“La humanidad se ha construido sobre la antinomia de la violencia”, frase desafortunada, en cuanto comenzando el siglo XXI, sigue vigente. Más desafortunada aún, cuando es en mayor proporción a los países con economías en desarrollo a quienes ha correspondido darle esa vigencia. Y es que la humanidad se ha visto enfrentada a una violencia sistemática y absurda –o a unas guerras–, que ha tenido al hombre como protagonista, quien con la nada virtual ayuda de la tecnología, se ha tomado la detestable tarea de crear armas para su propia destrucción

Por Lizneira Roncancio A.*
rlizneira@hotmail.com

a historia de las guerras, está más que salpicada, empapada, de la sangre del hombre (y de la mujer), que no ha ahorrado inteligencia y racionalidad para crear artefactos cada vez más sofisticados que aniquilen a su adversario, sin medir el sufrimiento que se cause. No han sido suficientes, la declaración de los derechos del hombre, embrión contundente de lo que hoy se denomina Derechos Fundamentales o Humanos, ni los posteriores Protocolos –adicionales o substraídos–, ni las encíclicas, ni los manifiestos y mucho menos las nefastas experiencias de las guerras –ocurridas desde épocas medievales, así como la primera y segunda–, o los genocidios o exterminios, para detener la barbarie; por el contrario, son hechos que campantemente la historia ha registrado, con millares y millares de seres humanos muertos, muchos de ellos precedidos por un prolongado sufrimiento, no permitido para el ser humano, dada su naturaleza. En este punto, hay que entender la vida humana como principio filosófico y espiritual del ser, que por su misma condición, debe ser conservado y por ende respetado en la dimensión que ello significa.

Fotos: Archivo la Esquina

Las minas antipersonal

La historia de las minas antipersonal, se remonta a la II Guerra Mundial, cuando el Ejército alemán empleó las denominadas Bouncing Betty, que se activaban al tirar de un alambre que permitía que la mina se desplazara unos 30 o 60 cm antes de producirse su explosión. Durante la guerra de Corea (1950-1953), con frecuencia se emplearon minas que se detonaban mediante una compleja red de alambres detectores. En la controvertida guerra del Vietnam, fue común el uso de las Claymore, minas pequeñas y ligeras cuyo contenido es una sustancia explosiva y metralla de metal, que puede llegar a desplazarse en cualquier dirección, en un radio de acción de 76 metros y que por sus características, a partir de entonces, quedaron homologadas por la industria de la guerra y se empezaron a fabricar de manera industrial y a distribuirse mundialmente.

Las minas antipersonas pueden clasificarse básicamente en dos tipos: las explosivas de acción local, se ocultan en el subsuelo y se activan al más mínimo roce y un segundo tipo, las llamadas saltadoras, que semiocultas en el suelo, una vez activadas, saltan verticalmente y explotan a uno o dos metros del suelo. A sus mecanismos de detonación les han introducido variantes, desconocidas por los especialistas, que suelen convertirse en trampas mortales.

El uso de estos artefactos, está íntimamente ligado a los conflictos de carácter bélico, aspecto suficiente para entender por qué la crítica situación de Colombia en materia de minas. Las crueles propiedades de esta arma, así como su carácter indiscriminado, han sido criticadas en repetidas ocasiones por la comunidad mundial, que ha visto en su esencia y finalidad elementos no tolerados por las normas jurídicas internacionales creadas para regular la guerra. Experiencias vividas en países escenarios de complejos e intrincados conflictos como Angola, Afganistán, Bosnia-Hersegovina, Camboya, Etiopía, Irak, Mozambique, Ruanda, Somalia, Sudán y Yugoslavia, con cifras espeluznantes de muertos, de las cuales, una buena cantidad son seres que deambulan con graves mutilaciones, producto de las armas no convencionales, despertaron la preocupación de ciudadanos y el interés de organismos que hoy ejercen sus acciones hacia la atención de estos sobrevivientes, o en la tarea de evitar sufrimientos posteriores a seres amenazados por minas antipersona, que silenciosas y agazapadas esperan ser desactivadas, o en el peor de los casos, detonadas por una persona desprevenida que las pise, para engrosar las estadísticas de víctimas, o convertirse en otro mutilado más.

Ha sido tan cruel el sufrimiento que las minas antipersonales han proporcionado a la población mundial, que se han desplegado intensas campañas para lograr su proscripción. La concesión del Premio Nobel de la Paz en 1997 a la Organización Campaña Internacional contra las Minas Antipersonal –ICBL, por sus siglas en inglés–, tuvo como motivación el hecho que el tema pasara “de una mera visión a una realidad factible, decisiva en el marco del esfuerzo internacional hacia el desarme”. Una prolongación de este logro, se dio con la conferencia que a tal efecto se celebró en 1997 en Oslo (Noruega), donde fue redactado el Tratado sobre Prohibición de Minas Antipersonal, documento que posteriormente fue firmado por más de 120 países en Ottawa (Canadá) el 3 de diciembre de 1997. La Convención de Otawa, expresa la prohibición de almacenar, exportar, fabricar y utilizar minas antipersonal, fijando el 2005, como fecha máxima para la destrucción del arsenal bélico que posean los Estados Parte firmantes.

Al ser Colombia Estado Parte de esta convención, se ha obligado a cumplir la destrucción de su arsenal bélico, tarea en la que desde entonces viene trabajando. En concordancia con este compromiso, se expidió la Ley 554 (enero 14 de 2000), a través de la cual se adoptó la Convención; posteriormente, se promulgó la Ley 759 (25 de julio de 2002), mediante la cual se penalizó el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, articulándose éstas, a la Ley 418 que desde 1997 había consagrado “unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia…” y que contempla la atención a las víctimas de hechos violentos suscitados en el marco del conflicto armado.

Con estos instrumentos jurídicos y otras herramientas de carácter técnico como el Observatorio de Minas, un apéndice del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, se nota el interés por parte del gobierno colombiano de avanzar hacia la erradicación de las minas antipersonales; sin embargo, la utilización que los Actores Armados no estatales –Farc, Eln y Auc–, han venido haciendo de esta arma, ha evidenciado la necesidad de ir más allá de los ejercicios pedagógicos y de sensibilización, por parte del gobierno nacional y las Ong, especializadas en el tema.

Actualmente en Colombia, 30 de los 32 departamentos sufren el flagelo de las minas antipersonal; se necesita un proyecto macro y una gran capacidad institucional para cubrir las necesidades que en esta materia, tiene cada una de esas regiones afectadas. Ello hace urgente, que tanto gobierno (gobernaciones, alcaldías, personerías, corporaciones de elección popular y entes especializados) como Ong que trabajan el tema, confluyan en el propósito común de, primero, develar el tema en su verdadera proporción y segundo, demandar del Estado una acción integral (sensibilización, prevención, apoyo a víctimas, desminado humanitario, etcétera); porque no podemos permitir, que a los fenómenos de conflicto armado, desplazamiento y demás formas conexas de violencia, se le sume otra más cruel y con secuelas tan dramáticas sobre la población civil.

* Coordinadora regional
de la Campaña Colombiana
Contra Minas en Arauca.