Aunque las organizaciones criminales son las que más acuden al asesino para solucionar sus diferencias o deudas, también pequeños conflictos o diferendos han llegado a la vía del sicario. Detrás del problema existen factores como la impunidad, la politización de la justicia y la poca efectividad de las investigaciones, lo que fomenta la percepción de que el crimen paga.

Por Pablo César Guevara*
pablocesarguevara@hotmail.com

La mañana del 13 de agosto de 1999, el comunicador y reconocido humorista Jaime Garzónse dirigía hacia la desaparecida cadena Radionet en Bogotá, donde colaboraba con sus imitaciones y ácidos comentarios sobre los personajes y situaciones de la vida nacional. Garzón presentía que lo iban a asesinar, por ello pocos días antes fue a la Cárcel Modelo donde a través de una celular se contactó, al parecer, con el líder paramilitar Carlos Castaño, quien le advirtió que el homicidio era inminente, por lo que no debía permanecer mucho tiempo en la calle. Sin embargo, el humorista siguió su vida, como hasta ese momento, al descartar su salida del país. La muerte le alcanzó cuando dos sicarios lo interceptaron en el sector de Quinta Paredes y le propinaron una ráfaga de disparos que le quitó la vida de manera instantánea.

Como en el caso de Jaime Garzón, el asesinato, que es ilógico y absurdo desde todo punto de vista, se ha convertido en una forma de aplastar la diferencia, de eliminar la oposición, como ha sucedido en regímenes totalitarios, o de solucionar o saldar deudas o agresiones.
Para los grupos u organizaciones ilegales es uno de sus mecanismos predilectos de arreglar cuentas, ya que por estar por fuera de la ley no pueden acudir a los tribunales para hacer efectivos los compromisos de “los negocios” realizados, como sucede con las mafias del narcotráfico cuando no son pagados cargamentos de drogas, cuando caen en poder de las autoridades, o para enfrentar a organizaciones rivales por mercados y rutas del comercio ilegal.

A esto se suma la poca efectividad de la ley y del aparato estatal para detener a los responsables, lo cual fomenta la percepción de que el “crimen paga”, al no recibir el castigo debido.

Cinco años después de la muerte de Jaime Garzón el único condenado por el caso es el líder paramilitar Carlos Castaño, a 38 años de cárcel, mientras que los autores materiales aún continúan libres, después de ser absueltos por sentencia emitida el pasado 10 de marzo por el Juez Séptimo Penal Especializado de Bogotá. Juan Pablo Ortiz Agudelo, conocido como “El Bochas”, y Edilberto Antonio Sierra Ayala, alias ‘Toño’, fueron señalados por la Fiscalía como los sicarios que le quitaron la vida al comunicador.

Bandazos en política criminal
Las continuas reformas a que es sometida la justicia parecieran obedecer a situaciones coyunturales como una masacre, un magnicidio o un delito atroz que causa conmoción y estupor en la opinión pública, y no a una verdadera estrategia en materia de política criminal.
En los últimos cinco años los códigos penal y de procedimiento penal han sido reformados en por lo menos tres oportunidades, con variaciones en las penas máximas de 40 a 60 años. Una tesis que defendió el ex Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, para reducir la mayor condena establecida en la justicia colombiana de 60 a 40 años, era que de nada servía tener penas de 60 años si no existían los mecanismos para identificar, capturar y condenar a los responsables de los crímenes. Sin embargo, en la última reforma a los códigos, que deberá entrar a funcionar el próximo primero de enero con el nuevo sistema acusatorio, se establece de nuevo la pena de 60 años, aun cuando la conducta criminal se realiza en conexidad con otros delitos.

A pesar de esto, la impunidad sigue siendo muy alta, y en el país otra de las percepciones que ha hecho carrera, es que no importa el delito que se cometa, sino que se será absuelto si el abogado que se contrata es “bueno”. Por eso los juristas en este tipo de situaciones acuden a artilugios, como demorar excesivamente la realización de las diligencias judiciales, para conseguir el anhelado vencimiento de términos que les permite regresar a sus “clientes” a la calle, sin importar si fueron o no responsables de la conducta criminal.
Asimismo, la penúltima reforma a los códigos, que aún está vigente, establece que delitos como hurtos o asaltos de menor importancia en la escala criminal son excarcelables, por lo cual no es extraño que se conozcan preocupantes cifras sobre robo de automóviles, asociado, a veces, a la comisión de asesinatos. Entre tanto, el nuevo sistema trae el llamado “principio de oportunidad” que le da la facultad al fiscal de determinar en qué casos es conveniente investigar y en cuáles no: ¿impunidad?...

De igual forma, la vieja idea de la politización en materia de justicia es evidente y aún continua con casos que parecieran ser inexplicables. Para la administración del fiscal Alfonso Gómez Méndez, el ex ministro Conservador Álvaro Leyva Durán debía ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que para la siguiente, de Luis Camilo Osorio Isaza, era inocente, lo cual llevó a su representante en la etapa de juicio a pedir su absolución. Si eran las mismas pruebas las que fueron analizadas y evaluadas dentro del proceso, no se explica cómo la calificación varió tanto de una fiscalía a la otra, por lo cual la discusión entra en el campo de las conjeturas, teniendo en cuenta que Gómez Méndez es liberal y Osorio Isaza, conservador.

