Miles de indígenas marchando pacífica y ordenadamente por la vía que de Popayán conduce a Cali han causado más daño a la imagen de la seguridad democrática que la oposición política organizada, la presión internacional, la crítica académica al Gobierno y hasta los actores armados. Esto lo sabía desde un principio el Presidente y por eso se opuso a la marcha

Por Gabriel Bustamante Peña*
gbustamante@javeriana.edu.co

Secuestros a dirigentes indígenas, desplazamientos forzados a sus comunidades, desapariciones de sus líderes, detenciones arbitrarias, persecuciones, asesinatos y masacres, amenazas a sus territorios ancestrales, menoscabo de su autonomía y vulneración de sus derechos fundamentales conquistados a través de siglos de luchas fueron los motores para marchar pacíficamente. Y lo único que atinó a decirles el presidente Uribe fue ¿y para qué esta movilización?, además de tratarlos de cómplices de terroristas, politiqueros y mentirosos; y oponerse rotundamente a que llevaran a cabo su protesta. Actitud a la que se sumó el ministro de Defensa que amenazó con la intervención de la fuerza pública si se atrevían a pisar la carretera, y la actitud del gobernador del Cauca que ebrio de fundamentalismo sentenció: “Primero se congela el infierno antes de que se tomen la vía panamericana”.

El que no está conmigo está contra mí
En contravía a la propaganda gubernamental y a los medios que promulgan un país próspero, seguro y estable, esta movilización popular sacudió las estructuras mismas del establecimiento y agrietaron su artificial prosperidad, y le dieron un duro golpe al absolutismo y a la dictadura comunicativa.

Ha sido una constante de este Gobierno el no soportar la crítica y el disentimiento, y tratar de enemigo y hasta de terrorista a todo aquel que disienta de la posición oficial. Por esto su prevención hacia las comunidades indígenas que han rechazado sus políticas de seguridad democrática y que se opusieron a su propuesta de hacer parte de su red de informantes, sus soldados campesinos, sus familias guardabosques e integrar las guardias indígenas con la fuerza pública. Uribe Vélez no comparte que las comunidades indígenas se declaren neutrales ante el conflicto armado y dice “los indígenas, como todos los colombianos, deben apoyar a las instituciones legítimamente constituidas y que garantizan la aplicación de la democracia en el país”.

Que a un gobierno le disgusten las marchas es una cosa, pero otra que trate por todos los medios de impedir el derecho a la protesta pacífica. Desde el mismo momento en que se comenzó a anunciar la movilización indígena del Cauca, el Presidente trató por todos los medios de impedirla. Usó, como es su costumbre, los datos oficiales para deslegitimarla, envió a funcionarios nacionales y departamentales a convencerlos de no marchar: “siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional... hicimos las mesas de trabajo en educación, en materia de producción, de salud, de tierras y de derechos humanos... incorporamos al Plan de Desarrollo el decreto 982 como parte del gran acuerdo de convivencia con todos los  pueblos indígenas, no porque existiera una marcha en camino, sino porque era nuestro deber, nuestro espíritu, nuestra convicción social y de demócratas”, indicó Juan José Chaux, Gobernador del Cauca –el mismo de la amenaza del infierno–.
Como si fuera poco fue personalmente hasta el Cauca a intentar persuadirlos: “si hay bloqueos, la orden que tiene la fuerza pública es despejar”. Luego agregó: “no veo relación entre los problemas que están planteando y la marcha. Veo que la marcha lo que tiene es un objetivo político y como tal lo debían presentar, pero no montarle mentiras. Digan la verdad, digan que ustedes tienen un partido político y que quieren salir a marchar y a protestar, pero no le inventen embustes al país”.

No contento con esto, difundió ampliamente la presencia de actores armados detrás de la marcha, en un intento desesperado por estigmatizarla a cualquier precio y desvirtuar su carácter pacífico.

Uno más uno es mucho más que dos
Cuando un actor armado –como las Farc, el Eln o las Auc–, e incluso el Gobierno ingresan a territorio indígena, se encuentra con una comunidad que cimienta sus raíces en miles de años de historia y tradición, ante una unidad colectiva que basa sus relaciones y dinámicas en su estrecho vínculo con la naturaleza, por lo tanto no podrán entender que la figura de individuo, creada en el egoísmo que promulgó hace algunos años el liberalismo económico, no cabe dentro de su cosmovisión.

Difícilmente en nuestras ciudades podríamos ver movilizaciones solidarias como las protagonizadas por los indígenas, que no sólo rescatan a sus alcaldes secuestrados por los grupos armados y sus líderes capturados injustamente por el Gobierno, sino que actúan como pueblo ante cualquier menoscabo de su integridad colectiva. Nuestras organizaciones políticas, gremiales, sindicales o ciudadanas, no responden a esta lógica, no pasan de ser suma de individuos que no trascienden a lo colectivo ni pueden desarrollar valores como la solidaridad o la tolerancia en el real sentido de la palabra.

