El fenómeno paramilitar colombiano presenta algunas características sobre las cuales es necesario volver para analizar la viabilidad de un “proceso de negociación” con estos grupos.

Por Jaime Zuluaga Nieto*
jzuluagn@yahoo.com

Lo primero que hay que destacar es su diversidad de orígenes: unos grupos surgieron directamente articulados a sectores de las fuerzas militares, como instrumentos auxiliares para la acción contrainsurgente, como fue, entre otros, el caso de Puerto Boyacá y el tristemente célebre Batallón Bárbula; otros, organizados por narcotraficantes, como respuesta a las acciones de secuestro y extorsión de la guerrilla: el MAS, los paramilitares de los hermanos Castaño en Urabá que darían origen a las Accu, para citar algunos ejemplos; otros son resultado de la respuesta de agricultores, ganaderos y comerciantes a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad frente a las exacciones de las guerrillas y de la delincuencia común.

Esta diversidad de sus orígenes, así como el hecho de ser expresiones de fuerzas locales y regionales, está en la base de su acentuada heterogeneidad. Más allá de esta heterogeneidad, el factor común a estas organizaciones es su vocación contrainsurgente, lo que ha posibilitado ser aliados de hecho de las Fuerzas Armadas y convertirse en la expresión militar de un proyecto de extrema derecha, orientado a golpear tanto a las guerrillas, las organizaciones sociales populares y los sectores democráticos. Las masacres, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado las amenazas han sido sus medios de acción, con los cuales han aniquilado dirigentes, desarticulado organizaciones y destruido tejido social. Con sus acciones han golpeado en el corazón de las dinámicas de construcción democrática a partir de las organizaciones sociales, produciendo un daño humano y social inconmensurable. Desde 1997, año en el que se intentó unificar ese heterogéneo universo en las Autodefensas Unidas de Colombia –Auc–, estas acciones han tratado de ser encubiertas con un discurso político que reivindica la defensa del Estado Social de Derecho, la lucha contra la inequidad y la injusticia social.

La acelerada expansión y consolidación de la presencia paramilitar está asociada a diversos factores: la complicidad activa o pasiva de sectores de las Fuerzas Armadas y del Estado; la impunidad de que gozaron durante años; los apoyos políticos, sociales y económicos dispensados por sectores de la sociedad, en lo que han jugado un importante papel algunas elites regionales y locales; su estrecha imbricación con las organizaciones criminales internacionales del narcotráfico; los abusos de la guerrilla contra la población.
Todos estos factores determinan la complejidad del fenómeno paramilitar en Colombia: en ninguna otra guerra interna en el Continente el paramilitarismo alcanzó la magnitud que tiene entre nosotros, los grados de autonomía con que se mueve frente al Estado y los gobiernos, y el poder militar, político, económico y social que ha acumulado. Es de tal magnitud que el propio Presidente afirma que “a medida que se retiran las mal llamadas organizaciones paramilitares han reaparecido los grupos guerrilleros a secuestrar”. ¿Confesión de la impotencia del Estado? ¿Reconocimiento del fracaso de la política de seguridad democrática? ¿Justificación del paramilitarismo? Estas son algunas de las preguntas que la afirmación presidencial provocan. Tanto más cuanto que hoy se reconoce que el “país se ha paramilitarizado” y que, en medio de las negociaciones entre el gobierno y los paramilitares estos grupos siguen creciendo, no han cesado hostilidades y continúan asesinando, secuestrando y traficando.

Las negociaciones y sus implicaciones éticas y políticas
No hay la menor duda de que es necesario apoyar las negociaciones orientadas a desmovilizar los grupos armados ilegales, máxime cuando se trata de organizaciones que son los principales responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que han caracterizado la dinámica de la guerra interna en Colombia en los últimos años. Pero estas negociaciones, como las que se adelanten con cualquier grupo armado ilegal cualquiera que sea su signo político, deben ajustarse a unos mínimos requerimientos para ser éticamente aceptables y viables políticamente.