Los procesos de paz y la impunidad también son temas que generan amplias y generosas discusiones. Más allá del carácter político que puedan tener algunos de los actos cometidos por los irregulares, lo cierto del caso es que llegadas las amnistías, los indultos o la conclusión de los procesos de paz, se perdonan conductas incluso de carácter atroz, que incluyen homicidios, masacres o actos de extrema sevicia.

La percepción de nuevo lleva a que la justicia “dependa”, por lo cual la impunidad se puede dar si confluyen una serie de factores asociados a causas políticas. No es extraño que Pablo Escobar tuviera dentro de sus propósitos fundar un movimiento armado o que algunos presuntos narcotraficantes estén sentados hoy en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Autodefensas.

Sin embargo, para los procesos de paz lo que se argumenta es que ya no se puede dar vuelta atrás y lo que se quiere evitar es que se sigan cometiendo más crímenes a nombre de una causa política.

La solución del más fuerte
Colombia se caracteriza por un escenario donde conviven grupos ilegales violentos y numerosos, grandes mafias, y una delincuencia organizada y poderosa, el cual no es típico de gran número de naciones en el mundo. Incluso, el perfeccionamiento de las actividades ilegales ha llevado a que se interrelacionen, como en el caso de guerrilla y narcotráfico, narcotrá-fico y delincuencia común o subversión y grupos delincuenciales –se ha vuelto práctica reiterada que la insurgencia pague a grupos de delincuentes por efectuar secuestros, que luego son cobrados por los guerrilleros–. También es recordado el caso de la alianza siniestra entre las Autodefensas y la banda “la Terraza” en la ciudad de Medellín.
Regresando al pasado, los asesinatos, no sólo individualmente sino en masa, como medio para imponer voluntades, han sido típicos de regímenes totalitarios, de dictaduras o de gobiernos antidemocráticos que consideran que la oposición más que la contraparte que contribuye a construir, es el enemigo que hay que destruir.

Casos típicos son la Unión Soviética Stalinista, la Alemania de Hitler o las dictaduras en América Latina, tan sólo para reseñar ejemplos del siglo pasado. En Colombia, más allá de las diferencias económicas o de la “lucha de clases”, el factor político ha ido muy de la mano con el asesinato. La lista, con nombres como Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Bernardo Jaramillo o Luis Carlos Galán, se ha ido ensanchando paulatinamente, ya que los hechos criminales hacia abajo de la pirámide son menos notorios pero más numerosos.
La mafia y la delincuencia común también fomentan esta actividad con el fin de defender sus millonarios negocios. Como las organizaciones criminales no pueden dirimir sus deudas, conflictos y diferencias en tribunales, por el carácter ilegal de sus actividades, acuden a la violencia como solución para salvaguardar sus intereses. Las deudas sin cancelar en este escenario se pagan con la muerte.

La conjunción de factores de violencia política, mafia, delincuencia común y sociedad en estado de desarrollo económico, que genera conflictos que no van a la par con el desarrollo de legislaciones acordes, conforman un cóctel particularmente explosivo como sucede en Colombia.

Si se le suma a esto altas tasas de desempleo, desesperanza, escasas oportunidades para amplios sectores de la sociedad como los jóvenes, y debilidad del aparato estatal para reprimir el crimen, sumado a corrupción de las autoridades e impunidad, se obtiene una mezcla convulsiva que genera el campo propicio para cultivar y dar vida a nuevas generaciones de criminales, dispuestos a trabajar para el mejor postor.
Asimismo, una justicia lenta y poco eficaz lleva a la percepción de que el asesinato también se puede convertir en una forma de hacer justicia. Son conocidos los casos de padres que acuden al homicidio para saldar una cuenta con el violador de uno de sus hijos, o de comerciantes, que ante el letargo por el que pasan los procesos en los despachos judiciales, cobran las deudas por medio de este mecanismo tan indigno y reprobable.
Para el vicefiscal de Colombia, Luis Alberto Santana, las venganzas, los complots políticos y en un algún grado la lentitud de la justicia, llevan a que ciudadanos irresponsables lleguen a contemplar la solución del sicario.

¿Sabemos negociar los colombianos?
Esta es una de las preguntas que más han efectuado las ciencias sociales en el país. Lo que se sabe es que al colombiano le gusta sacar ventaja, pedir mucho y aguantar hasta donde sea posible para sacar el mejor provecho: “lo que pierde el otro es lo que gano yo”. Sin embargo, esa concepción fomenta la intransigencia, que llega incluso hasta las negociaciones en materia de paz.

“Si se desmovilizan, negociamos”, dice el Gobierno. “Si no hay despeje militar de dos departamentos, no vamos a dialogar”, dice la guerrilla. El camino queda allanado entonces para quien logra más muertos en el bando rival y mayor impacto en la opinión pública, porque ahí devienen procesos electorales que terminan en gobiernos cuyo mandato es buscar la paz o incrementar las soluciones de fuerza.

La negociación debe partir de lo pequeño, de lo cotidiano, de la forma como se resuelven las diferencias de la vida diaria. En un país tan agobiado como el nuestro, se deberían fomentar cátedras en esta materia, que propendan por enseñar que la mejor negociación no es en la que más gana una de las partes, sino aquella donde todos obtienen beneficios, pese a tener que ceder parte de sus aspiraciones.

El asesinato es una forma de negar el derecho del otro y de imponer voluntades, posiciones, o de “hacer justicia”, aunque lo que se logra es incrementar la espiral de violencia y echar más leña al fuego, que cada vez tiene menos que quemar.

* Comunicador social y periodista