Aprovechando la convocatoria al Encuentro Internacional de Presupuesto Participativo, realizado en Bogotá los días 13 y 14 de noviembre, el proyecto “Terra Incógnita” de la Defensoría del Pueblo propició un espacio de encuentro de consejeras y consejeros de planeación, los días 15 y 16 del mismo mes, para hacer algunas reflexiones sobre la situación de la planeación participativa de las entidades territoriales en general, y el estado del Sistema Nacional de Planeación en particular, a propósito de la coyuntura del primer bimestre del año 2004 con la renovación de los Consejos Territoriales de Planeación y la formulación de los nuevos Planes de Desarrollo 2004-2007.

La experiencia ha demostrado que estas dos actividades (la renovación de los Consejos Territoriales de Planeación [ctp] y la formulación de los planes) no han sido entendidas como parte esencial de un mismo proceso de planeación participativa (la una referida a los actores y la otra a los productos), sino como momentos aislados y diferenciados, guiados por la normatividad definida por la Ley 152/94.

Así, tanto la motivación de la comunidad para participar en el espacio de concertación de la planeación participativa entre el Estado y la Sociedad Civil (los ctp), como la misma formulación del Plan de Desarrollo, responden más a lógicas formales que reales. Se hacen para llenar un requisito de ley, en un momento determinado, pero no se asumen como un aspecto fundamental de un proceso continuo y permanente.

Foto Luis Barros Pavajeau

En este contexto, la renovación se torna en un procedimiento mecánico e instrumental, donde poco participan los mismos Consejos de Planeación, y no se valora como una oportunidad para avanzar en la construcción participativa y concertada de políticas públicas de largo plazo que orienten el desarrollo planificado del territorio, profundizando la democracia y fortaleciendo la gobernabilidad.

De otro lado, los planes de desarrollo son por lo general formulados por asesores externos o por actores que no continúan vinculados con la administración pública, presentándose una ruptura en el proceso: unos son los que formulan (consultores); otros dan un concepto (los ctp); otros deciden los presupuestos (los Concejos o las Asambleas) –que es donde finalmente se concreta el Plan de Desarrollo–; unos pocos controlan y casi nadie evalúa ni sistematiza la experiencia.

El resultado es similar al “tormento de Sísifo” de la mitología griega, personaje condenado eternamente a subir una inmensa roca a la cima de una montaña y cuando finalmente llegaba ésta se rodaba a su lugar inicial. Así, cada tres años (y próximamente cada cuatro), nos vemos abocados a la práctica de la formulación de los Planes de Desarrollo municipales y departamentales, tal vez muy bien intencionados, tal vez muy bien documentados, pero sin un hilo conductor y sin articulación con las dinámicas y las prácticas de las comunidades; es decir, desligados del mundo, de la vida.

La formulación de los planes de desarrollo, en términos generales, no tienen en cuenta las lecciones derivadas de la ejecución de los planes anteriores, tornando cada experiencia en “única” e “irrepetible”, reforzando las posiciones mesiánicas que animan en buena medida nuestras campañas electorales.

Para superar estas inconsistencias en la planificación del desarrollo territorial es fundamental promover la participación conciente y organizada de la sociedad civil.

Esta es una de las razones por las cuales el nuevo paradigma de la administración pública se fundamenta en la mayor participación ciudadana en las decisiones públicas, en una mayor corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil, y en una devolución efectiva de poder al constituyente primario.

Justamente el Encuentro Internacional de Presupuesto Participativo permitió evidenciar que cualquier participación o consulta a la ciudadanía en la elaboración de una parte de los presupuestos públicos (y más si es esporádica y coyuntural) no le otorga a una práctica el rótulo de “presupuesto participativo”.

Los presupuestos participativos están ligados a una práctica y a una teoría de la democracia participativa que reconoce (de manera implícita o explícita) la existencia de un proceso de planeación participativa continuo y sistemático, donde el presupuesto es a la vez punto de partida, punto de llegada, punto de seguimiento y evaluación; y, por consiguiente, punto de tensión dialéctica entre la democracia de participación y la democracia de representación.

La paradoja nuestra es que la norma obliga a hacer los planes de desarrollo de manera participativa, pero la decisión de los presupuestos es del resorte exclusivo de los escenarios de la democracia representativa, desconociendo que el Plan de Desarrollo está conformado por un componente general y por un plan plurianual de inversiones sobre los que debe descansar el presupuesto de la inversión pública.

La coyuntura de la formulación participativa de los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales, se convierte en una nueva oportunidad para que los ciudadanos y la comunidad participemos activamente (como un derecho-deber) en la construcción de las políticas públicas locales; para que podamos avanzar en la construcción de una nueva relación entre gobernantes y gobernados (más democrático, más incluyente y más deliberativo); pero sobre todo, para avanzar –sin prisa pero sin pausa– en la construcción de una cultura de la planeación participativa que no es un problema de velocidad sino de resistencia, de insistencia y de persistencia. Este es el gran reto de los Consejos Territoriales de Planeación.

Por último, no hay que olvidar que esta coyuntura es también una oportunidad para hacer una nueva lectura de nuestro ordenamiento territorial, para redescubrir y repensar la geopolítica de nuestros territorios, desde una óptica más integral y holística que permita superar las visiones sectoriales por las que ha transitado nuestra cultura planificadora y que nos ha impedido avanzar en la apropiación social de nuestros territorios.

La experiencia del proyecto “Terra Incógnita” de la Defensoría del Pueblo es un buen ejemplo de cómo empezar a entender las lógicas del desarrollo de nuestras entidades territoriales, sin perder de vista las dinámicas externas de los procesos globalizadores.

Tal vez hay que invertir el paradigma de “pensar globalmente y actuar localmente” que se impuso en la década de los noventa, propia de la visión hegemónica de una aldea global, hacia uno que nos permita “pensar localmente y actuar globalmente”, reivindicando desde nuestros territorios nuestras diversidades, nuestras diferencias, nuestras idiosincrasias y nuestras culturas.

Foto Archivo La Esquina Regional

Este es el reto del Sistema Nacional de Planeación Participativa: articular y dinamizar “el conjunto de relaciones entre los consejos territoriales de los distintos niveles y el conjunto de actividades que convergen en un proyecto colectivo de nacionalidad multiétnica y pluricultural”. (Declaración de constitución social del Sistema Nacional de Planeación en el Primer Congreso Nacional de consejeras y consejeros de planeación. Bogotá, Noviembre 28 de 1995).