Algunos hechos

· El nuevo jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que revisaría la venta de 42 tanques blindados AMX30 y otro equipo bélico a Colombia. Sobre el mismo tema el ministro de defensa colombiano, Jorge Alberto Uribe, señaló que ese era ya un negocio hecho y que no tenía reversa.

· Funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos realizan gestiones ante integrantes de los Comités de Relaciones Exteriores del Congreso de su país para lograr duplicar el número de militares (400) y contratistas (400) que pueden tener a la misma vez en Colombia. Varios congresistas pertenecientes a los dos partidos han expresado su conformidad con la iniciativa del Gobierno de Bush.

· El presidente Uribe se entrevistó en Washington con su homólogo estadounidense, George W. Bush. Igualmente conversó con líderes demócratas y republicanos en el Congreso y expresó su apoyo a la idea de aumentar el número de efectivos militares de Estados Unidos en Colombia. Uribe intervino en la sesión del Consejo Permanente de la OEA y en el Club Nacional de Prensa en Washington.

· El Presidente de la República se reunió con los ponentes de la Ley de Alternatividad Penal y anunció cambios en el proyecto original. La nueva versión contempla sacar el tema de la extradición, la creación de un tribunal de verdad, justicia y reparación, y fijar penas mínimas por los delitos cometidos. Texto completo en: http://www.indepaz.org.co

· Una vez se conocieron las decisiones, los grupos de autodefensa dirigidos por Mancuso, Castaño y Adolfo Paz, expresaron su decisión de continuar en el proceso de negociaciones con el Gobierno Nacional y hacerlo nuevamente bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia.

Las opiniones

· “En cuanto a las personas secuestradas y tomadas como rehenes, se pueden decir varias cosas: es una práctica totalmente inaceptable y los grupos armados ilegales tienen que liberar a estas personas sin condiciones. En la dolorosa ausencia de esta liberación, el Estado siempre tiene que velar por el goce de los derechos humanos y explorar diferentes posibilidades para asegurar la libertad de ellas”. (Michael Fruhling, director en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Espectador, 21-03-04).

· “El Secretario General de la ONU se reunió con el Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Michael Frühling, quien lo puso al tanto del Informe del Alto Comisionado sobre la situación en el país. El Secretario General expresó su profunda preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos y ofreció total apoyo al trabajo de la Oficina en Colombia. También manifestó su desaliento por los graves abusos de derechos humanos cometidos tanto por guerrillas como por paramilitares, especialmente acciones contra la población civil. El señor Kofi Annan expresó su aprecio por la cooperación que el Gobierno de Colombia le ha extendido a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El Secretario General espera que el Gobierno de Colombia dé con urgencia pasos para implementar las recomendaciones contenidas en el Informe; y que tanto los grupos guerrilleros como los grupos paramilitares cesen sus infracciones del derecho internacional humanitario”. (ONU, página Web, 24-03-04)

Los derechos humanos

Preocupación por comunidades indígenas desplazadas en el Chocó

Con el fin de visitar las comunidades indígenas desplazadas de los ríos Opogadó y Bojayá, que se encuentran en Bocas de Opogadó, Puerto Antioquia y Loma de Bojayá en el departamento del Chocó, se realizó del 29 de marzo al 1 de abril de 2004, una misión conjunta de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

 Del resultado de la misión realizada, las agencias de las Naciones Unidas mencionadas expresan su profunda preocupación por:

 1. El desplazamiento masivo de aproximadamente 1.200 indígenas, de las comunidades de Playita, Egoróquera y Unión Baquiaza del río Opogadó; y las de Unión Cuity y Hoja Blanca del río Bojayá. Por primera vez en su historia, estas comunidades se vieron forzadas a abandonar sus resguardos por causa de los enfrentamientos entre el Frente 57 de las Farc-Ep y el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc. Los desplazamientos se produjeron entre los días 20 y 29 de marzo del presente año.

 2. A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la zona, los grupos ilegales continúan movilizándose en ella y ejerciendo presión sobre la población civil.

 3. El riesgo de nuevos desplazamientos de comunidades tanto indígenas como afro colombianas que aún se encuentran en la zona, así como de las comunidades receptoras del desplazamiento que también se encuentran en una situación incierta.

 4. Las condiciones de hacinamiento, la precariedad alimenticia y la ausencia de agua potable, que están afectando la salud de la población indígena, la cual es aún más vulnerable al no estar en su medio habitual.

 Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas en este comunicado frente a las situaciones encontradas han realizado acciones de emergencia para mitigar el impacto del desplazamiento de las comunidades indígenas.

 Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas instan:

A los grupos armados ilegales Farc-Ep y Bloque Élmer Cárdenas, de las Auc, a que se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo o peligro a la población civil; a que se retiren de las zonas pobladas; a que respeten los derechos de las comunidades indígenas y afro colombianas las cuales viven en el municipio de Bojayá; y a que acaten los principios del Derecho Internacional Humanitario.

 Las agencias de las Naciones Unidas mencionadas llaman:

-  A las autoridades estatales, a que presten atención a esta alerta y adopten urgentemente las acciones necesarias para prevenir nuevos desplazamientos y proteger a la población civil.

-  A las autoridades regionales, a que amplíen la cobertura y la duración de las medidas para atender a la población desplazada.

El análisis

 La alternatividad penal

El Estado colombiano, y cualquier otro Estado, actúa de manera legítima cuando considera oportuno adoptar leyes que conlleven a acciones para desactivar los grupos armados ilegales y así superar el conflicto armado interno y alcanzar una paz duradera. Por supuesto, esas medidas se deben ajustar al respeto y garantía plena de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Así ha sucedido en otros momentos de nuestra historia y también en otras naciones que han alcanzado espacios de reconciliación.

Desde cuando fue presentado en el Senado de la República, el 21 de agosto de 2003, el proyecto de ley de alternatividad penal recibió insistentes criticas y cuestionamientos que van desde la oposición más radical, hasta incluir a amigos cercanos del Presidente. Las voces en su contra hacían presentir o su hundimiento o una reforma significativa en el trámite. Pocas veces un proyecto de ley concitó tanto debate.

Y es que lo que está en juego es ni más ni menos que la desmovilización de aproximadamente doce mil combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, su reincorporación a la vida civil y la desactivación de uno de los factores más violentos y de mayores infracciones al DIH en el marco del conflicto armado.

Algo ha cambiado entre la versión original y lo que ahora se inscribe como ponencia.

El nuevo proyecto contempla una pena mínima de cinco años y máxima de diez años de prisión, frente a las penas alternativas que no fueron consideradas como apropiadas y proporcionales a los delitos cometidos. Elimina el tema de la extradición que ya en otras ocasiones, como en las negociaciones con el M19, se había atravesado en las ruedas del proceso. Crea un Tribunal para la Verdad, la Justicia y la Reparación que tendrá competencia “para juzgar a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, comprendidos en acuerdos de paz suscritos con el Gobierno Nacional”.

El proyecto que comienza su trámite en el Congreso, se ajusta un poco más a los patrones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, sin que pueda considerarse aún como lo más atractivo para el desarme de los violentos. Si se piensa seriamente en un instrumento para la paz y la reconciliación, el trámite legislativo debe dejar un cuerpo jurídico que contemple el perdón sin impunidad, que no permita el olvido, que “no exija a las víctimas que toleren lo intolerable”, como expresó recientemente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los escenarios

Las Farc-Ep

Nada hace pensar en la posibilidad de un escenario medianamente optimista en el que las partes (Gobierno Nacional y Farc-Ep) se acerquen para entablar siquiera conversaciones tendientes a concretar el acuerdo humanitario consistente en el intercambio de guerrilleros presos por secuestrados en poder del grupo guerrillero. Las mismas mediaciones de la Comisión Facilitadora de la Conferencia Episcopal no han tenido carácter oficial para las Farc-Ep y aún no se aproximan a lo que realmente quiere y exige cada uno. El escenario más real es que durante el gobierno del presidente Uribe no va a darse el acuerdo humanitario ya que para la guerrilla sería una alta concesión a un mandatario que les ha declarado la guerra.

El Eln

Pese a algunos enfrentamientos aparentemente exitosos, de acuerdo con sus propios partes de guerra, el Eln mantiene una posición defensiva y de conservación de fuerzas. En lo político intentan recuperar espacios perdidos, especialmente los departamentos de Arauca y Antioquia. En este escenario se debate entre la supervivencia militar y política, y la necesidad de ampliar espacios de influencia.

Las Autodefensas

Superada la crisis en las negociaciones, el escenario a futuro es el de un proceso donde se alcanzan acuerdos y en el que se llega a consensos entre los diferentes componentes de las Auc. A corto plazo se podrá observar la concentración de grupos de autodefensas, la verificación por parte de la Misión de la OEA y, muy seguramente, nuevas desmovilizaciones. El curso que tome el proyecto de alternatividad penal continuará gravitando sobre el destino de un proceso que aún no ha concluido.

* Director Ejecutivo Aldhu-Colombia