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Concluyó
el Encuentro Social Alternativo con una concentración
popular en el estadio de Santa Cruz de la Sierra, con la presencia
del Vicepresidente de Cuba, el Presidente de Venezuela y el
líder indígena Evo Morales. El tono de las consignas
y de las pancartas reflejaba la tónica de los congregados:
rechazo al ALCA, vivas a Fidel, solidaridad con Cuba, canciones
en homenaje al ‘Che’ Guevara, bailes y expresiones
culturales indígenas
Por
Alejo Vargas Velásquez
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Este Encuentro Social Alternativo, donde se criticó
al modelo neoliberal, al proyecto del ALCA y a los Estados
Unidos por su política hacia la región, fue
realizado por indígenas, campesinos y sectores populares,
en paralelo con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericana realizada en esta misma ciudad.
Pero estos eventos se realizan meses después de que
terminara la confrontación sociopolítica del
movimiento indígena y popular contra el gobierno del
Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado el ‘Goni’,
que lo obligó a renunciar y a salir apresuradamente
hacia Estados Unidos; fue reemplazado por su Vicepresidente
Carlos Mesa. Una verdadera ‘insurrección social’
que tuvo como centro de gravedad la ciudad de El Alto, -vecina
de La Paz-, ciudad que cuenta con cerca de un millón
de habitantes de los cuales alrededor del 85% son de la etnia
aymará y que luego se expandió a todo el país
y logró incluso el apoyo, posteriormente, de sectores
de clase media e intelectuales que se declararon en huelga
de hambre en iglesias, para presionar la salida de Sánchez
de Lozada.
Volver al pasado
Esta confrontación social, fue denominada
como la ‘guerra del gas’, por cuanto el detonante
fue el contrato de venta de gas a un consorcio norteamericano,
a precios considerados irrisorios y que adicionalmente se
iba a transportar a través de un territorio que hoy
día es chileno, pero que fue parte de Bolivia hasta
cuando lo perdió como resultado de la llamada ‘Guerra
del Pacífico’ en 1883.
La historia de Bolivia es una de luchas sociales, que se puede
remontar hasta las rebeliones de Tupac Katari en 1781 contra
el imperio colonial español y que concluyó con
el descuartizamiento de este dirigente indígena, para
escarmentar a los rebeldes. Pasando por la Revolución
nacionalista de 1952 dirigida por el MNR (Movimiento Nacionalista
Revolucionario) liderado en ese momento por Víctor
Paz Estensoro, que nacionalizó el estaño, la
principal riqueza minera boliviana en la primera mitad del
siglo XX y que estaba monopolizada por Simón Patiño,
llamado el ‘rey del estaño’ y quien era
el dueño del negocio y virtual amo del país.
Esta revolución igualmente hizo una reforma agraria
importante, pero luego terminó agotando su capacidad
reformadora.
Pero también la historia boliviana es una de expoliación
de los recursos mineros, que como casi siempre pasa con los
recursos naturales no renovables, son explotados, trasladados
hacia el exterior y no dejan en la sociedad sino miseria,
muerte y dolor, lo cual explica la lucha por tratar de darle
un uso distinto al gas, del cual Bolivia tiene probablemente
las mayores reservas en América.
No es por azar que Bolivia sea hoy día el segundo país
más pobre de América Latina, después
de Haití, y con ocho de cada diez habitantes considerados
en situación de pobreza.
Pero Bolivia también fue el país en el cual
en 1966-67 Ernesto ‘Che’ Guevara pretendió
desarrollar su proyecto insurreccional, que convirtiera a
Los Andes en la Sierra Maestra de América Latina y
que lo condujo a la muerte, junto con la mayoría de
sus compañeros.
Bolivia ha vivido igual tragedia que Colombia con el cultivo
de la coca y las equivocadas políticas de su erradicación
forzosa, que no han producido los resultados esperados y ello
le ha producido alta inestabilidad socioeconómica,
sin embargo, el cultivo de coca en Bolivia tiene tradiciones
ancestrales en la mayoritaria población indígena.
