El pasado 25 de octubre de 2004 los colombianos y colombianas vimos por televisión las imágenes de los oficiales del Ejército Nacional destruyendo sus arsenales de minas antipersona –MAP–, en medio del conflicto que vive el país, ante la mirada de observadores internacionales y con la presencia de algunas víctimas civiles y militares. Todo como parte de las metas que debía presentar el Gobierno en la Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa que se celebró a finales de noviembre en Nairobi, Kenia. Hecho tras el cual Colombia, como Estado, ingresó al club de las naciones que han destruido las minas antipersona almacenadas en sus cuarteles.

Sin duda, para las víctimas, para las familias de quienes perdieron a sus familiares a causa de estas armas, para las comunidades afectadas y para los sobrevivientes, actos como estos están en la vía de lograr algún día una Colombia sin minas. Pero el gran interrogante que queda es por qué los gobiernos comprendidos entre 1997 y 2004 (Samper, Pastrana y Uribe) no han dado respuesta a las reiteradas solicitudes de la Campaña Contra Minas sobre la cantidad total de minas producidas hasta 1998 en las plantas de la industria militar Indumil, sobre el total de las importaciones realizadas por el Ministerio de Defensa hasta marzo de 2001 y el dato de los países a los que se les compraron las minas. Recordemos que en esta fecha, marzo de 2001, fue cuando Colombia puso en vigencia la Convención de Ottawa.

Tal vez hubiera sido importante que el gobierno, tras la exposición del Ministro de Defensa, hubiera presentado estas cifras y explicado además por qué el país adolece de fuentes confiables al respecto. De esta forma le habría quitado el sabor de “la tarea cumplida” ante los organismos internacionales.

El trabajo por la destrucción de arsenales en Colombia apenas comienza y si queremos que los grupos al margen de la ley se sientan presionados a destruir también sus minas antipersona es necesario darle trasparencia al tema y generar los mecanismos de información pública confiables y verificables, que permitan una sensibilización hacia la señalización y permitan acciones humanitarias de desminado que involucre a los gobiernos locales, departamentales y nacional, en estrecha relación con las comunidades y zonas afectas del país.