Una jornada de movilización, como la llevada a cabo en el Cauca, es prácticamente imposible de realizar por otros sectores, inválidos para moverse en colectivo. ¿Quiénes marcharían más de 100 kilómetros durante tres días, bajo un inclemente sol, con la fatiga de la sed y el hambre, dejando atrás hogares y trabajo, llevando consigo a todas las expresiones de la comunidad (mujeres, niños, ancianos y adultos) y bajo la amenaza Presidencial de la represión de la fuerza pública? O más evidente: ¿Cuántos estarían dispuestos a internarse en las selvas de Colombia a rescatar a sus vecinos o familiares privados de la libertad por los grupos armados o exigir efectivamente al Estado la libertad de los detenidos por causas ajenas a la justicia, más cuando hoy las detenciones masivas son un instrumento de coerción política? Acaso, los más valientes llegarán a la plaza de Bolívar y los más osados escribirán un graffiti, pero la gran mayoría no acudiría a una convocatoria de solidaridad por la vida ¿Qué más se puede esperar de un país donde los medios de comunicación premian la banalidad sobre la tragedia en que vivimos?

La unidad indígena es un baluarte cultural, histórico y político de la mayor trascendencia para el país, es una luz dentro de nuestras fragmentadas ciudades guiadas por la corrupción de los intereses particulares que han hecho de nuestra democracia un formalismo vacío de sentido y lleno de mentiras y violencia. Un modelo de organización social de incalculable valor, que garantiza el orden con figuras como la guardia indígena que hace ver primitiva la represión inútil de nuestra policía nacional y que dejan sin piso las contraproducentes políticas de seguridad democrática, con sistemas de derecho oral que se acercan más a los postulados de justicia que a nuestro vergonzante sistema penal y penitenciario, y con un valioso cúmulo de milenarias prácticas medicinales.

Una resistencia que muta
La resistencia indígena tiene inició histórico con la llegada de los conquistadores a sus tierras ancestrales hace más de 500 años, ha sido una lucha contra la dominación y el exterminio de su pueblo, que para ellos es una sola con la depredación de la naturaleza por la ambición capitalista, y por ello se les antoja absurdo que el proyecto de las guerrillas con menos de 50 años de existencia, de los paramilitares con dos decenios, o del Gobierno de Uribe con apenas dos años de inexpertos experimentos antidemocráticos, vengan a decirles cómo organizarse, cómo defenderse o arrogarse la legitimidad de sus luchas. Todos estos discursos primíparos de liberación, de resistencia o de seguridad deberían causarles eternas carcajadas a los taitas, pero todo lo contrario, han sido causa de nuevos desplazamientos, muerte y atrocidades contra los pueblos indígenas. Por eso siguen marchando y siguen resistiendo.

Ante todo, esta marcha fue un llamado de atención a los actores armados para que respeten sus vidas y sus territorios; y a las políticas de seguridad democrática. El Gobierno en lugar de escucharlos y concertar con ellos, por no decir aprender de su enorme sabiduría, optó por la represión por medio de amenazas a sus líderes, detenciones arbitrarias, militarización de sus territorios y hasta el cierre de una emisora indígena; además de otros hechos graves que sacan a flote la contradicción del discurso concertador y democrático del Presidente y sus acciones intolerantes de gobierno.

Acusan a Álvaro Uribe de secuestrador
Al igual que rescataron de manos de las Farc a Arquímedes Vitonás, alcalde de Toribío, en una intrépida movilización masiva a las selvas del Caguán, también fueron efectivos en movilizarse y presionar al Gobierno por la liberación del Mayor Alcibíades Escué, quien fuera declarado sabio de la humanidad por la Unesco y terrorista por el Gobierno, capturado días antes de la marcha, según sus líderes, con falsos cargos como retaliación a la oposición indígena a la seguridad democrática. Acto que en el Congreso y en la Comisión de Gobernadores Indígenas, realizado en Bogotá el 18 de septiembre, fue declarado como Secuestro Político, del que acusaron internacionalmente a Álvaro Uribe Vélez; por esto también se movilizaron 89 gobernadores indígenas y 400 miembros de la Guardia Indígena del Cauca hacia las instalaciones de la Dijín en Bogotá y consiguieron su liberación. Escué, representante legal de la Arsi de la Asociación Indígena del Cauca (AIC), recobró la libertad después de que un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al no encontrar méritos suficientes dentro de la investigación por concierto para delinquir y terrorismo.

Dato curioso de la marcha del rescate, esta vez en las selvas de concreto bogotanas, es el hecho de la infiltración de sujetos armados, dos de los cuales fueron retenidos e interrogados por la guardia indígena que procedió al decomiso de las armas y que resultaron ser miembros efectivos de la policía nacional que no supieron explicar su presencia al interior de una marcha pacífica.

Este grave hecho (un presidente acusado de secuestrador), que se suma a las innumerables detenciones masivas sin fundamento, revestiría sin lugar a dudas la categoría de escándalo de enorme envergadura en cualquier país del mundo, menos en Colombia, donde pasa desapercibido en medio de consejos comunitarios, debates de reelección, encuestas de imagen presidencial y noticias que día a día, y a pesar de los hechos, ensalzan y elogian la figura mesiánica del Presidente.

Por esto no fue raro para los indígenas que los medios de comunicación tergiversaran la marcha, que la mostraran como una cosa folklórica, y que además escondieran sus verdaderos motivos, protestar pacíficamente contra todos los actores armados y contra el Gobierno y su Estado Comunitario en lo que respecta a la política internacional con el TLC, su represión e irrespeto a los pueblos indígenas sustentados en la seguridad democrática y sus reformas a la Constitución de 1991, que consideran un atentado contra ese hito histórico que representa siglos de luchas por alcanzar reconocimiento constitucional y legal en nuestro país.

* Asesor académico de Indepaz