Las elecciones de 2002
En el último debate presidencial se produce la emergencia
de un resultado sorprendente: el líder de los cocaleros,
Evo Morales, diputado del MAS (Movimiento al Socialismo),
obtuvo la segunda votación -en contra de la intervención
del embajador norteamericano, sin duda considerada inoportuna
y molesta-, muy próxima a la del presidente, finalmente
electo, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien consiguió
el 22% de los votos, pero que fue elegido por el Congreso
mediante una coalición de partidos de centro-derecha:
el partido del propio Sánchez, el MNR (ahora derechizado),
la NFR (Nueva Fuerza Republicana) y el MIR (Movimiento de
Izquierda Revolucionaria) que en algún momento su dirigencia
reivindicaba como un partido de izquierda.
Sin embargo, en el Congreso, si bien predominan los partidos
de centro-derecha, con cerca de los dos tercios de sus miembros,
hay una importante representación de las fuerzas políticas
de izquierda, cerca de un tercio, en su mayoría ‘indígenas’.
Las luchas actuales
La ‘guerra del gas‘, que terminó con la
salida del ‘Goni’ de la Presidencia y su reemplazo
por el Vicepresidente, luego de una violenta represión
que conllevó cerca de 80 muertos y centenares de heridos
y que mostró la fortaleza de las organizaciones sociales
de diverso tipo, lideradas por el movimiento indígena
y la COB (Central Obrera Boliviana), que sin duda tiene un
pasado de luchas nacionalistas muy importantes. Es por eso
que al final de esta lucha social surge un liderazgo político
y social expresado en Evo Morales, Felipe Quispe y Jaime Solares,
expresivos de los sectores indígenas y obreros.
El gobierno del Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, que sucede
al depuesto y forzado a renunciar, Sánchez de Lozada,
es un gobierno débil, que en teoría debería
ir hasta 2007, pero inicialmente el propio Mesa lo denominó
como un ‘gobierno de transición’, que previa
la realización de un Plebiscito vinculante a propósito
del tema del gas y de la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
lleve a un nuevo proceso electoral. Y por supuesto, es fundamental
para su estabilidad, la postura que asuma en relación
con el proyecto ALCA, considerado por los sectores sociales
populares como inconveniente y perverso.
Es importante señalar cómo frente a esta confrontación
social hubo un intento de manipulación mediática
por los grandes medios de comunicación, pero que fue
roto por las redes de comunicación alternativa, especialmente
la internet y la radio, jugando un papel especial aquí
la Radio Pachamama y redes de radios populares.
Hay que resaltar que los antecedentes inmediatos de la ‘guerra
del gas’ fueron en su orden: la rebelión social
a comienzos del presente año contra el intento de imponer
un impuesto del 12% a los salarios, para seguir recomendaciones
del FMI, supuestamente para reducir el déficit fiscal;
esta confrontación igualmente fue ganada por los sectores
sociales populares. En enero de 2002 se había dado
una ‘guerra de la coca’ especialmente centrada
en la región del Chapare, contra las políticas
de erradicación forzosa de estos cultivos, la cual
fue igualmente reprimida de manera violenta. Y en 2000 se
había dado en Cochabamba la ‘guerra del agua’,
contra la empresa californiana que manejaba el agua de esta
ciudad y que luego de una verdadera insurrección social,
dio como resultado la ‘desprivatización’
del manejo del agua en la ciudad.
Es decir, en las diversas luchas sociales bolivianas ha habido
una clara confrontación contra el modelo económico
fondomonetarista y neoliberal y sus efectos sociales, en términos
de incremento de la pobreza y concentración de la riqueza
en pocas manos. No es por azar que el Secretario General de
la ONU, Kofi Annan, al intervenir en la Cumbre Iberoamericana
de Santa Cruz, les dijo a los gobernantes asistentes: “No
necesito decirles que su estabilidad está amenazada,
en varios países ustedes han visto que los trastornos
sociales originados en la pobreza dan lugar a trastornos políticos…
Muy a menudo, al parecer, el pueblo piensa que algunos de
ustedes, los dirigentes que han elegido, son indiferentes
a su difícil situación”.
