El gobierno colombiano ha promocionado el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos –TLC– como la gran solución a todos los problemas nacionales, pero con una serie de verdades a medias que distorsionan seriamente la realidad

Por Helena Villamizar García-Herreros*

helenavillamizar@hotmail.com

La afirmación de que el libre comercio conduce al crecimiento es relativa. El comercio internacional puede ser una importante fuente de crecimiento y desarrollo, pero también puede contribuir al empobrecimiento de las naciones. La teoría económica al igual que numerosas experiencias históricas ilustran cómo la apertura al comercio puede derivar en mayores costos que beneficios para algunos de sus participantes, particularmente cuando existen grandes asimetrías tecnológicas y de nivel de desarrollo entre los socios.

Los planteamientos acerca de los verdaderos costos y beneficios del libre comercio no tienen el alcance y la difusión de aquellos que hacen su apología. Estos últimos en general ocultan los supuestos que están detrás de sus conclusiones, los cuales, si se eliminan, invalidan igualmente las consecuencias previstas. Javier Fernández comparaba el problema que significa para la economía interpretar la realidad bajo supuestos ilegítimos, muy lejanos al mundo real, con el ejemplo de un hombre al que se encierra en una jaula con un tigre “bajo la hipótesis de que éste es herbívoro”. Puesto que no lo es, y en realidad el tigre es “carnívoro”, semejante presunción puede derivar en la muerte del hombre. Así sucede en la economía, por gracia de algunos supuestos, en la realidad obtenemos todo lo contrario a lo que preten­díamos y corremos el riesgo de “perecer”. Y en el “libre comercio” nos pasa lo del tigre. Algunos modelos concluyen que se obtendrán grandes beneficios, porque suponen, por ejemplo, que todos los participantes en el comercio tienen acceso a igual tecnología. No hace falta ser muy avisado para darse cuenta de que las distancias tecnológicas entre Colombia y Estados Unidos no son sólo grandes: son “abismales”.

Otro supuesto en la base del libre cambio es que “los costos reales de producción coinciden con los costos monetarios”. El mundo real está lleno de contraejemplos. Basta señalar las ingentes ayudas y subsidios a la agricultura en los países desarrollados, las cuales distorsionan su verdadera competitividad, anulando las capacidades de acumulación y de progreso para las economías en desarrollo. En el caso del algodón, estas les permiten a 25.000 agricultores de Estados Unidos vender en el exterior por debajo de sus costos de producción, sacando del mercado y dejando en la ruina a dos millones de cultivadores de Burkina Faso. Tan aberrante, tan distante del discurso de libre comercio que defiende el gobierno de Estados Unidos para la firma de TLC a lo largo y ancho del planeta resulta esta situación, que el propio New York Times, principal diario de ese país, se pronunció contra esta flagrante inequidad, como lo recordara varias veces el ministro de agricultura Carlos Gustavo Cano. Por su parte, una tonelada de trigo cuya producción en Estados Unidos cuesta 200 dólares producirla, pero que tiene un subsidio en ese país de 78 dólares, logra desplazar al competidor colombiano que la produce a menos de 160, de acuerdo con cifras del representante César Negret.

El maíz enfrenta el mismo problema: según un artículo publicado por la revista Semana, “Desgranando la mazorca”, Estados Unidos se convirtió en el primer exportador mundial, acapara el 70% del mercado, gracias a que con las generosas ayudas internas logra vender 25% por debajo de sus costos de producción, desplazando así a los agricultores de países en desarrollo y atentando no sólo contra sus posibilidades de progreso sino contra su seguridad alimentaria. Para las economías pobres este efecto del “libre comercio” es verdaderamente dramático, ¿qué decir para un país azotado por la guerra, la pobreza y la desigualdad?, y sin embargo, en esta parodia de Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos se niega a negociar sus ingentes ayudas internas.

En suma, los ejemplos sobre el divorcio entre costos reales y monetarios en el comercio internacional, que contradicen lo supuesto por la teoría ricardiana en sus conclusiones acerca de los beneficios derivados para todos los participantes en el libre comercio, son múltiples, variados y en muchos sectores. Ni siquiera la remuneración de los factores responde a la escasez relativa, como pretenden muchos de estos modelos que quieren imponer el libre comercio.

