L.E.: ¿Qué significa el Proyecto de Reforma a la Justicia para el país y cuál es su opinión frente a la polémica que se ha generado alrededor de los tres aspectos fundamentales que esta reforma sugiere?

C.G.: En primer lugar, la supresión del Consejo Superior de la Judicatura implica la eliminación de la autonomía de la Rama, y en un Estado de Derecho es inconcebible que la Rama Judicial no tenga independencia. En segundo lugar, el recorte a las facultades a la Corte Constitucional está acorde con lo que el Gobierno pretende. Sin duda, éste tiene una gran vocación autoritaria que implica la ausencia de controles.

La Corte Constitucional ha ejercido, con mucha propiedad y responsabilidad, los controles que la Carta le ha encomendado, de esta manera se ha convertido en un estorbo para los propósitos del Gobierno.

Finalmente, las restricciones a la tutela, resultan nocivas para el país y son las que más tocan al ciudadano corriente, por cuanto la tutela se ha constituido en el símbolo de la Constitución de 1991, ya que los derechos empezaron a hacerse efectivos a través de un mecanismo tan ágil como éste. Antes de la Constitución del 91, el ciudadano no se interesaba por saber de cuáles derechos era titular, porque sólo existían en el papel. Ahora cuando el ciudadano sabe que existe un mecanismo expedito, ágil, mediante el cual puede remover las situaciones que atentan contra sus derechos fundamentales, cuando se ha interesado por conocer cuáles son esos derechos, en conocer la Constitución y en ejercer la tutela, ésta se quiere limitar.

L.E.: ¿En realidad se ha desbordado la tutela?

C.G.: Cuando se dice que hay en Colombia un desbordamiento de la tutela, pienso que la primera respuesta es que en Colombia ha habido un desbordamiento en la violación de los derechos de los ciudadanos; también obedece a que los códigos procesales no se han actualizado, no se han puesto a tono con la Constitución de 1991. Cercenar la posibilidad de que la tutela se ejerza para defender los derechos de segunda generación, los derechos sociales, económicos y culturales, equivale a dejar sin sentido la tutela, y a convertir en letra muerta los artículos que están consagrados a este tipo de derechos en la Constitución del 91.

Contra todo eso quiere atentar la reforma a la justicia y no debe ser leída al margen de las otras propuestas del Gobierno. Me parece que está muy bien articulada, porque el Gobierno tiene un propósito claro y es desmontar el Estado Social de Derecho, que se diseñó en la Constitución de 1991.

L.E.: ¿Hasta qué punto es cierto el argumento de que la tutela es muy costosa?

C.G.: Sin duda la democracia es costosa. Naturalmente una dictadura, al menos formalmente, sería menos costosa. Aun cuando creo que sería mucho más costosa. Yo he dicho, y puede ser bastante aventurado, que prefiero una democracia corrupta a una dictadura transparente. Lo digo con base en algo evidente, de lo que da cuenta la historia, y es que dictaduras transparentes no hay. Cuando hay una dictadura, sin controles, es cuando el gobernante encuentra la situación propicia para enriquecerse, para hacer todo lo que el derecho no permite.
Es evidente que hay costos sociales, pero yo repito mucho una anécdota que parece trivial pero que es cierta: cuando se dice que aquí no hay dinero para la salud, para la educación, para el medio ambiente sano, yo lo comparo con la situación de una persona que tiene reservada una suma de dinero para comprar una buena botella de whisky. Se encuentra con un amigo que le solicita veinte mil pesos prestados, porque los necesita para comer, y él le responde: –No tengo dinero para prestarte. Claro, porque lo tiene destinado para otros gastos. Lo mismo ocurre aquí.

L.E.: ¿Por qué cree que el Gobierno no ha presentado aún el proyecto? ¿Tienen que ver las opiniones en contra?

C.G.: Creo que la propuesta inicial era tan cínica, que el mismo Gobierno se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, entonces ha entrado a escuchar otras opiniones. La tardanza en presentarlo significa que está oyendo a otros sectores.

fotos: Chano

L.E.: De darse algunas de estas modificaciones a la justicia, ¿cuáles serían, las implicaciones en el ámbito regional?