El entorno suramericano
Pero la salida de Gonzalo Sánchez es solamente el último
episodio de una serie de confrontaciones sociales que han
sacudido a Sudamérica en el último decenio y
que plantean grandes interrogantes acerca de la fortaleza
de la democracia en la región.
El ciclo lo inicia Brasil con la salida forzada, por amplias
movilizaciones sociales, contra el Presidente Fernando Collor
de Melo en 1992, acusado de corrupción; sigue en 1997
Abdalá Bucarán, en Ecuador, declarado mentalmente
incompetente para ejercer la Presidencia y con una fuerte
presión social en contra obligado a renunciar; en 2000
el turno es en Perú para Alberto Fujimori, quien abandonó
en medio de acusaciones de corrupción y abusos en la
etapa de la ‘guerra sucia’ contra la subversión
interna; también en 2000 el movimiento indígena
ecuatoriano logra la salida de Jamil Mahuad de la Presidencia
después de impresionantes movilizaciones sociales en
todo el país, en contra de su política económica
y social; en 2001 el turno fue para Fernando de la Rúa,
en Argentina, quien abandonó presionado por movilizaciones
sociales que cuestionaron su incapacidad para dar respuestas
a la crisis económica y el descuido de las propuestas
socialdemócratas con las cuales fue electo.
Es decir, cada vez más parece vencerse la cultura del
miedo en la región: miedo a la movilización
social, heredada de los gobiernos autoritarios y miedo a pensar
alternativas en el campo del desarrollo diferentes a las que
el ‘pensamiento único’ del llamado ‘Consenso
de Washington buscó imponerle a la región como
receta milagrosa.
Lo anterior mostraría, igualmente, que no es suficiente
con la credencial electoral para que se pueda hablar de un
mandato democrático, sino que es importante que las
políticas públicas de los gobiernos respondan
a las demandas sociales de equidad e inclusión social.
En cuanto a Colombia, podría considerarse una excepción
en ese sentido. Es probable que la persistencia de la violencia
con argumentaciones políticas en la historia colombiana
haya dificultado la expresión de movimientos populares,
que han sido históricamente reprimidos y criminalizados,
lo cual ha generado una cultura del miedo frente a la protesta
social. Pero por otra parte, hay que reconocer una importante
estabilidad institucional.
La
región andina sigue teniendo democracias altamente
inestables. Y esta realidad amerita una reflexión seria,
más allá de miradas simplistas y cargadas de
polarizaciones porque guste o no un gobernante determinado.
En todas, como en los demás países de América
Latina, existen regímenes presidencialistas, donde
el conjunto institucional del Estado gira alrededor de la
figura presidencial, lo cual tiende a minimizar la importancia
del Congreso y en general de los organismos de representación
plural.
Hay otra dimensión para analizar estas explosiones
sociales suramericanas: preguntarse si estamos frente a un
ciclo de inestabilidad institucional en las democracias de
la región, o un proceso inacabado de consolidación
democrática. Algunos se preguntan si estas ‘destituciones
sociales’ no han sido una especie de sustituto de los
golpes militares que caracterizaron la región entre
los años 60 y 70 y que coincidencialmente tuvieron
también inicio en Brasil en 1964 con el golpe militar
liderado por Humberto Castello Branco.
Si bien estas movilizaciones de protesta muestran a sectores
sociales dispuestos a hacerse presente en la esfera pública,
igualmente reflejan la debilidad de las instituciones democráticas.
Por un lado, la incapacidad del sistema de partidos para representar
adecuadamente la diversidad social; por otra, la ineficacia
de los mecanismos institucionales de control político
para establecer reales formas de contrapeso a los Presidencialismos
que caracterizan a la región.
