Los cuarenta y siete parques y reservas naturales revisten una importancia crucial en el ámbito nacional e internacional por ser depositarios de la biodiversidad biológica y cultural, con especies vegetales y animales únicas por unidad de área, y de los ecosistemas que garantizan en lo fundamental la producción y regulación hídrica del país, colocándolo en el cuarto lugar de biodiversidad en el planeta. Allí se albergan ancestralmente grupos étnicos y de campesinos que con sus conocimientos, innovaciones y prácticas han contribuido al desarrollo sostenible del medio ambiente. De igual manera, en estos parques se ubican los recursos estratégicos naturales no renovables

Por Martha Alicia Duque G..*
madugar@tutopia.com

Diversos estudios y foros nacionales e internacionales han denunciado la política de militarización de EU, generada primero como pretexto de la lucha antinarcóticos con el Plan Colombia, ahora transformada en antiterrorista con el Plan Patriota, extendida a los países de la Zona Andina, bajo la denominación de Iniciativa Andina Regional –IRA–, como una estrategia para ejercer el control territorial de EU sobre la Zona Andina y la Amazonia, por ser ésta una de las principales fuentes de agua dulce y biodiversidad en el mundo, además de los cuantiosos recursos naturales no renovables que posee.

La política de fumigaciones por aspersión aérea a los cultivos de uso ilícito, ahora con glifosato, como parte del Plan Colombia ha demostrado su rotundo fracaso, con efectos desastrosos sobre la población, la salud y el medio ambiente, tal como lo ha venido señalando la Defensoría del Pueblo y como se recoge en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Las cifras de la medición satelital de Naciones Unidas –Unodc– en convenio con Colombia, en principio, muestran resultados exitosos, al pasar de 102.000 héctareas en el 2002 a 86.000 en el 2003, con disminución de 16%. Pero al mismo tiempo se observa un desplazamiento creciente en los mismos años hacia otras zonas [Nariño (17%), Meta (39%), Bolívar (63%), Antioquia (41%), Córdoba (118%), Boyacá (403%)], que podría ser indicio de reorganización de la producción y del negocio del narcotráfico en zonas con predominante presencia de un sector del narcotráfico y el paramilitarismo. Se destaca el cambio de producción a atomizada, en pequeñas escalas, pero con mayor productividad. Cuando se presenta intercalada con otros cultivos se escapa a la medición satelital. No obstante, el hecho real es que los precios de la coca en EU se han mantenido o reducido levemente, lo que significa que la oferta de Colombia sigue estable.

Lo más preocupante es que acompañado al reporte de éxito de la reducción de coca se anuncia, por parte del secretario de defensa Donald Rumsfeld, la idea de duplicar la presencia militar de EU en el país, al aumentar a 800 el número de militares y a 600 el de contratistas que trabajan en el país en labores antinarcóticos y antiterroristas.
En contraste, los países andinos (Perú, Bolivia y Ecuador) lograron reducir sustancialmente la producción de coca, rechazando la intervención de EU con la fumigación aérea, optando por procesos de erradicación manual de los cultivos comerciales, concertados con la comunidad.

Se venden
El gobierno de Uribe, paralelo con las negociaciones del TLC, ha venido ejecutando políticas y una nueva ola de privatizaciones de los bienes de uso público y del medio ambiente, impuesta por EU en compañía de los organismos multilaterales y las ETN·s. En el plan de desarrollo, el Gobierno Nacional ha consignado las bases para incorporar la privatización con inversión extranjera de los sectores estratégicos, como hidrocarburos, inversiones en biodiversidad, acceso a recursos genéticos, flexibilización en licencias ambientales y adecuación de hidrovías, otorgando trato no discriminatorio en el marco del Alca y el TLC.
En esta línea, el Conpes –Consejo Nacional de Planeación– recientemente aprobó un crédito con el BID –Banco Interamericano de Desarrollo–, quien adelantó el proyecto inicial de estudios del Lirsa por cinco millones de dólares, para financiar la segunda fase del programa de apoyo al proceso de participación privada y concesión en infraestructura, el cual incluye el transporte fluvial (ríos) y parques naturales, “Apoyar el desarrollo de esquemas de participación privada en otros sectores –parques naturales, cárceles, educación básica, media y superior, salud, trámites y gestiones ante el Estado, entre otros–”; como parte del resto de sectores de vías, puertos y aeropuertos, transporte urbano, energía, gas, comunicaciones, agua potable y saneamiento básico.

