El anuncio de la aprobación por parte de los Estados Unidos de la reanudación de la interceptación de vuelos clandestinos representa un cambio importante en las políticas contra las drogas ilegales. Esta política es una mejora sustantiva respecto a la fumigación de cultivos ilícitos

foto: archivo la esquina

Primero, está diseñada para atacar directamente al narcotráfico en lugar del campesinado. Esta es una política que dificulta la extracción de la cocaína, la base de cocaína y la heroína de las zonas productoras. Esta parte de la red de producción y comercialización de las drogas ilegales está controlada por redes de narcotraficantes que incluyen parcialmente a la guerrilla y a los paramilitares.

Segundo, si la interceptación tiene éxito bajarán los precios de la coca y el opio, lo cual es el mejor incentivo para que el campesinado deje de cultivar. Este fue el caso en Perú a partir de 1995 cuando los compradores colombianos dejaron de ir a las zonas peruanas productoras de coca.

Tercero, la interceptación complementa la política de control territorial del gobierno. No cabe duda de que un estado moderno que se respete debe controlar no solamente su superficie terrestre sino también sus espacios aéreos.

Cuarto, la interceptación de aeronaves clandestinas afecta no solamente al contrabando de exportación de cocaína y heroína, sino también el posible contrabando de armamentos, de dólares e insumos químicos para la industria ilegal y aun la inmigración ilegal. Es más, unapolítica de no interceptar vuelos clandestinos implica que el Estado reconozca implícitamente que quien tenga acceso a una aeronave pueda efectuar cualquier tipo de contrabando sin problema.

A pesar de las ventajas de la política de interceptación sobre la fumigación, es necesario enfatizar que su aplicación debe ser extraordinariamente cuidadosa para no repetir la tragedia de los misioneros estadounidenses cuyo avión fue derribado en Perú en abril del 2001. Es importante aclarar que la política de interceptación no busca esencialmente tumbar aviones en el aire sino neutralizarlos, es decir, capturar aviones ilegales en tierra, forzar a aterrizar a aviones que estén volando sin los permisos oficiales y derribar aviones que vuelen clandestinamente solamente cuando éstos rehúsen aterrizar.

Es también indispensable tener conciencia de que la interceptación y destrucción de aviones clandestinos no es en sí misma una panacea que resuelve el problema de las drogas. Los resultados de la política dependen de la forma en que ésta se aplique. Para que esta política tenga éxito, en otras palabras para que contribuya sustancialmente a disminuir los cultivos ilícitos y el narcotráfico es necesario complementarla con otras. Por ejemplo, es primordial fortalecer el control sobre el transporte en los ríos amazónicos y las costas del país. Es decir, se trata de evitar que las drogas ilegales salgan de Colombia y que armas e insumos químicos entren. La meta debe ser no solamente neutralizar aviones sino crear zonas herméticas en las que el Estado controle el ingreso y salida de cosas y personas. Sólo así se logrará atacar en serio al narcotráfico. De otra forma, lo más que se podría lograr es un aumento en los costos de la industria ilegal, lo cual, aunque positivo, podría no ser significativo en términos de disminuir los cultivos ilícitos y la producción de drogas ilegales.

La política de interceptación, como muchas otras contra las drogas ilegales, puede volverse inefectiva cuando el narcotráfico corrompe a quienes deben ejecutarla. La experiencia peruana ilustra claramente algunas fallas en la política que se deben evitar. El programa peruano empezó en 1990. De acuerdo con cifras de la Fuerza Aérea, en 1990 se neutralizaron 3 aviones, once en 1991, once en 1992, veinticinco en 1993, quince en 1994 y veinte en 1995. Estas cifras cayeron sustancialmente en años siguientes: tres en 1996, diez en 1997, cero en 1998 y 1999, dos en 2000 y uno en 2001. Hay sectores del gobierno peruano que atribuyen un gran éxito a esta política. Sin embargo un escrutinio de las cifras de producción y precios indica que esta política tuvo muy pocos logros. Primero, según las Naciones Unidas, entre 1990 y 1995 el área cultivada fluctuó entre 108.600 y 129.100 hectáreas y en 1995 estaba en 115.300. En los años siguientes se experimentó una caída radical. Segundo, según esta misma fuente, los precios de la coca en el Alto Huallaga (en dólares constantes de 2000) fueron muy bajos en 1990 (US$,92 por kilogramo) cuando el gobierno colombiano estaba luchando contra el narcoterrorismo que causó la muerte de varios candidatos presidenciales. Éstos subieron en los años siguientes y se mantuvieron entre US$2 y US$3 por kilo hasta 1995 cuando volvió a bajar a US$1,24 llegando a su nivel más bajo en 1996 (US$0,66 por kilo) y 1997 (US$0,77 por kilo) recuperándose rápidamente en los años siguientes volviendo a niveles comparables a los más altos de la década anterior en 2000 (US$2,70 por kilo).