Ahora bien, el riesgo de los Presidencialismos existentes
en la región hace difícil mantener el necesario
equilibrio entre las ramas del poder, con la tendencia en
casi todos los mandatarios a aumentar su poder e intentar
subordinar a las demás ramas del poder público,
haciendo inocuo el necesario control político que debe
garantizar que no se presenten los desbordes incontrolables
del poder presidencial. Probablemente la solución pasa
por ir hacia regímenes de tipo semi-parlamentario que
atenúen el poder presidencial; junto con sistemas de
representación política plurales, creíbles
y serios, que logren que la diversidad social se exprese políticamente,
acompañado con instituciones sólidas y respetadas.
Probablemente la fragilidad de los regímenes políticos
radica en la disociación entre democracia y equidad.
En los países andinos se presentan altos niveles de
pobreza e indigencia, acompañados de procesos de concentración
de la riqueza, lo cual genera demandas permanentes de justicia
social y equidad, que muchos sectores sociales esperaban los
suministrara la democracia. Pero, la realidad es que la democracia
en las sociedades andinas, igual que en el conjunto de América
Latina, se asoció a aspectos procedimentales del régimen
político: elecciones periódicas y transparentes,
pluripartidismo, libertades civiles. Pero los aspectos ligados
a la inequidad, la posibilidad de acceso a servicios públicos
básicos, educación y empleo, no han podido ser
resueltos por la democracia y ello lleva a perder el interés
en la formalidad democrática y derivado de allí
en sus gobernantes, sus políticas y sus instituciones.
Con excepción de Colombia, donde apenas sobreviven
los partidos políticos fundados en el siglo XIX casi
con el nacimiento de la república, en los demás
países andinos ha predominado una alta inestabilidad
partidista, con varias generaciones de partidos políticos
que han surgido y desaparecido de manera secuencial. Parte
de la inestabilidad política contemporánea en
todos los países andinos se asocia a la volatilidad,
fragmentación y crisis partidista, que hacen que el
sistema de representación política tenga niveles
precarios de legitimidad.
El gran reto de estos países es consolidar sus democracias
electorales y al mismo tiempo estimular políticas efectivas
de redistribución de los beneficios del crecimiento,
que no significa el retorno a modelos paternalistas de política
social; igualmente estar seguros de que la estabilidad política,
resolver problemas internos como el de violencia política
colombiano o el de los cultivos ilícitos en varios
países de la región y la capacidad de lograr
estabilidad regional, pasa por lograr sociedades más
equilibradas e incluyentes y con mayores objetivos compartidos.
Es de total pertinencia mencionar la frase del escritor mexicano
Carlos Fuentes, que Kofi Annan les recordó a los mandatarios
iberoamericanos: “Los estados democráticos en
la América Latina están desafiados a hacer algo
que hasta ahora sólo se esperaba de las revoluciones:
Alcanzar el desarrollo económico junto con la democracia
y la justicia social”.
Definitivamente el barrio suramericano, en que está
situada nuestra residencia permanente anda muy convulsionado,
lo cual significa que nos toca convivir con su propia cuota
de problemas, con las dificultades y tensiones de los vecinos
e intentar en conjunto salidas a las mismas. La búsqueda
de alternativas, con el comportamiento individualista del
hijo único como parece estarlo buscando el gobierno
de Álvaro Uribe, es inapropiada e ilusa; las salidas
pasan por procesos de integración reales y de construir
alternativas colectivas.
Paradójicamente en Sudamérica, con gobiernos
como el del Presidente Lula en Brasil, empiezan a vislumbrarse
alternativas en las políticas de desarrollo, que combinen
democracia con equidad e inclusión real, lo cual abre
un campo de esperanza, que complemente los comportamientos
electorales en la región, que parecen todos ir en la
dirección de lo social y lo popular, y dentro de los
cuales no sería extraño la elección en
los próximos comicios presidenciales de Evo Morales
en Bolivia, así como la de Tabaré Vásquez,
del Frente Amplio en el Uruguay.
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