Todavía no se ha contado la historia menuda del movimiento que llevó a que millones de colombianos depositaran en las elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para la paz

Por Camilo González Posso*

camilo@colnodo.apc.org

Parte de esa historia se hizo en una mesa del Hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate decidimos proponerle a Carlos Pizarro que, ante el hundimiento de piezas claves del pacto firmado con el Gobierno Barco y que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una constituyente para la democracia.

El primer borrador lo redactamos en una servilleta. Los coautores Alberto Caicedo y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los doce apóstoles delegados por el M19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo, donde se concentraba la comandancia de esa agrupación a la espera del cumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total. Pizarro dejó en remojo la iniciativa mientras firmaba sin condiciones el acuerdo de incorporación a la civilidad, pero la retomó a finales de febrero de 1990 como parte de su campaña a la Alcaldía de Bogotá; su lema fue: “Constituyente en movimiento”.

El borrador del Continental se propuso sin mayor eco a la CUT y en diciembre de 1989 fue acogido por los dirigentes de Fetracun, quienes lo publicaron en su periódico. Pero fue la Comisión Pro Constituyente, que se había integrado desde 1985, la que le dio forma al texto que se publicó en el diario El Espectador, con la propuesta a la familia Cano de cambiar su llamamiento al Voto en blanco por la invitación a convocar a una Asamblea Constituyente, mediante un Plebiscito Popular.

En la sede de la Democracia Cristiana, con un grupo designado por la Comisión Pro Constituyente, redactamos uno de los dos textos que serían divulgados masivamente. Alirio Caicedo y Diego Arango fueron anfitriones, y contribuyeron, entre otros, Armando Novoa, el constitucionalista y columnista de El Espectador Santiago Peña, Guillermo Cardona, Jaime Zuluaga Nieto, Jorge Regueros y el general Matallana. A esa cita concurrieron Fernando Carrillo, entonces profesor en la Universidad de los Andes, y algunos estudiantes, quienes manifestaron interés en el tema y reparos a la técnica jurídica del texto propuesto. En la columna del doctor Peña se hizo la presentación en público del voto. Los primeros miles de las papeletas se imprimieron en papel verde, con la idea fallida de publicitarlo como el voto verde.

No conocimos la historia íntima del trabajo de redacción del grupo de estudiantes ni ellos la han escrito todavía. Es una tarea pendiente de Fabio Villa, Catalina Botero, Ana María Ruiz y sus amigos del Congreso Universitario de febrero de 1990.

El resultado del trabajo de corrección promovido por Fernando Carrillo, Camilo Ospina y Marcela Monroy no nos sorprendió cuando fue dado a conocer en las universidades de los Andes y del Rosario. Un grupo de profesores y estudiantes de esas universidades, que por lo demás tenían comunicación fluida con Manuel J. Cepeda y otros asesores del equipo del presidente Barco, le dieron forma al texto que sería divulgado por el diario El Tiempo como la papeleta de los estudiantes y que incluyó a la democracia participativa como eje del cambio constitucional.

Se habían dado al menos tres procesos, que confluyeron simbólicamente en la sede organizada en el sótano del Cinep, que sirvió ante todo al núcleo de estudiantes que se colocaron a la cabeza de una convocatoria que había adquirido la dimensión de un gran acuerdo nacional resumido en la Séptima Papeleta. Los jesuitas colaboraron mucho, incluso para pagarle a la imprenta de El Tiempo, con un cheque del Provincial, la impresión de las papeletas que distribuimos el 11 de marzo. Desde la campaña de Pizarro, la gerencia distribuyó otros millones de papeletas acogiendo el texto de los estudiantes. Y los candidatos galanistas, como María Cristina Ocampo, hicieron otro tanto. Fue clave la decisión de El Tiempo de publicar el voto durante varios días, invitando a la gente a incluirlo de séptimo, después de las listas de ediles, concejales, alcalde, diputados, representantes y senadores.

De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venía hablando al interior de los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió en ella con fuerza en el Diálogo Nacional pactado por el M19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur. El 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de Diálogo y Concertación sobre Asuntos Constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de la reforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera “la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social”. En ese pacto entregado a los negociadores aparecen las firmas de Aurelio Iragorri (presidente del Senado), René Ramos (delegado del M19), Gustavo Gallón, Alirio Caicedo, Diego Uribe Vargas (delegado del Partido Liberal), el general (r) Hernando Zuluaga, Otto Ñañez y Camilo González Posso.

 Pero la idea de tomarse las urnas para una expresión soberana del pueblo, con un voto extrainstitucional, se concretó en diciembre de 1989, cuando aún se sentía el duelo por Luis Carlos Galán, Guillermo Cano y Jaime Pardo Leal, y cuando la influencia de clientelistas y narco políticos llevó al fracaso del Congreso de la República en la tarea de democratizar las instituciones. Los pactos de paz firmados en Santo Domingo, Cauca, cayeron en el parlamento, pero resucitaron por un camino imprevisto ese 11 de marzo cuando la Séptima Papeleta estremeció las urnas.

*Presidente Indepaz