La discusión sobre la  “mala imagen de Colombia en el exterior” es una constante en el país cada vez que salen a la luz pública, por parte de los medios de información, situaciones que por su contenido causan consternación y sorpresa en la opinión pública nacional e internacional. Casi siempre se nos acusa a los periodistas de informar sólo acerca de lo malo que sucede

Por Gabriel Arzuza*

gabriel@laesquinaregional.com

Esta vez el florero de Llorente lo ocasionaron dos artículos periodísticos de la National Geographic sobre Medellín y Bogotá. En el primero de ellos, “Historia de una guerra urbana”, la periodista Eliza Griz­wold se refiriere a la implicación de los niños en la guerra entre pandillas y el sicariato en la capital antioqueña. En el segundo trabajo se relaciona la difícil situación de orden público en Bogotá, acosada también por el sicariato, la delincuencia común y otro tipo de flagelos propios de la ciudad capital, y en donde participó Juan Manuel Galán, hijo del asesinado candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento.

En el primer trabajo, la periodista Eliza Grizwold reseña la dura y cruel situación que generan las acciones de niños que posan de ser hombres; tal vez el único camino que encuentran en su corta y azarosa existencia. Con ametralladoras al hombro, estos menores solucionan violentamente, como hombres, problemas que heredaron desde hace muchos años de otros hombres; aquellos que les ordenan y a los que asesinan en escenas dignas de películas de Hollywood. Esas “soluciones” son las únicas que conocen y son todavía el diario acontecer en algunas de las zonas marginadas de la ciudad que en alguna ocasión fue considerada como la más violenta del mundo a raíz de los problemas iniciados por el entonces “ líder social” Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces.

El trabajo de la comunicadora extranjera desató una descomunal ira e indignación en la dinámica clase dirigente colombiana y en la antioqueña en especial.

El embajador de Colombia en Francia, Miguel Gómez Martínez, en una carta abierta a todos los compatriotas y a quienes realizaron el documental advirtió que se “trata de un trabajo periodístico sensacionalista y superficial, en el cual se presenta una visión deformada de un grupo de jóvenes sicarios de Medellín”. El embajador considera que la periodista estigmatiza a Colombia y desconoce que el país sea algo “distinto a violencia y muerte”.

Para empezar, señor embajador, para fortuna suya y de la “ultrajada y estigmatizada imagen de Colombia”, la periodista sólo se remitió a “un grupo de jóvenes sicarios de Me­dellín”. ¿Sabrá el señor embajador cuántos grupos de sicarios, jóvenes y viejos, hay en el resto del país?

Señor embajador, a su tío, el candidato a la presidencia en varias ocasiones Álvaro Gómez Hurtado, lo asesinó un grupo de sicarios, entre los que habían algunos jóvenes y otros viejos militares. Ese fue, señor embajador, un hecho real y concreto que le dio la vuelta al mundo y a su noticia nunca se le tacho de sensacionalista o deformada. ¿O fue que los medios de comunicación, por revelar la información y mucho de la investigación hasta ahora conocida, sirvieron de “caja de resonancia” a la acción de los criminales? ¿Desconocerá el señor embajador que una de las hipótesis, nunca comprobada totalmente y quién sabe por qué razón, sobre el homicidio de Gómez Hurtado, es que detrás del mismo estaría o estuvo –en este país nunca se sabe– un grupo de dirigentes políticos en complicidad con los asesinos materiales?

En su comunicación el embajador llama a la protesta generalizada de la sociedad para que los “medios cumplan con su deber de informar equilibradamente sobre la situación en Colombia”.

En la “situación de Colombia”, señor embajador, no sólo esos menores están involucrados en organizaciones armadas al margen de la ley; según estadísticas oficiales de los distintos gobiernos y a veces “maquilladas” por asesores de prensa, en el país hay por lo menos nueve mil menores de edad que hacen parte de organizaciones como Farc, Eln y Auc, entre otras, y la cifra aumenta en promedio mil niños por año. La Unicef es fiel testigo de ese crecimiento. Además, en un reciente estudio, la entidad reveló que “más de la mitad de la población que ha sido desplazada en Colombia durante los últimos seis años son niñas y niños, es decir, alrededor de un millón cien mil personas (1’100.000)“, y que “cerca de diez de cada cien víctimas de minas antipersona son niñas y niños”.

Las estadísticas no muestran cuántos niños sicarios hay en las Comunas de Medellín, en la zona de Aguablanca en Cali, en la zona suroriental de Cartagena y en las zonas marginadas de las distintas ciudades del país en donde la presencia del Estado se limita a la represión que ejercen las llamadas fuerzas del orden.

Muchos de esos niños nunca han tenido educación, porque si sus padres escasamente consiguen para el arriendo y la comida, ¿cómo podrían darles algo más?. A muchos de esos niños se les niega, adicionalmente, la atención médica en centros asistenciales del Estado, así ellos figuren en la encuesta de pobreza del sistema Sisbén. A algunos otros se les deja morir si antes de la atención no se pagan los derechos del Plan Obligatorio de salud.

No nos pongamos a contar la cantidad de niños que, “en promedio”, son secuestrados en el país por los llamados actores del conflicto; conflicto que el Ejecutivo se obstina en negar de manera reiterada contra toda evidencia. Las cifras del Gobierno Nacional son abiertamente contradictorias a las de organizaciones no gubernamentales que observan y analizan el fenómeno.