Carlos Castaño sostenía que sin “seguridad jurídica” no habría proceso de paz con ellos. “Don Berna” ha reiterado que no están dispuestos a “pagar un solo día de cárcel”, posición reiterada por Mancuso. En las condiciones actuales, no es posible pensar un proceso de esta naturaleza sin un adecuado equilibrio entre las exigencias de la justicia y las urgencias de la paz, lo que significa que habrá siempre un cierto grado de impunidad en aras de la paz, pero que esta impunidad no puede ser total. La total impunidad además de ser éticamente inaceptable, no es viable en el actual contexto internacional: la jurisdicción internacional y/o la Corte Penal Internacional probablemente actuarían en tal caso. La justicia implica conocimiento de la verdad de lo sucedido y reparación de las víctimas. Este aspecto relativo a la verdad y a la reparación nos conduce a la cuestión de la viabilidad política.
La definición clara de objetivos de la negociación, la determinación de sus procedimientos, la naturaleza de los acuerdos y su cumplimiento inciden en la viabilidad política. El Alto Comisionado para la Paz recordó los objetivos de la negociación con ocasión de la instalación de la mesa única de negociación el 1 de julio de este año: garantizar la gobernabilidad democrática, el monopolio estatal de las armas y avanzar en la desmovilización de las autodefensas. Sin embargo, Mancuso, en esa misma oportunidad planteó una agenda de negociación diferente: “Daremos comienzo a nuestra misión, exponiendo ante Colombia y el Gobierno nacional, la propuesta de cinco grandes temas que conforman nuestra agenda básica de negociación, estos son: 1. derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario, redefinición y verificación del cese de hostilidades. 2. Implementación y aplicación de políticas integrales de la tesis de seguridad democrática en las regiones de influencia de las Autodefensas Campesinas, tanto en el campo militar de la seguridad como en el campo social de la inversión. 3. Definición, ubicación y reglamentación de las zonas de concentración. 4. Erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, en las zonas de influencia de las Autodefensas Campesinas. 5. Seguridad jurídica, derechos civiles, políticos y garantías de reincorporación a la vida civil”. Esta discrepancia en los objetivos de la negociación es preocupante, pero mucho más lo son otros aspectos.

Como el mismo gobierno lo ha reconocido, y se ha puesto de manifiesto en los ineficaces ultimátums presidenciales, los paramilitares no han cumplido el cese de hostilidades y han continuado sembrando el terror en muchas zonas del país, mediante el asesinato de dirigentes indígenas, líderes sociales, desplazando población, ajustando cuentas entre sus bandas, como en el caso de la escandalosa confrontación, impasiblemente seguida por las fuerzas estatales, entre el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas de Casanare. Continúan además con sus actividades ilícitas: extorsión, narcotráfico y secuestro. Contrasta la flexibilidad extrema con estos grupos, con la rigidez gubernamental frente a un posible acuerdo humanitario con las Farc-Ep para la liberación de secuestrados, o para el inicio de conversaciones con el Eln.

Preocupante e inaceptable políticamente es la postura sostenida por los dirigentes paramilitares en el sentido de autoconsiderarse como víctimas de esta guerra y, por lo tanto, exigir que ellos sean incluidos en las acciones de reparación. Como tampoco es aceptable que, con el argumento de haber colocado sus bienes al servicio de su guerra, que la consideran responsabilidad del Estado, pretendan escapar a las acciones de extinción de dominio que proceden contra la riqueza ilícitamente adquirida.

Los paramilitares se precian de haber construido fidelidades en dos décadas de guerra y disponer de un poder que les permitirá convertirse en movimiento político. Las redes de ese poder se expresan en gobernaciones y alcaldías bajo su control, en instituciones públicas y privadas a través de las cuales desvían recursos económicos, en formas de control de regiones del país basándose en la intimidación, en unos casos, de la cooptación, en otros. ¿Bastará con desmovilizar sus agrupaciones armadas dejando incólumes estas redes de poder que han alimentado, alentado y apoyado la acción paramilitar? La viabilidad política de una negociación orientada a acabar con el paramilitarismo y cerrar puertas a su posible resurgimiento o a la continuación de sus actividades en forma encubierta, pasa por desmontar estas redes. Y es además una exigencia de verdad: la sociedad colombiana tiene derecho a conocer las fuerzas que han alimentado esta maquinaria de guerra. De allí la pertinencia de la advertencia formulada por el International Crisis Group en su informe de agosto de 2004, a propósito de la intervención de los jefes paramilitares en el Congreso: “utilizaron esta plataforma para reiterar la propuesta de las Auc en el sentido de seguir desempeñando un papel de contrainsurgencia después de su desmovilización, mediante el control de vastas regiones del país, en lo que constituye una propuesta abiertamente interesada que les permitiría conservar las tierras y otras propiedades ilegalmente adquiridas, así como continuar con sus operaciones de narcotráfico”. Y ello no es aceptable ni ética ni políticamente, así el país se haya paramilitarizado y su eventual retiro de unas zonas haga posible que las guerrillas vuelvan a secuestrar, como lo afirma el Presidente Uribe.

* Profesor asociado,
Universidad Nacional de Colombia