"¡Siglo veinte, cambalache problemático y febril...
El que no llora no mama y el que no roba es un gil!
¡Dale nomás! ¡Dale que va!
¡Que allá en el horno se vamo a encontrar!
¡No pienses más, séntate a un lao,
que a nadie importa si naciste honrao!
Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive
de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley".
E. Santos Discépolo

Con la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso se ha reabierto el debate nacional sobre el "marco legal" para las desmovilizaciones que promueve el gobierno y el tratamiento a crímenes de guerra y de lesa humanidad

Por Camilo González Posso*
camilo@colnodo.apc.org

En el largo camino ya recorrido fue desahuciada la propuesta de "alternatividad penal" que sustentó el Alto Comisionado, para tramitar la legalización de los jefes "paras" a cambio de sanciones simbólicas y gestos de contrición; en cambio se produjo una reacción nacional e internacional reclamando que ese proceso se oriente efectivamente al desmonte del paramilitarismo en todas sus dimensiones, es decir, desmonte de la organización armada irregular, de sus redes de apoyo logístico y su capacidad de intimidación, de las estructuras económicas ilegales, de todo nexo con elementos de la fuerza pública y de la captura de instituciones con métodos violentos. La exigencia de verdad, justicia y reparación ha sido encabezada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte de la Misión de Apoyo a la Paz en Colombia formada por convenio entre la OEA y el gobierno Uribe, y ha sido respaldada por la Unión Europea, Congresistas de Estados Unidos y por el G 24 que se reunió en Cartagena el pasado 3 de febrero.