Otro supuesto “heroico” en estas negociaciones es pensar que la capacidad negociadora de Colombia es igual a la de los Estados Unidos; creer que existe igualdad de condiciones y que hay un equilibrio de fuerzas en la negociación es desconocer la realpolitik; ello equivale a suponer que un tigre y un león no le harán nada al hombre en la jaula del ejemplo de Fernández, pues estos “animalitos” sólo comen hierbas y frutos. Un país como Colombia, en situación de guerra, con pobreza extrema, necesitada de los recursos del Plan Colombia para la estrategia de “seguridad democrática” –bandera electoral de su presidente–, tiene una muy precaria capacidad negociadora real frente al más “grande” del planeta. Si ni siquiera los acuerdos bilaterales con países en mejores condiciones que Colombia son equilibradas, como muestran los casos de Chile y Australia, para poner sólo dos ejemplos, ¿qué decir de Colombia, sumida en la miseria y en la pérdida de su estabilidad macroeconómica, con graves problemas de desempleo, seriamente endeudada, todo ello tributo de la apertura de los noventa y sus reformas complementarias?

Cuando los países son altamente competitivos en algún sector, y esto incomoda a los productores del mismo bien en Estados Unidos, simplemente el producto correspondiente se excluye del tratado, como ocurrió con el azúcar en Australia. ¿Puede entonces legítimamente llamarse a esto “libre comercio”? En virtud del inexistente equilibrio en la capacidad negociadora Estados Unidos, que además subsidia con generosos recursos a sus agricultores, tiene la desfachatez de sentarse a la mesa y exigir a su socio colombiano, azotado por la guerra, el desempleo y la miseria, desmontar franjas de precios y otros instrumentos de protección de su agricultura y de su industria. A ese socio famélico, quien además dedica costosos recursos para la lucha contra la droga en beneficio principalmente de la población de Estados Unidos, se le exige desmantelar la poca protección agrícola y otorgar innumerables concesiones cuyo costo es incalculable, bajo amenaza de eliminar la reducción de aranceles pactada justamente en reconocimiento por sus esfuerzos contra la droga. La situación raya en el surrealismo, como denunciara el nóbel Joseph Stiglitz ante la solicitud de Estados Unidos de recibir trato de “país en desarrollo”, por parte de China, en las negociaciones para el ingreso de éste a la OMC.

Dani Rodrik, profesor de Harvard, junto con Francisco Rodríguez, de la Universidad de Maryland, develaron los errores contenidos en la conclusión de numerosos estudios que los defensores del libre comercio han pontificado como verdad absoluta. Una cosa es que el desarrollo y la diversificación de las exportaciones sean benéficos para una economía y otra, muy distinta, es que tales objetivos deban buscarse a través de políticas de libre comercio. La experiencia de los países más desarro­llados es contraria: primero se protegieron y después de fortalecer su estructura productiva alcanzaron una elevada destreza y capacidad exportadora.

La realidad muestra que el libre comercio, en esta llamada era de globalización, ha empobrecido a muchos países y ha ampliado las distancias entre las economías industrializadas y las naciones en desarrollo. No es posible tapar el sol con las manos. Ya numerosos académicos, como las poblaciones, son conscientes de que aquella idea de que el libre comercio conduce al desarrollo no es más que un mito gratuito. El libre comercio no es la respuesta al desarrollo, al menos bajo el esquema de globalización seguido a la medida de los intereses de unos cuantos países desarrollados y del capital financiero.

Como advierte French Davis, importante economista chileno, detrás de la defensa del libre comercio no sólo hay exigencias técnicas de mejoras en productividad, su defensa muchas veces responde a intereses de actores con gran poder que tienen la capacidad de imponer sus aspiraciones y beneficios propios como verdades universales. Ello ha conducido a que impulsen una liberalización asimétrica, desigual según sectores. Así, imponen la liberalización de los sectores financieros y de telecomunicaciones, por ejemplo, pero no admiten la liberalización de los movimientos de mano de obra.

Si se permitiese la libre movilidad de las personas, con seguridad los resultados de la globalización no serían los que estamos presenciando, pues si la apertura de los mercados de bienes y servicios al libre comercio produjese quiebras de numerosas industrias y producciones agrícolas y elevadas tasas de desempleo en países en desarrollo, pero al mismo tiempo permitiese a estas poblaciones migrar a las naciones desarrolladas, se paliarían la miseria y las pérdidas de bienestar en las naciones más pobres. La salida de mano de obra hacia economías desarrolladas y de mayores remuneraciones reduciría las tasas de desempleo y evitaría el deterioro de los salarios, especialmente de los menos favorecidos, que son precisamente los que se han visto más afectados con esta globalización asimétrica. La apertura actual lo que ha hecho es cerrar cada vez más los caminos a la mano de obra. Sólo se legaliza aquella de personal calificado, cuya educación ha costado onerosos esfuerzos a estos países, reforzando así el círculo empobre­cedor derivado de una mala globalización.

