Desde el 2000 Ecuador experimenta la afluencia de miles de colombianos que cruzan la frontera del Putumayo solicitando refugio por temor a los enfrentamientos entre los grupos armados. Este hecho determina la migración irregular y el fenómeno del desplazamiento a poblaciones ecuatorianas dentro de la provincia de Sucumbíos.

Por Katalina Barreiro Santana*
kbarreiro@gmx.net

Frente a ello el tema de la calidad migratoria ya sea por refugio, residencia o tránsito temporal se transformó en un eje que marcaría las relaciones bilaterales entre ambos países, que hasta ese momento se habían caracterizado por el proceso de integración regional facilitado por una asociación comercial entre ambas economías, así como un comercio local dinámico y complementario a nivel de las poblaciones de frontera. Basta recordar la Declaración Conjunta del 23 y 24 de agosto de 2000 entre los Presidentes de Ecuador, Gustavo Noboa y de Colombia, Andrés Pastrana, en la que "ambos Jefes de Estado expresaron su preocupación por las corrientes proteccionistas que afectaban al comercio mundial, violaban los principios universalmente aceptados e incidían negativamente en el libre comercio".

Para comprender mejor las condiciones migratorias, es importante conocer que el refugiado es la persona que solicita la protección de otro país, por encontrarse expuesto a violencia extrema que atenta contra su vida (huyen de la guerrilla, de los paramilitares o del reclutamiento forzoso), para lo cual el Ecuador brinda asistencia humanitaria mediante centros de refugio que son sustentados y administrados por donaciones de Acnur y la iglesia católica ecuatoriana.

El Acnur y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, han afirmado que existen alrededor de 350 a 400 mil colombianos que han ingresado a territorio ecuatoriano, de los cuales apenas el 5 % de los mismos solicitan refugio y el 1% de ellos cumplen con los requisitos para ser otorgado su estatus de refugiado, el resto se encuentra en una situación migratoria irregular o ilegal, residen principalmente en las ciudades de Nueva Loja, San Lorenzo, Ibarra y Santo Domingo de los Colorados. Durante el año 2002 se presentaron 1.190 solicitudes de refugio y solamente en el mes de julio se ingresaron 7472, según información publicada en el Diario Universo, de Guayaquil, el 16 de julio.

El residente es aquella persona que decide fijar residencia en otro país e incorporarse a la vida económica de éste. Para ello debe presentar una solicitud de residencia ante las autoridades ya sea para trabajar o establecer un negocio, en caso contrario si no tiene la calidad ni de refugiado ni de residente, podría ser deportado a su país de origen. Dentro de la calidad de residente se encuentran alrededor del 5% de los colombianos en el Ecuador, ya sea por visas de trabajo o de inversionistas.

El tránsito temporal se aplica a aquella persona que ingresa a otro país con estatus de turista, mediante un permiso para permanencia en el territorio por un tiempo límite y no puede realizar actividades económicas.

Dentro de este contexto el Ecuador enfrenta las consecuencias del conflicto colombiano manifestadas, por una parte, en el fenómeno social del refugiado y la migración y, por otra, la percepción de amenaza frente a la posibilidad de que los grupos irregulares colombianos puedan realizar operaciones desde territorio ecuatoriano, el incremento de la violencia interna, menos fuentes de trabajo para sus nacionales y una balanza comercial negativa.

Frente a lo cual las políticas ecuatorianas de control y combate a los delitos transnacionales de narcotráfico y terrorismo, se relacionan directamente con medidas restrictivas migratorias. Mientras que Colombia defiende el estatus migratorio de sus ciudadanos que debido al conflicto interno deben abandonar su país. Además, hay que añadir que las poblaciones de frontera tradicionalmente habían sustentado su economía en el comercio bilateral, pero tanto por el sistema monetario dolarizado que tiene el Ecuador, que creó un escenario de oportunidades para el mercado regional y de pérdidas para la producción nacional, como por el encarecimiento de sus mercancías, el incremento de la violencia en la zona, la aguda crisis que actualmente enfrenta la economía de estas poblaciones, la presencia de un número elevado de colombianos en cárceles ecuatorianas por delitos comunes y la incorporación de colombianos a la fuerza laboral del reducido mercado ecuatoriano, ha generado un ambiente de promover la protección de los nacionales frente a la presencia de alrededor de 400 mil colombianos.

La disconformidad de los gobiernos locales de las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, con un total de aproximadamente 530 mil habitantes (Dato obtenido de la Escuela Politécnica del Ejército), ha hecho que se tomen medidas rígidas de control, como es el cierre del Puente Binacional de Rumichaca, que representa un mecanismo provisional de seguridad interna para controlar, a través del puerto terrestre de mayor flujo con Colombia, el ingreso tanto de mercancías como de personas. Otra ha sido la vigencia del pasado judicial como una forma de control migratorio, frente a la advertencia de la posibilidad de instaurar visas, a pesar de que en términos de la normativa andina, todo ciudadano de la región tiene garantizado su libre tránsito por medio del documento de identidad.

Previa a la visita del Presidente Uribe a Ecuador, han existido denuncias respecto a la violación de derechos humanos en contra de los colombianos, en relación a las oportunidades de incorporarse económicamente al mercado local. Más dentro de la Declaración Presidencial, efectuada en Esmeraldas el pasado 15 de octubre en la que se trataron de manera especial los temas de migración, refugio y repatriación de detenidos, manifestado el interés colombiano de garantizar el libre tránsito de sus ciudadanos, mientras que para Ecuador se trata de mantener su seguridad soberana e interna.

Para Colombia es fundamental conseguir la apertura formal del Puente de Rumichaca, cerrado en horas nocturnas y la aplicación de la Decisión 545 que permite un tratamiento especial para trabajadores de la zona de frontera, a fin de reglamentar la circulación de mano de obra colombiana en Ecuador. Para Ecuador es urgente que el gobierno colombiano impulse los programas de retorno voluntario que ya han sido aplicados en Venezuela y Panamá. Una presencia institucional colombiana en la frontera, un censo de ciudadanos colombianos y la aplicación del Reglamento sobre procedimiento de repatriación de personas sentenciadas entre Ecuador y Colombia.

Pero más allá de los esfuerzos políticos por mejorar las relaciones bilaterales, aún no se han planteado soluciones a las causas existentes para el desplazamiento de la población colombiana, que responden al combate del conflicto interno, como por ejemplo: las operaciones de fumigación, cuyas consecuencias colaterales se viven en territorio ecuatoriano, una evaluación sobre los proyectos de desarrollo de la zona que fueron concebidos con el afán de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de frontera a cambio de fortalecer actividades económicas alternativas y lícitas frente al cultivo de coca y amapola y el déficit en la balanza comercial entre ambos países.

La percepción de la población ecuatoriana respecto de la migración colombiana, es la de una amenaza de seguridad no sólo en relación a una posible expansión del conflicto sino como un incremento de la violencia interna, la delincuencia común, así como una reducción de las posibilidades económicas en el mercado ecuatoriano ya sea mediante el ingreso de productos colombianos y la ocupación de fuentes de trabajo.

*PHD (c) en Ciencias Sociales. Investigadora Flacso-Ecuador