Hace poco más de un año, en noviembre del 2003, se realizó en París (Francia) un evento de forma jurídica en el que se expuso de manera extensa y detallada la situación social y política en que se encontraba la región del sur del departamento de Bolívar y las zonas aledañas. Este Tribunal, que hace parte de una campaña internacional llamada Colombia Clama Justicia que busca romper el cerco comunicativo de las regiones frente al mundo, fue el resultado de un trabajo conjunto entre mineros, agricultores, pescadores y organizaciones de Colombia y Europa

Por Ernesto Montenegro P.*

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En medio de una situación de guerra paramilitar generalizada, víctimas del asesinato, el terror y el desplazamiento, voceros de las poblaciones del sur de Bolívar expusieron ante la comunidad internacional la gravedad de la realidad en la que se encontraban y el fondo de los intereses económicos que enmarcan la presencia paramilitar. Un año después, distintos anuncios gubernamentales parecieran señalar un cambio en las condiciones militares del país y en las regiones específicas en donde el paramilitarismo está presente. Sin embargo, y pese a los acontecimientos actuales, la cuestión del paramilitarismo en el valle del Magdalena se mantiene y está lejos de develar su carácter económico, su relación con el Estado y de dar a conocer la magnitud de los crímenes que ha cometido.

La forma jurídica

La pertinencia del Tribunal Internacional de Opinión es la de mostrar cómo la situación paramilitar no hace parte únicamente del ámbito jurídico nacional sino que vincula a la comunidad internacional, en la medida en que los crímenes de lesa humanidad que se han cometido no solo violan los códigos nacionales sino que están en contravía de toda legislación internacional. Al respecto, se recuerda que los llamados Principios de Nuremberg, la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc en 1993 y en 1994, así como la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como tribunal permanente, consagran la jurisdicción internacional para juzgar a individuos responsables de la comisión de estos graves crímenes.

Las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), órgano de la OEA, insisten en la responsabilidad de los Estados en la protección de todos los individuos que están sobre su jurisdicción, así como en la investigación y en el castigo de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los desarrollos más recientes de lo social en Colombia ponen de manifiesto la falta de compromisos eficaces por parte del Estado colombiano para defender a los ciudadanos y enjuiciar a los paramilitares; éstos continúan dominando abiertamente el sur del departamento de Bolívar, pese a los discursos de desmovilización.

Retomaremos aquí los puntos centrales del Tribunal y el fallo proferido para comprender la magnitud del fenómeno paramilitar en una región que involucra también al oriente antioqueño, al sur del Cesar y al occidente Santandereano; es decir, la parte norte del llamado Magdalena Medio. Los numerosos eventos, hechos, ausencias y desmanes que han tenido lugar en esta región de Colombia nos llevan a cuestionar la intencionalidad del Estado colombiano y su responsabilidad frente a las comunidades y los individuos que habitan esta parte del territorio nacional.

Responsabilidad estatal frente a la sociedad

Las situaciones sociales, de pobreza y de miseria, han llevado progresivamente a las comunidades del sur de Bolívar a manifestarse por la necesidad de un mayor compromiso del Estado colombiano en el desarrollo de la región. Es tal la situación que para el año 2003 el sur de Bolívar no contaba con una interconexión al sistema vial del país, es decir que tan sólo se puede llegar allí en chalupa o en avión; la interconexión eléctrica, de gran deficiencia, únicamente beneficia los cascos urbanos y no el sector rural (88% de la población); acueductos, alcantarillados y servicios sanitarios son inexistentes. Los centros de salud, incluso los de nivel superior (Simití), no cuentan con los recursos necesarios para su funcionamiento. La educación es deficiente tanto en sus infraestructuras como por la ausencia de docentes y profesionales.

En búsqueda de soluciones se produce la Marcha Campesina de 1985, la cual pone de manifiesto el abandono estatal y la necesidad de incluir al sur de Bolívar dentro de un plan de desarrollo que realce la dignidad humana. La desatención gubernamental y el incumplimiento de esos acuerdos previos generó la Marcha Campesina de 1996 en donde, una vez más, se llamó la atención sobre la pobreza extrema de esta región, a su vez que se denunciaba la situacióne violación de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales y la implementación de un proyecto paramilitar que se anunciaba desde la ribera del Magdalena. El ministro de defensa, el consejero para la costa Atlántica y el Alto Consejero para la Paz fueron personalmente informados en 1996 de la situación para­militar, por lo que se comprometieron a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, honra y bienes de las personas del sur de Bolívar”. Pese a esto la avanzada paramilitar entró a Morales, Río viejo y Tiquisio, cometiendo asesinatos y profiriendo amenazas. En 1997 de nuevo los campesinos del sur de Bolívar denuncian, en la Catedral de Cartagena, el incumplimiento por parte del gobierno de Ernesto Samper de los acuerdos pactados. Desatendidos, ya no sólo en lo concerniente al desarrollo sino también a su voz de alarma sobre la llegada de los paramilitares, en 1998 los habitantes marchan hacia Barranca­bermeja, en donde el presidente Andrés Pastrana se compromete personalmente a la defensa de la vida de los pobladores. Las comunidades retornan a sus veredas, pero en la misma semana los paramilitares arremeten violentamente y de forma masiva en toda la región.