Para Colombia las secuelas de la apertura de los años noventa han sido profundamente negativas. Después de haber tenido superávit comercial y en cuenta corriente al iniciarse la década de los noventa, pocos años después la apertura sin negociar y el abandono de políticas valiosas que utilizábamos en el pasado contribuyó, entre otras consecuencias, a la revaluación artificial del peso, lo que causó la ruina de numerosas empresas por la competencia extranjera y la conformación de déficit externo e interno, que ocasionaron a la postre devaluaciones importantes, empeoramiento del déficit fiscal y quiebra de empresas fuertemente endeudadas con el exterior. Nuevamente se repite la historia. Actualmente enfrentamos un ciclo de revaluación del peso por efecto de las políticas de Estados Unidos y de caprichos de los mercados financieros, conjuntamente con la pérdida de instrumentos de políticos para el desarrollo, con costosos resultados, fácilmente predecibles, de ruina para la actividad productiva interna y ampliación de los déficit externos, y graves secuelas cuando sobrevenga la devaluación.

Claramente, si el desequilibrio externo no se debe a mayor inversión sino a compras de consumo, es empobrecedor. Si, además, el déficit fiscal no se origina en la compra de productos y servicios internos sino en pagos al exterior, tiene efectos negativos sobre la economía y los ingresos de los colombianos. Y es precisamente esto lo ocurrido en el caso colombiano. Con la apertura se multiplicaron las importaciones, se amplió la deuda privada para financiarlas y paralelamente se redujeron las rentas del estado en beneficio de los sectores exportado­res externos y de los sectores financieros externos e internos. Todo ello condujo al desequilibrio fiscal y a una dinámica acelerada de ampliación de la deuda, cuyo pago resta capacidad de crecimiento a la economía, pues son recursos que se distraen­ del gasto productivo y engrosan las rentas del exterior, con el agravante de que dicha deuda no se tradujo en inversión que facilitara su pago posterior.

El gobierno pretende ocultar lo evidente: la pobreza ha aumentado y las desigualdades también. Las tasas de desempleo alcanzadas a finales del siglo pasado son únicas en la economía colombiana. Jamás ésta había experimentado un decrecimiento del PIB como el de 1999, superior al 4%, producto de los amplios desequilibrios comerciales y fiscales debidos al nuevo modelo y a las políticas instrumentadas para hacer frente a las perturbaciones sobre ella cuando ocurrió la crisis del Asia. Igualmente, la economía latinoamericana y la colombiana han sufrido un proceso de deterioro o estancamiento de la inversión, del valor agregado y de la productividad industrial, en esta etapa de globalización, como demuestra un estudio de la Unctad, citado por Germán Vargas Alvarado en un trabajo realizado para la Contraloría General de la República. Estos resultados a su vez son confirmados por estudios citados por Roberto Frenkel, en un trabajo realizado para el Grupo de los 24, los cuales encontraron que la apertura con revaluación condujo a la reprimarización y desindustrialización en diversos países suramericanos.

Adicionalmente, un costo de indudable gravedad del actual proceso de globalización es el aumento de la vulnerabilidad macroeconó­mica; en el caso de la economía co­lombiana, cuya estabilidad macro era ampliamente reconocida, el nuevo modelo significó la pérdida de los equilibrios macroeconómicos que llevaron a la firma de un acuerdo de stand by con el FMI en 1999, cuya inoperancia, por decir lo menos, para recuperar la estabilidad y restablecer el crecimiento, está ampliamente demostrada por la realidad y documentada en un trabajo al respecto realizado por la Contraloría General de la República. Lo que hace más grave la situación es que el actual texto del TLC contempla la renuncia a controlar la cuenta de capitales, cuyo significado para la estabilidad macroeconómica es inconmensurable. Equivale a la figura utilizada por el nóbel Stiglitz de lanzarse al océano en una tormenta a bordo de una barquita al mando de un capitán muy experimentado. No importa cuán experimentado sea este marinero, es fácil predecir que naufragará. Así les ocurre a los países en desarrollo frente a los poderosísimos mercados financieros mundiales dejados a su libre albedrío. Ello, en efecto, le aconteció a economías asiáticas, no propiamente las más débiles del planeta, que por la liberalización financiera vivieron una costosa crisis financiera después de años de haber sido reputadas como paradigma para países en desarrollo. ¿Qué esperar en el futuro para Colombia de aceptarse el TLC?

