisión de verificación a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz por parte de la Unión Europea , presentada por el Presidente Uribe al Gobierno Español, le da actualidad a la demanda realizada desde hace dos años por las Iniciativas de Paz de Colombia: se ha necesitado una veeduría mixta, independiente y con participación de organizaciones multilaterales como la Unión Europea y de organizaciones nacionales, para el cese de hostilidades y el desmonte del paramilitarismo.

Por Camilo González Posso *
camilo@colnodo.apc.org

El artículo presentado en las Mesas ciudadanas de diálogo en Cali y Popayán (julio 6/2005) y en la Mesa de Seguimiento al Proceso Gobierno-Auc, (julio 11/ 2005), sustenta, en sus líneas generales la propuesta de Veeduría y puede ser útil a la hora del debate promovido por el Presidente Uribe: ¿veeduría a la aplicación de la ley o veeduría y verificación del cese de hostilidades y de toda acción violenta y al desmonte del paramilitarismo?

¿Es hora de una Comisión de Verificación mixta e independiente?

El proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y las Auc no ha contado con una veeduría autónoma y la Ley de Justicia y Paz, aprobada en el Congreso de la República el 20 de junio de 2005 no contempla mecanismos para dotar a la sociedad de instrumentos efectivos de control social sobre el cumplimiento de los compromisos de la desmovilización colectiva o individual y desmantelamiento del paramilitarismo. La Comisión Tripartita de Verificación, que ha funcionado en Santa Fe de Ralito, se concentró en el funcionamiento de esa zona de "ubicación de la mesa unificada" y termina sus funciones a partir de la sanción de la Ley y de la asignación de sitio de reclusión de los paras que resulten inculpados. Por su parte, la Misión de Apoyo a la Paz , MAPP/OEA se ha limitado a acompañar al Alto Comisionado de Paz en los eventos derivados de los Acuerdos de San José de Ralito, como testigo de desmo-vilizaciones, entrega de armas y apoyo a la iniciativa gubernamental frente a reinsertados.

Las limitaciones de la MAPP /OEA, se desprenden tanto del papel central de apoyo al Gobierno, que le definió el Acuerdo firmado entre el Presidente Uribe y el Secretario General, César Gaviria, como de la orientación dada por el Jefe de la Misión de concentrarse casi exclusivamente en el acompañamiento de la "desmovilización" de tropas, desconociendo aspectos fundamentales para el desmonte del paramilitarismo y para la garantía de derechos de las víctimas y de la población. Esta grave circunstancia lleva a señalar la urgencia de que se establezca una veeduría autónoma de carácter mixto, nacional e internacional. En esa Veeduría podrán tener un papel cen tral la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las iglesias, con apoyo de organismos multilaterales como la Unión Europea , la OEA con nuevo mandato para el efecto, y con el respaldo deuna mesa de seguimiento integrada por organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de las víctimas y al registro de violaciones a los derechos humanos y al DIH. Sobre la necesidad de la Veeduría , la verificación y de una comisión extrajudicial de la verdad, las organizaciones o Iniciativas por la Paz , hemos insistido desde el inicio de la Administración Uribe y de los diálogos con las Auc. Algunos documentos entregados al Gobierno ilustran esta reiteración. Por ejemplo, en las propuestas de la reunión sobre derechos humanos y paz en la Casa de Nariño con el Presidente, que se llevó a cabo el pasado 11 de junio de 2003 se decía:

"Llamamos la atención del Gobierno Nacional sobre la necesidad de que esas conversaciones con las Auc, lo mismo que hipotéticas negociaciones con la guerrilla, tengan mecanismos de veeduría o seguimiento ciudadano y en particular que se promueva desde ahora una Comisión Extrajudicial de Verdad y Justicia que contribuya al esclarecimiento de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos de la población civil, a la reparación de las víctimas, a la justicia y a la reconciliación. La conformación y reglamento de la Comisión extrajudicial de verdad y justicia pueden ser recomendados por un grupo de Premios Nobel de Paz y del Consejo Mundial de Iglesias".

En el Memorando No. 2 enviado a la OEA el 24 de agosto de 2004, ante el incumplimiento del cese de hostilidades, las organizaciones participantes en la segunda jornada de seguimiento, optaron por demandarle a la OEA un trabajo más efectivo y para ello se propuso un Comité interinstitucional con participación de Ong's y voceros de las víctimas:

"Dada la dimensión de la tarea de verificación por parte de la MAPP /OEA, puede ser conveniente que se institucionalice un Comité de Intercambio de Información sobre infracciones al DIH y quejas de la población relacionadas con el cese de hostilidades por parte de las Auc. Ese Comité podría estar integrado por entidades no gubernamentales especializadas en registro de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, tales como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación , Justicia y Paz - Cinep, Comisión Colombiana de Juristas, Codhes, País Libre, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos".

El Memorando entregado al Gobierno y a la OEA por la Mesa de Seguimiento en noviembre de 2004 debido a la continuidad de las violaciones al cese de hostilidades y a la inoperancia de la MAPP /OEA, en la Tercera Jornada de Seguimiento se propuso un mecanismo alternativo: "Verificación del proceso con el concurso de organizaciones multilaterales recurriendo a mecanismos de colaboración entre Naciones Unidas, Unión Europea, OEA." En diversos eventos de seguimiento, realizados en el primer semestre de 2005, se ha insistido por parte de las Iniciativas de Paz, en la urgencia de una veeduría y de una verificación autónoma y con presencia de organismos nacionales e internacionales.