Una región aterrorizada

El proyecto paramilitar que habría comenzado en la región desde principios de los noventa, se consolida militarmente en 1998 y a partir de este momento suceden un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, causando masacres (Río Viejo, 1997; Simití, 1998; San Pablo, 1999), violaciones y torturas en cada uno de los municipios a donde han llegado. Los paramilitares han sembrado el terror como instrumento de dominación política. En los últimos seis años se han denunciado 700 casos de asesinato selectivo en el sur de Bolívar y son conocidas, incluso a través de los medios de comunicación, la tortura de decenas de personas y la usurpación de bienes (cosechas, casas, enseres, animales) de numerosas familias.

La magnitud de la violación de los derechos humanos por grupos para­militares y por las Fuerzas Armadas para el período 1995-2000, contra la población civil de 16 municipios que comprenden la subregión del sur de Bolívar, bajo las modalidades de homicidio, desaparición y tortura, ascienden a 534 víctimas documentadas. Los municipios más golpeados por estos crímenes son San Pablo con 25,6% de víctimas (137 casos), Simití con 23% (123), Barranco de Loba con 9,5% (51), Río Viejo con 8,2% (44), Altos del Rosario con 7,1% (38) y Morales con 5,6% (30). En 1998 se presentan 185 casos y 158 en 1999, con lo cual se determina en ambos años la concentración de más de la mitad de casos, el 55,8% del período considerado.

Los asesinatos, las torturas y los desplazamientos adquieren también forma social, en la medida en que el terror instaurado y la coacción directa frente a las comunidades acabó por completo todas las formas asociativas y orga-nizativas locales dejando como único actor político a los paramilitares, quienes van a presentarse como los únicos representantes del pueblo después de haber acabado con todos los otros proyectos. Las empresas comunitarias, las juntas de acción comunal, los centros de acopio de los pescadores, las cooperativas rurales, etcétera, fueron desarticuladas a través del asesinato de sus líderes o de la amenaza directa. Lo anterior dejó en manos de los paramilitares el control económico de la región y la vía libre para extender el cultivo de coca que antes de su llegada era mucho menor. El control sobre las comunidades se produce por la amenaza y por el control de la comida y los víveres que entran a la región.

La riqueza  de la Serranía

La presencia paramilitar implicó un cambio en las actividades productivas, en la manera de asumir la propiedad de la tierra y de la producción. Las actividades agrícolas se concentraron en el cultivo de hoja de coca sobre las faldas de la Serranía de San Lucas, y en las partes planas se implementó de manera extensiva el cultivo de palma africana. La concentración de tierra que se produjo posterior a la presencia paramilitar permitió el desarrollo de monocultivos como la palma, y fue la coacción armada la que obligó a la población rural no sólo al cultivo de la coca sino a la venta exclusiva a los paras, quienes tienen el monopolio en el mercadeo, lo cual implica una disminución del precio reconocido al campesino. El beneficio que obtienen los paramilitares por negociar la base de coca es a su vez el del narcotráfico y al mismo tiempo el de la explotación del trabajo campesino.

Las minas de oro de la Serranía de San Lucas constituyen otro de los intereses centrales del proyecto paramilitar en el sur de Bolívar. Paralelos a la presencia paramilitar se han presentado proyectos de ley en el Congreso de la República para modificar la propiedad de las tierras, desconociendo a las comunidades de larga data allí asentadas y abriendo concesiones para la explotación del oro a empresas multinacionales. De esta manera el paramilitarismo se manifiesta progresivamente en un instrumento de fuerza, de carácter privado y apoyado por el Estado. Su argumento de lucha “contrainsurgente” no es el motor ni político ni estratégico del paramilitarismo, sus motivaciones y su comportamiento están dados por los intereses locales y estratégicos del capital que los financia. El paramilitarismo no habría podido adquirir la dimensión actual si no estuviera asociado a procesos de acumulación de capital de gran envergadura.

*Antropólogo