Editorial
   
     

 

 

 

Periodismo y derechos humanos

La Sociedad Interamericana de Prensa presentó como una de las principales razones por las que la libertad de prensa en Colombia cada vez es más restringida, la intimidación y celebró que por primera vez en ocho años, no se registró ningún asesinato de periodistas por razones de su oficio, dato que resulta curioso aunque no podemos dejar de celebrarlo si es cierto. Pero, al margen de ello lo que realmente es preocupante es que en casi todas las zonas del país donde el conflicto armado tiene presencia el elemento más recurrente sea miedo y los periodistas hayan optado por autocensurar las noticias y análisis relacionados con los actores del conflicto, guerrilla, paramilitares y fuerza pública.

La SIP también registró 22 amenazas a periodistas en los puertos de Buenaventura y Barrancabermeja, y en las ciudades de Yopal, Neiva, Ibagué y Cúcuta, de donde un periodista salió al exilio. Recordemos que allí, nueve periodistas denunciaron amenazas y agresiones por parte de funcionarios públicos y del propio alcalde de la ciudad, hoy encarcelado por presuntos nexos con paramilitares. Otro periodista de esa ciudad fue víctima de un atentado en el que murió su hijastra. Todo esto sin hablar de los comunicadores en Arauca. Ver nota de nuestra sección En pizarra.

A esta situación de los periodistas en región se suman otros hechos judiciales que afectan psicológicamente a quienes ejercen el oficio, como el cierre parcial del proceso por el asesinato del subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002. La Fiscalía acusó a dos coautores materiales y anunció que se iniciará una investigación para determinar la autoría intelectual. La medida causó el rechazo del gremio periodístico que consideró que la Fiscalía descartó testimonios y pistas que señalaban como presunto autor intelectual del homicidio al político local Ferney Tapasco; y la liberación, gracias al mecanismo de rebaja de penas, de Luis Carlos Molina Yepes, uno de los responsables materiales del asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido el 17 de diciembre de 1986, tras cumplir tan sólo seis años de prisión.

Las garantías para quienes han optado por este oficio cada vez son menores, con o sin documentos que los acrediten. La Corte Constitucional, por su parte, declaró exequible un proyecto de ley que reconoce legalmente la profesión del comunicador social, pero rechazó todos los artículos que pretendían establecer certificaciones estatales o exigencias académicas para el ejercicio del periodismo. Desde el punto de vista legislativo también resultan preocupantes las reformas a los Códigos Nacional Electoral, del Menor y el Tributario. La primera restringe de la libertad de expresión porque prohíbe la divulgación de publicidad y encuestas el día de elecciones; la reforma al Código del Menor impone a los medios obligaciones en términos de sus contenidos; y el proyecto de Reforma Tributaria, introduce nuevamente el impuesto al papel periódico, a los ejemplares, y a libros y revistas de importación y grava la publicidad de periódicos pequeños. Por su parte el Congreso ha iniciado el estudio de un proyecto que pretende regular el acceso a la información y establecer la posibilidad de clasificar ciertas informaciones como reservadas, que no estaban previstas en la legislación y que pueden generar restricciones para al libre ejercicio periodístico.

Ante éste difícil panorama que afrontan los comunicadores sociales y periodistas en las diferentes regiones del país se hace necesario promover por parte de los diversos medios de comunicación regionales y de las Facultades de comunicación social y periodismo espacios de formación y de discusión crítica de temas como derechos humanos con equidad de género, guerra, paz, conflicto interno y normas jurídicas, entre otros. La compleja situación que vivimos nos exige una formación y capacitación en derechos humanos de quienes cumplen la tarea de informar a la comunidad y de propiciar encuentros de reflexión acerca del rol de los medios de comunicación y los periodistas en la construcción de una cultura de paz.

 

 


 
 
 

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