No se ponga a preguntar, señor embajador, quién o quiénes son los responsables del execrable y miserable asesinato de un bebé de escasos dos años de nacido en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y no pregunte por qué su Gobierno tampoco lo ha hecho. Se han limitado, desde el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez hasta los distintos funcionarios, a preguntarse si al bebé y a sus familiares los asesinaron guerrilleros o paramilitares, como si al final los culpables fueran a ser juzgados con todo el peso de la justicia. Mucho menos ha habido hasta el momento pronunciamiento oficial alguno del Ejecutivo, siendo que al bebé le quitaron la cabeza de un garrotazo, tal como lo revela el columnista Héctor Abad Faciolince en una reciente edición de la revista Semana.

Todas esas situaciones se conocen y salen a la luz pública gracias a las informaciones e investigaciones de los medios de comunicación.

No revise señor embajador el renglón de los niños, entre 7 y 17 años, que en Colombia tienen que salir a buscar a diario su propia alimentación a sol y sombra. Según la Unicef, aproximadamente un millón y medio de niñas y niños, en ese rango de edad, trabajan en Colombia. De ellos, el 90% lo hacen en el sector informal de la economía y más del 25% se encuentran expuestos a situaciones de riesgo y peligro.

Un reciente trabajo de investigación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, denunció que en Cartagena una niña menor de diecisiete años ejerce la prostitución y vende su cuerpo por dos mil pesos, es decir, recibe menos de un dólar norteamericano por cada relación sexual con los turistas que ven en los comerciales de prensa y de televisión los “placeres de Cartagena”. La otra ciudad, la real, la de la miseria y que prácticamente es una olla depresión, es desconocida para el Gobierno Nacional. Lo peor, o lo mejor, es que esas niñas venden su cuerpo para conseguir comida para ellas y para los suyos.

En Colombia, dice la misma entidad, la prostitución infantil ha crecido tres veces en los últimos tres años: existen cerca de 30.000 niñas y niños vinculados al mercado sexual; y al respecto, el estudio del Instituto indica que “el Distrito [de Cartage-na], adelanta campañas educativas y operativos para combatir esa problemática”. Nadie se pregunta por qué los niños y niñas caen en esa situación social tan deplorable.

En fin, señor embajador, si va más al fondo de la “situación de Colombia” es posible que encuentre sorpresas más desagradables que las de los niños asesinos de Medellín.

En otra respuesta al documental, el alcalde de Medellín Sergio Fajardo, tiempo atrás uno de los principales críticos de todas las administraciones municipales posibles, igualmente se declara “indignado y muy dolido”, se muestra proclive a señalar que los medios internacionales sólo “insisten en mostrar situaciones que Medellín logró superar” y advierte que “ese es un periodismo vulgar, barato, que vende alrededor de la miseria humana y los dolores de una sociedad”.

En relación con temas similares, y mientras los distintos hombres “pensantes y padres de la Patria” aquí se devanaban los sesos buscando soluciones para ponerle fin a las diferentes actividades delincuenciales de los colombianos residentes en España, Estados Unidos, Italia, Japón, Honduras y algunos otros países del planeta, el periodista y escritor Germán Castro Caicedo advierte que la única vía expedita y efectiva para acabar con la salida masiva de colombianos al exterior es simple: “se trata de generar condiciones sociales, políticas y económicas” a quienes vivimos en Colombia para no tener que ingresar a los cordones de miseria, delincuencia y éxodo, y para tener un futuro digno en el terruño propio.

Entre tanto, Galán Pachón dice que el otro documental, también de la National Geographic, “exagera las cosas negativas de la realidad colombiana y que además muestra imágenes de la calle del Cartucho, cuando la administración de ese entonces estaba tratando de reubicar a esas personas”. Pero la situación, a pesar de que el trabajo fue hecho en el año 2000, aún persiste y, aunque en menor medida, todavía en los alrededores abundan indigentes de todas las edades. Es más, como consecuencia de la “reubicación oficial de la zona” se han creado en distintas zonas de Bogotá “pequeños Cartuchos”; a pesar del mejoramiento en infraestructura de dos de las más recientes administraciones de la ciudad, Mockus y Peñalosa, subsisten problemas sociales de profunda repercusión. ¿Ha averiguado usted, señor Galán, cómo crece a diario un polvorín social llamado Ciudad Bolívar? ¿Lo conoce usted?

¿No será necesario averiguar las condiciones sociales en las que creció el hombre de veinte años que hace unas semanas asesinó de varias puñaladas a un bebé de menos de dos años de nacido, “para pegarle donde más le dolía” al padre de la víctima, quien le debía veinte mil pesos? Sería bueno también indagar ¿por qué se suicidan los jóvenes en Pasto, muchos de ellos en edad incipiente, después de buscar una y otra vez una solución digna –es decir, trabajar– a la precaria situación económica que atraviesan? Y tal vez, finalmente, también recapitulemos acerca del niño de doce años de Cali que decidió suicidarse, colgándose a una cuerda, al no encontrar salida para él y para su hermano menor al que cuidaba, después del abandono de sus padres ocasionado por la pobreza extrema en que vivían.

*Periodista