Se ha anunciado la desmovilización de 3.000 integrantes de las AUC durante los meses de noviembre y diciembre de 2004, es decir ya, y de otros 15.000 en los doce meses siguientes. Esas son palabras mayores de una gran operación que tiene estupefactos a los colombianos y con mil interrogantes a los más entendidos.

Por Camilo González Posso *
camilo@colnodo.apc.org

Que se desmonten los grupos paramilitares y que se concentre en manos de la fuerza pública el uso de la Fuerza del Estado para  toda labor de orden público seria un gran paso en Colombia para el ejercicio del control,  disminuir hechos de violencia y crímenes atroces.

Para los estrategas que en realidad manejan los hilos, esa desmovilización es un ajuste para institucionalizar la contrainsurgencia. De esta manera piensan hacer más efectiva la "guerra antiterrorista", con un Estado legitimado, sin tanto cuestionamiento internacional ni encubrimiento del trabajo sucio de  una fuerza irregular, incontrolada y sin sujeción a ley alguna. Desde el punto de vista humanitario se podría hablar de una operación para regular la guerra en la medida en que el Estado y el Gobierno actúen para desmontar aparatos cuya eficacia se asienta en crímenes de lesa humanidad y toda suerte de atropellos en nombre de la lucha contra la guerrilla y la defensa de negocios particulares lícitos e ilícitos. "Pagar para ver" se dice en el poker.

Pero mientras se discute sobre la suerte de los próximos desmovilizados poco se habla de los problemas de fondo de un proceso que "hace camino al andar", como acostumbra a decir el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo cuando hace  de la improvisación una virtud.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que no existe marco jurídico para esa desmovilización y que lo que se está usando, el decreto 128/2002, no pasa los estándares internacionales de justicia y no impunidad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido sobre la necesidad de normas y medidas efectivas que garanticen verdad, justicia y reparación y que sean congruentes con los Tratados Internacionales. Y mientras tanto ni el gobierno ni sus amigos en el parlamento le dan trámite al ya anunciado proyecto de Ley sobre Justicia y Reparación.

La agenda de improvisación y de interrogantes se alarga cada día: ¿En que piensa usar el Doctor Uribe esos 410.000 millones de pesos que pidió para la desmovilización "para"? ¿Cuánto le va a dejar a las víctimas, desplazados, viudas, huérfanos y lisiados? ¿Como se va a restituir a los expropiados de más de 2 millones de hectáreas? ¿Cuándo presentan la lista completa de los 15 o 20 mil que se van a desmovilizar en los próximos meses? ¿Cuándo se terminan las finanzas ilegales, no sólo las relacionadas con narcotráfico, sino las que se imponen a comerciantes, ganaderos o las que entregan voluntariamente algunos entusiastas patrocinadores? ¿Se le va a dar cabida a una comisión de la verdad, tal como recomiendan los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos? ¿ Qué se piensa hacer con los para Estatales que están en el brazo institucional?  ¿Sí, como han prometido, erradican el 60% de los cultivos de coca y no siguen exportando cocaína, a dónde van a parar las nuevas utilidades de ese negocio?

Y la pregunta del millón: ¿Cuándo se "posiciona" la Misión de Verificación de la OEA?