Y como si todos estos hechos no hubiesen existido, se disfraza la realidad afirmando que los casos de China o de la India son comparables con el modelo que hemos seguido desde los años noventa y que se quiere profundizar hasta las últimas consecuencias con el TLC con Estados Unidos, renunciando a la soberanía nacional en fundamentales instrumentos de política. Es verdad que dichos países han abierto sus economías, pero lo han hecho de una manera sustancialmente diferente a la impuesta a América Latina y a África; ha sido a su manera y de allí el éxito de sus políticas. Igualmente, con falta de rigor intelectual, se induce a engaño a los colombianos al afirmar que desde los años cincuenta a la actualidad el modelo o las políticas adoptadas son las mismas, que Colombia no experimentó una serie de reformas estructurales ni cambios sustanciales en los años noventa y que por ello resulta necesario ensayar otro camino, y ese necesariamente debe ser el del TLC.

Es necesario mirar los supuestos teóricos detrás de algunas recomendaciones y examinar las experiencias vividas sin prejuicios y con rigor. Al respecto, por ejemplo, la revista Semana en un artículo titulado “¿Paquete Chileno?” revela cómo las exportaciones de Chile a Estados Unidos en el primer año de aplicación del tratado se ampliaron menos de la mitad que a otros destinos, mientras que sus importaciones provenientes de allí aumentaron 30% ¿Será ésta una tendencia perma­nente? Por su parte, las cifras de inversión extranjera a países en desarrollo en estos años de apertura y aun las de México después del Nafta, según un estudio de César Calderón, Germán Loaiza y Luis Servén, develan que la gran mayoría se refiere a fusiones y adquisiciones y entre ellas a privatizaciones, es decir, simples traspasos de propiedad que significan la pérdida de patrimonios públicos y costos futuros para la balanza de pagos sin que dichas inversiones hayan inducido un mayor crecimiento.

Pero lo más grave de los acuerdos de libre comercio impulsados por Estados Unidos, de entre los cuales el de Colombia no constituye la excepción, es que no sólo abarcan el comercio de bienes: cubren prácticamente todos los aspectos de la vida, los económicos, y hasta los culturales bajo el disfraz de la libertad de comercio para las industrias de entretenimiento. Sus normas se constituyen en una supra constitución y su firma significa la pérdida de soberanía en múltiples aspectos que condicionan el desarrollo y el crecimiento futuro. Ellos se refieren a la inversión, los servicios, la propiedad intelectual, normas y disciplinas, y condicionan y limitan en grado sumo las políticas de desarrollo con que contaban los países en el pasado.

Por supuesto, la globalización es una excelente idea, ella potencia las posibilidades del hombre, pero no de la manera inequitativa y asimétrica en que ha ocurrido, la cual ha ampliado las distancias entre las naciones y entre los hombres excluyendo de los beneficios a los más débiles. Tomás Eloy Martínez, intelectual argentino, decía refiriéndose a los grandes avances tecnológicos de la humanidad: “Todo el conocimiento humano podría caber en una mano, pero esa mano no sería la de todos los hombres”. Como señalara el sociólogo Manuel Castell, el acceso a Internet requiere de infraestructura, de electricidad, de líneas telefónicas, lo que hace que la distancia entre el habitante de Manhattan y el de la inmensa mayoría de africanos no cese de ampliarse: pese a la globaliza­ción y el progreso técnico, cada día se profundiza.

Las economías en desarrollo deben insertarse en “la globalización” a su manera, negociando y con programas de integración profunda entre pares, donde las renuncias a la soberanía nacional estén compensadas por amplios beneficios, como ocurrió por ejemplo a España en la Unión Europea. Desde luego, el gobierno colombiano ha seguido la sen­da equivocada, pues firmar un TLC con Estados Unidos será el auto de defunción de la Comunidad Andina y de la integración con Venezuela, quien era el socio natural y con quien la integración hasta el gobierno de Uribe Vélez había avanzado a pasos rápidos.

*Economista e investigadora