Estas cifras indican que los precios y cultivos de Perú cayeron cuando el gobierno colombiano encarceló a integrantes del cartel de Cali y cuando los cultivos de coca en Colombia ya se habían disparado. Es decir, la interceptación aérea no tuvo efectos significativos. Más aún, las cifras son consistentes con las interpretaciones de Fernando Rospigliosi, el primer ministro del Interior del actual gobierno peruano quien en su libro Montesinos y las fuerzas armadas, documenta cómo Vladimiro Montesinos controló el tráfico de cocaína en Perú desde principios de la década pasada. Las cifras apoyan la hipótesis de que el programa de interceptación fue usado por Montesinos como un arma para destruir la competencia.

foto: Chano

El caso peruano confirma la carencia de una política que sea una panacea respecto a las drogas ilegales y que ésta se puede manipular. Sin duda esta política genera menos “daños colaterales” que otras como la fumigación. Sin embargo, repitiendo lo que he afirmado ya muchas veces, como el problema de las drogas no es de política sino de instituciones y valores, tanto en los Estados Unidos y Europa como en Colombia. El análisis de la distribución espacial del consumo y producción de drogas ilegales muestra que ambos están concentrados en pocos países. Este patrón es anormal dentro del capitalismo y no se explica por medio de la rentabilidad de la industria. En efecto, su alta rentabilidad y bajos requisitos técnicos y de mano obra hacen esperar que todos los países que pueden producir drogas ilegales lo estuvieran haciendo. Por consiguiente, para entender el desarrollo de la industria de drogas ilegales en un país es necesario explicar por qué dicho país produce drogas ilegales mientras que la mayoría no lo hace. La respuesta a esta pregunta sólo se encuentra en la historia y evolución de las instituciones y valores del país productor. Una respuesta semejante se obtiene cuando uno se pregunta por qué un país consume drogas ilegales y otro no. En otras palabras, las causas de la producción y consumo de drogas ilegales se encuentran en las instituciones y valores que determinan el comportamiento de las personas y no en la rentabilidad de la industria.

En Colombia la mayoría de los investigadores considera que las debilidades institucionales y los valores estadounidenses son las causas fundamentales de la demanda en ese país, pero a muchos les es difícil aceptar que las debilidades semejantes de la sociedad colombiana son la causa de que este país produzca drogas ilegales. En los Estados Unidos sucede exactamente lo mismo: allá se identifica la producción con la corrupción y problemas institucionales de los países primordialmente productores de drogas, pero el consumo no se percibe como causado por los problemas institucionales y de valores de la sociedad estadounidense. Es por eso que en el campo de las drogas ilegales siempre se sabe que “el otro” es el responsable.

Las políticas prohibicionistas represivas no atacan las causas profundas del consumo, producción y tráfico de drogas por lo que en el mejor de los casos mejoran la situación en el corto plazo pero no resuelven el “problema”. Es por eso que una política de interceptación aérea, aun cuando esté complementada por otras que creen zonas herméticas, lo más que puede lograr es desplazar los cultivos y el narcotráfico a otras regiones o países y lo mismo se puede afirmar respecto de la fumigación. No debe entonces sorprender a nadie que los cultivos ilícitos se estén expandiendo en otras zonas de Colombia, Perú y Bolivia y posiblemente en Ecuador, Brasil y Venezuela y que en todos estos países y en Panamá el Plan Colombia se perciba como perjudicial a sus intereses.