foto: Iván Velandia

Como un grupo de expertos en derechos humanos, quienes redactan el análisis de situación y las consecuentes Recomendaciones, tienen la virtud de plasmar en ellas sus sentimientos, el impacto que las violaciones les producen, las tradiciones conceptuales y políticas que los acompañan y la percepción que tienen de las responsabilidades estatales y sociales, de la inmensa y compleja gama de los derechos humanos. Ese solo hecho amerita que el país asuma un debate público sobre los derechos humanos y las Recomendaciones. Es que en ellas se articulan saberes, experiencia y vivencias humanas. Y eso es lo valioso.

El conjunto de Recomendaciones no es mi tema de debate en esta oportunidad. Tan sólo me dedicaré a dos de las Recomendaciones. Son las incluidas en el tema de la Promoción de una cultura de los derechos humanos, e identificadas con los numerales 27 y 28. Éstos formulan:

“27. El Alto Comisionado recomienda a la Ministra de Educación incorporar, a partir del inicio de los próximos calendarios escolares, la enseñanza de los derechos humanos en los programas de educación primaria y secundaria. Para ello recomienda que celebre un acuerdo de capacitación continua con la Defensoría del Pueblo.

28. El Alto Comisionado exhorta al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General y a la Procuraduría General a establecer con la Defensoría del Pueblo convenios análogos para la formación permanente de sus funcionarios y empleados en derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

Como toda Recomendación en derechos humanos, las citadas tienen vida en la medida que respondan a un contexto, permitan desarrollar un texto y abran camino a una perspectiva viable y posible.

El contexto

El tema de derechos humanos se ha impuesto en la vida diaria, local de las personas, tanto porque los riesgos de las violaciones se han incrementado en la actualidad, como porque figura en forma directa o indirecta en las agendas de los más variados foros, conferencias, reuniones, de los gobernantes, de los ejecutores de la acción política y de los distintos grupos, en que se ha desarrollado la diversidad del ser humano. Esa inmensa capacidad para motivar las actividades de las personas, que son los derechos humanos, no tiene en nuestro contexto el mismo impacto, y creo que tampoco el mismo valor.

Que los gobernantes hubieran inscrito el futuro del país en los escenarios internacionales a favor de una acción permanente por los derechos humanos, con el compromiso en la firma de declaraciones, tratados, pactos y convenciones, no significó un cambio en la vida diaria. Calificados como instrumentos a favor de la guerrilla, aún hoy muchos de los defensores de los derechos o al menos defensores de personas a quienes se les violan sus derechos, son calificados como enemigos del establecimiento y cómplices de la guerrilla. Mientras tanto en paralelo, institucionalmente se tienen organismos del alto gobierno -Vicepresidencia y el Programa Presidencial de Derechos Humanos, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores-, organismos del Estado –Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía- y organismos mixtos –Comisión Intersectorial Permanente para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario- con la responsabilidad de velar porque los servidores públicos asuman las tareas que les corresponden, en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los distintos gobiernos.

Esta cacofonía en el tema tiene como explicación que los compromisos internacionales son asumidos por los gobernantes como compromisos formales, de cuyo cumplimiento sólo se da cuenta si se arrecia el peligro de que los organismos internacionales de derechos humanos se dispongan a definir alguna sanción al país, tanto por los incumplimientos como por las violaciones. Esta actitud niega que el tema de los derechos humanos se convierta en un tema de debate público, el que fortalece y da calidad a la democracia. Por consecuencia es la actitud que impide aplicar la Recomendación, tal como está formulada por la Oficina del Alto Comisionado.

Si este fuera el único nivel del contexto que impide la aplicación de las Recomendaciones, vaya y venga. Más compleja es la situación si se examina cómo se han asumido por los economistas, bien porque son el Banco de la República o del Ministerio de Hacienda o de Planeación Nacional o la mayoría de quienes participan del debate público de las cifras económicas, que no es el debate del bienestar y de las articulaciones de los modelos económicos con el bienestar de las personas. El cumplimiento de las responsabilidades internacionales en derechos humanos debe verse en función de las condiciones y perspectivas económicas del país, han dicho.

Lo que tiene como consecuencia que la Promoción de una cultura de derechos, cuya tasa de realización en la mejora de la calidad de vida de las personas es bastante lejana, significa un gasto, poco rentable, al que no hay que hacer esfuerzos hasta que el crecimiento económico permita mediante el sistema de gota a gota, derivar recursos hacia la satisfacción de los derechos.

Y, esto, con quienes los ven como posibilidad. Porque hay economistas prestantes que siguiendo lecturas internacionales consideran que la formación del estado comunitario o la sostenibilidad del modelo económico de crecimiento no deben considerar los derechos humanos individuales, toda vez que ante una reclamación individual, los programas y presupuestos económicos pueden alterar las cifras globales. Y, también los hay, que consideran que los valores individuales, sociales, colectivos o políticos, en los que descansan los derechos y las identidades de grupos específicos de población, sólo se pueden atender si son elementos del mercado. Con lo cual los mercados sienten, piensan, son racionales y actúan. Mientras tanto la dignidad humana de amplias capas de la población o de los grupos que requirieren un reconocimiento y una identidad propia, es aplastada de un golpe.

A la ausencia de debate, le sumamos la escasez de recursos económicos, y le agregamos el contexto institucional del sistema educativo.