La oportuna declaración abre márgenes mayores para hablar a favor de la no-extradición sin correr el riesgo de un regaño desde la Vicepresidencia de la República, tal como le ocurrió a la Representante Rocío Arias.

La discusión del proyecto de “alternatividad penal” ha permitido aclarar que si se trata de negociar el desmonte de un grupo que es parte del conflicto armado interno, es posible acordar procedimientos judiciales especiales, más flexibles que los ordinarios en lo que se refiere a disminución de penas, beneficios para excarcelación, opciones sobre sitios de reclusión, entre otros. En este debate se ha avanzado también en la búsqueda de fórmulas para garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la reparación. Todos son temas complejos que se van a mirar con lupa, a partir de la semana de pascua y luego, cuando se reabra la discusión del nuevo texto del proyecto.

Las consideraciones sobre el tratamiento especial y flexible a la extradición de personas que entren en un pacto de no violencia, deberán hacerse en la misma discusión sobre alternatividad penal, aunque se llegue a la conclusión de que requiere un tratamiento al margen del proyecto de Ley que ya está sometido a consideración del Congreso.

No cabe duda de que es un tema que debe ser discutido en voz alta y no sólo por la importancia que le han dado los jefes “paras”, Monseñor Rubiano o un editorial de El Tiempo. El Defensor del Pueblo ha recordado que el Presidente de la República es quien resuelve de fondo una extradición y el propio Embajador de los EE.UU. en Colombia insinuó, alguna vez, que su gobierno consideraría con benevolencia el uso de esa atribución presidencial para inclinar el procedimiento a favor de la justicia nacional y en aras de la paz. ¡Alabado sea!

No obstante la existencia de una atribución presidencial como último eslabón en el procedimiento de la extradición, el asunto a resolver es la oportunidad y la manera cómo se incluye en el pacto de desmonte del paramilitarismo. Es obvio que no es suficiente con suponer la voluntad presidencial, y menos aún cuando Álvaro Uribe sigue a la espera de que otros tiremos la primera piedra y evita contrariar con este asunto a la oscilante opinión de la administración Bush. Para comenzar sería saludable una manifestación expresa de gobierno, ojalá acompañada de un acuerdo político pluripartidista, sobre la disposición a no otorgar la extradición de colombianos que estén en diálogos formales de no violencia o que hayan culminado exitosamente un proceso de negociación para poner fin a acciones y organizaciones armadas.

La no-extradición de dirigentes de las AUC que hoy son solicitados por los Estados Unidos, podría ser punto culminante de la aplicación de la alternatividad penal y supone por lo mismo una acción de la justicia compatible con la paz en la medida en que no deje en la impunidad graves violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas que configuran crímenes de guerra y de lesa humanidad.

No extradición a cambio del desmonte de más de 12.000 paras, de liquidación de empresas de narcotraficantes “conexas” y de cadenas cívico–militares de paramilitarismo, es un buen negocio. Como dijera Monseñor: AMEN.

* Presidente de Indepaz.