C.G.: La administración de justicia va a sufrir una degradación grande. Por una parte, la pérdida de autonomía de la Rama; por otra, la pérdida de controles y la mengua de la tutela. En las regiones el hombre común es el que menos acceso tiene a los círculos de poder, a las instancias centrales donde se maneja todo. Por lo tanto, allí pueden experimentarse de una manera más dramática los resultados de una Rama Judicial más debilitada.

L.E.: ¿Los colombianos y colombianas no estamos ya acostumbrados a plantear reformas coyunturales? ¿Necesitamos una reforma integral?

C.G.: No creo que se necesite una reforma integral. Al contrario, pienso que nosotros nos excedemos en reformas. La Constitución de 1886 duró 100 años, la Constitución de 1991 lleva muy poquito tiempo y todos los males que estamos padeciendo se los atribuyen a ella, cuando no le han dado tiempo suficiente para ayudar a mejorarlos.

L.E.: ¿Existen presiones globales, internacionales, para este tipo de propuestas?

C.G.: No hay duda. El hecho de que hagamos parte de la aldea global nos hace tributarios de las políticas de las entidades financieras internacionales, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estas son instituciones que no se caracterizan propiamente por dictar directrices económicas que busquen el mejoramiento de la vida de los sectores más abandonados.

L.E.: ¿Existe alguna directriz internacional que obligue al Estado colombiano a restringir la tutela?

C.G.: Es posible que no lo diga expresamente, pero se establecen otros tipos de prioridades. Necesariamente los dineros que están dedicados al servicio de la deuda, que cada vez crece más, son sustraídos precisamente de esos renglones que para el Estado nunca han sido prioritarios.

L.E.: ¿Qué implicaciones tiene el estatuto antiterrorista?

C.G.: Estatutos como el que se propone ahora, con el nombre de estatuto antiterrorista, los hemos ensayado durante cincuenta años. Durante ese término estuvimos viviendo permanentemente en Estado de sitio. Y las medidas que ahora se plantean, eran las que se proponían bajo los decretos de Estado de Sitio.

L.E: ¿Qué balance se puede hacer de esas medidas?

C.G: Esas medidas pueden constituir un legado histórico muy importante, porque se saca en claro que eran completamente ineficaces para los males que decían atacar y nocivas para los ciudadanos indefensos e inocentes que muchas veces fueron sometidos a tortura y condenados en juicios militares breves y sumarios, de los cuales nunca han sido restituidos en sus derechos, así luego se les haya considerado inocentes.

L.E.: Teniendo en cuenta la ola internacional antiterrorista y el reciente apoyo que personalidades como el juez español Baltasar Garzón le han dado al estatuto, ¿usted cree que va a salir exitoso en el Congreso?

C.G.: No me cabe duda de que esos hechos que causan tanto escozor en la ciudadanía, sirven como pretexto para expedir ese tipo de estatutos. El ciudadano corriente no establece la relación entre la situación que se vive y lo adecuado de las medidas que se dictan; el razonamiento que se hace es tan simple como este: Estamos viviendo en un estado de terror insoportable, por lo tanto las medidas que el Gobierno dicte hay que apoyarlas, sin valorarlas.

El apoyo que la comunidad internacional le da a estas medidas desconoce la realidad colombiana. A menudo se nos dice que en esos países existen disposiciones muy drásticas para los estados de excepción, lo cual es cierto, pero en esos países los derechos humanos no están expuestos, no son tan vulnerables como entre nosotros. En esos países los derechos humanos no son un mero discurso, sino son una práctica por la cual el gobierno se siente realmente atado.

L.E.: Usted cree que con toda la popularidad que tiene el Presidente y con la sensación que ha logrado posicionar de seguridad entre la clase media habría apoyo para sacar adelante sus propuestas?

C.G.: En este momento el Presidente tiene apoyo para lo que proponga.