En esta dirección, el Gobierno viene adelantando numerosas macroruedas de negocios con las ETN·s, que en realidad son verdaderas subastas de los bienes patrimoniales de uso público. En Cartagena se celebró la macrorueda de Negocios Milenium, a cargo del ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, en la que se ofertaron tres sectores estratégicos: turismo, forestal y software. Los dos primeros, asociados con los recursos ambientales. Se incluyeron los parques naturales a lo largo del país, desde la Guajira hasta la Amazonia, entre los cuales se reseñan, con fines ecoturistas y agroturistas, el Tayrona en la Guajira, en la región Pacífica las islas Gorgona y Malpelo, en la Amazonia el Amacayacu, y el de los Nevados en la zona cafetera. En materia forestal se presentó este sector con un inmenso potencial para el desarrollo de la reforestación e industria.
Del mismo modo, dentro de la política integral, EU con el TLC, se está exigiendo patentar las formas de vida natural, biológica y humana y se pretende abrir el camino legal a la biopiratería o robo de genes.

Patentar formas de vida está expresamente prohibido en la Constitución Nacional y en los convenios internacionales, y está asociado a los parques naturales y resguardos indígenas, que se definen como bienes de uso público inembargables, inalienables e imprescriptibles, es decir, que no pueden ser objetos de propiedad privada, ni de compraventa, o sea, no se pueden privatizar ni mercantilizar.

En especial se violarían los Convenios de Biodiversidad Biológica y la Ley 165 de 1994 que lo ratifica, la Decisión 391 de 1991 del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 486 del 2000 sobre derechos de propiedad industrial que prohíbe patentar formas de vida y que rigen para la CAN, el Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre pueblos indígenas, aprobado por la Ley 21 de 1991, que establece la consulta previa y, la Constitución Política en sus artículos 7, 63, 79 y 80; atentando contra la soberanía nacional y la seguridad alimentaria.
El gobierno, ante las amplias denuncias y movilizaciones, anunció que no fumigaría los parques –decisión ratificada por el Presidente Uribe–, señalando que la erradicación se haría manualmente, para lo cual ya habían contratado la fabricación de una máquina usada con éxito en el Perú.

Lo que se esperaba del Gobierno, era la vinculación en los parques naturales de los grupos ancestrales indígenas, afrocolombianos, asentados en los resguardos y tierras colectivas comunales. Pero lamentablemente se engañó al país y a las comunidades. El Presidente, en primer lugar, anunció el inicio del programa para reinsertados en seis municipios de la zona cocalera del occidente de Boyacá, con aportes a cada familia de $3 a $3.5 millones de pesos; lo cual hace parte del programa de Guardabosques, del Plan Colombia que busca la erradicación manual en las zonas cocaleras de Urabá, Bajo Cauca, Antioquia, Guaviare y un sector de la Sierra Nevada, desde diciembre pasado. En segundo lugar, el Gobierno y la Policía anunciaron el operativo para fumigar el Parque de la Sierra Nevada, supuestamente, debido a que sectores de la comunidad no se acogieron a la erradicación manual, lo que contrasta con la movilización de los indígenas y campesinos y el taponamiento de la troncal del Caribe reclamando la erradicación manual.

El panorama que se cierne es nefasto, pues la combinación de las estrategias de EU, de militarización, dentro de la política de EU, de seguridad y privatización con mercenarios –denunciada por la prensa nacional y Naciones Unidas–, con la estrategia de seguridad democrática, Plan Patriota, legalización del paramilitarismo en los parques naturales a través de los reinsertados –guardabosques–, fumigaciones, desplazamiento y etnocidio, generan violación masiva de derechos humanos. Se crearían además las condiciones para que los parques naturales sean el soporte de privatización para las ETN·s estadounidenses. Por un lado, para el turismo, apropiación de genes con fines comerciales y de patentes en general, denominado bionegocios. De otro lado, para los megaproyectos de construcción de obras, vías, adecuación de hidrovías, con los ejes modales, de la Lirsa, de la industria extractiva y de recursos estratégicos, con los peligros de desastres ambientales en estos territorios de alta fragilidad.

La fumigación aérea con glifosato en los parques y su privatización, conducirían a una catástrofe ambiental y cultural, porque arrasaría no sólo con el patrimonio ambiental, sino con los grupos étnicos en proceso de extinción.

* Investigadora