¿Es posible el desmonte de las Auc y del paramilitarismo sin mecanismos autónomos de verificación?

Se puede imaginar el desmonte de buena parte de los actuales frentes, tal como se ha anunciado en el cronograma post aprobación de la Ley , pero es imposible llegar al fondo del desmonte del aparato armado paramilitar si no hay seguimiento por parte de una instancia nacional con autorizado respaldo y participación internacional. La magnitud de los problemas envueltos en el desmonte de las Auc no tiene punto de comparación en la historia de Colombia. A los grupos que están en ese proceso y a otros comúnmente denominados como paramilitares, se les responsabiliza por gran parte de las 14.900 ejecuciones extrajudiciales cometidas en los últimos 20 años y sólo en el periodo de negociaciones (2003 - 2005), no obstante los compromisos de cese de hostilidades, la Policía Nacional les atribuye 956 asesinatos.

De la misma manera, investigaciones como la de la Universidad de los Andes y de la Contraloría General de la Nación coinciden en relacionar al paramilitarismo con un porcentaje no menor al 30% de los 2.500.000 desplazamientos ocurridos en el sector rural en la última década y con el despojo por medios violentos de por lo menos 1.500.000 hectáreas (una tercera parte del total de la tierra apropiada por narcotráfico y paras en ese período). Su poder ha sido atribuido al control que ejercen sobre la exportación del 60% de la cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos y Europa y a estructuras mafiosas que dominan en 10 departamentos y cerca de 250 municipios, con incidencia en todas las esferas del Estado.

La primera observación que merecen esas cifras es sobre la importancia que tiene para el país un proceso de desmonte de semejante engranaje de violencia y la segunda es sobre la conveniencia de efectivos instrumentos para verificar su desmantelamiento y la puesta en marcha de medidas para impedir su camuflaje, mutación, metástasis o posibilidad de repetición. La Ley de Justicia y Paz, establece en el artículo 73 que "se aplicará únicamente a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia". Incluye entre los hechos que pueden ser motivo de beneficios los crímenes cometidos durante el cese de hostilidades, pero no cobijará nuevos "actos de sedición" ni crímenes atroces, ni acusaciones o condenas por narcotráfico. Cabe entonces la pregunta sobre la verificación: ¿Qué instancia se encargará de hacer la veeduría al desmonte de las estructuras armadas y el fin de todo acto ilícito y de violencia por parte de esos grupos que integran las Auc y de sus integrantes a partir de la sanción de la Ley ? ¿Qué instancia se encargará de verificar que se desmonta el control de cultivos ilícitos, de redes de narcotráfico y el poder económico construido de manera ilegal?

La verificación de los acuerdos de cese al fuego era una de las funciones centrales de la Misión de la OEA , pero ella optó por minimizar la importancia de esta tarea argumentando que sólo es posible una vez se hayan concentrado o desmovilizado todos los frentes. En esta materia tampoco ha mostrado autonomía frente al Gobierno y ha acogido sin beneficio de inventario la tesis de los Jefes paras concentrados en Ralito, que alegan dificultades de mando para controlar a distancia unas tropas localizadas en todos los puntos de la geografía; afirman con el Alto Comisionado que sin concentración de efectivos es imposible la verificación plena y por ese laxo criterio la verificación se circunscribe a los pocos casos que las víctimas se atreven a reclamar ante la mesa integrada en Ralito por representantes del Gobierno, de las Auc y de la OEA.

El Acuerdo II de Santa Fe de Ralito, estableció como paso obligado la concentración de tropas y se entendió que era un paso decisivo para garantizar el cese de hostilidades. El incumplimiento de ese acuerdo, no ha merecido critica ni presión alguna por parte de los "verificadores" y por el contrario se han colocado del lado de las explicaciones del gobierno y de las Auc que crean una cortina de humo sobre el tema para reducir la concentración a la presencia en Ralito de los Jefes que participan en la Mesa Unificada y de los efectivos que se desmovilicen y tengan procesos abiertos que no cobija la Ley 782. Así las cosas la verificación se reduce a las actuaciones de esos negociadores y de los desmovilizados que quedan a la espera de la "justicia alterna" creada por la nueva Ley.

Con la promulgación y sanción de la "Ley de Justicia y Paz", se abre un nuevo escenario. Se anuncia un cronograma de desmovilización de buena parte de los grupos representados en Ralito, la presión por el cese de actos violentos se acentúa ante la disposición de la ley de cobijar solamente hechos anteriores a su vigencia, el contraste entre los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación y el articulado de esa ley llevan a una mirada acuciosa de organismos internacionales y nacionales sobre los pasos próximos de su aplicación. Y en este contexto cobra más actualidad la propuesta de las iniciativas de Paz, entregada al gobierno desde noviembre de 2004 sobre una "Verificación del proceso con el concurso de organizaciones multilaterales recurriendo a mecanismos de colaboración entre Naciones Unidas, Unión Europea, OEA."

* Presidente Indepaz