El Plan de Desarrollo contempla cuatro objetivos que se fundamentan en la Seguridad Democrática; el Crecimiento Económico Sostenible y la Generación de empleo; la Construcción de Equidad Social y el Incremento de la Transparencia y la Eficacia del Estado.

El debate no ha sido nada alentador y ha pasado por las mil y una peripecias, luego de maratónicas jornadas, a éste se le incluyó desde la creación de fondos de capitalización social para estabilizar las empresas de servicios públicos, hasta el régimen pensional de los nuevos docentes. Y como si fuera poco, cuando el articulado se encontraba listo para ser enviado a sanción presidencial el documento se extravió.

Ahora resulta que por considerarse inconvenientes e inconstitucionales, el presidente Uribe objetó algunos artículos argumentando que éstos afectan las finanzas públicas. Se trata del Artículo 8 en dos de sus disposiciones: la que condiciona las políticas de seguridad democrática a la búsqueda de un acuerdo de paz con las organizaciones violentas y la que propone una exención tributaria para el sector de la economía solidaria.

El Artículo 83, mediante el cual se otorgan recursos de la Nación a los colegios departamentales de Antioquia, Cauca y Boyacá, que fueron descentralizados; el Artículo 137, el cual hace extensivo el beneficio de los subsidios de vivienda a soldados profesionales y algunos civiles de las fuerzas militares. Y por último el Artículo 138 que habla de la creación de un Fondo de Seguridad Aérea para el salvamento de las empresas de este sector. De no ser aprobada esta objeción, el documento será enviado para revisión a la Corte Constitucional y será ella quien finalmente decida la suerte de los cuestionados artículos. Faltará ver qué otro tropiezo pueda sufrir el tan accidentado plan.

Una mirada a las líneas básicas del plan nos permite ver que en materia de seguridad democrática, se establece como estrategia el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la fuerza pública y la justicia y la lucha contra el narcotráfico. Para lograr este objetivo el gobierno propone, entre otros, la profesionalización de la fuerza pública, la incorporación al servicio militar de policías y soldados y la preparación de aproximadamente un millón de ciudadanos que conformarán las redes de cooperantes. Este aspecto es el eje fundamental del Plan y de la política del gobierno Uribe, sin embargo retrocede en la mirada de la violencia pues ésta sólo se asocia al problema del narcotráfico y al problema militar, tal como lo manifiesta el economista Jorge Iván González, asesor para la Misión Social del Departamento Nacional de Planeación, DNP, y Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Universidad Nacional: “La violencia es multicausal y no se pueden desconocer factores objetivos como la pobreza y la desigualdad, porque aquí más que cuestionar el concepto de la seguridad democrática, el debate debe darse en términos de las libertades civiles, es decir, ¿con una presencia militar tan fuerte, hasta dónde se van a respetar las libertades?”.

Ahora bien, si analizamos la política de seguridad democrática desde el punto de vista presupuestal, aquí la pregunta sería ¿cuánto cuesta garantizar la seguridad de los colombianos y del territorio nacional? En este punto el gobierno tiene claro que la puesta en marcha de esta estrategia depende de los recursos fiscales y de la participación de la Comunidad Internacional. Precisamente, en el segundo semestre de 2002 y como parte del proyecto político del presidente Uribe, se creó el impuesto a la Seguridad Democrática para aquellos contribuyentes que presentaron declaración de renta y complementarios por el período gravable 2001 para las personas jurídicas. Para el caso de las personas naturales, los que hubiesen tenido un patrimonio bruto al final de dicho período gravable superior a $169.500.000. Las cifras no se hicieron esperar, recientemente el director de la DIAN, Mario Aranguren, informó que a la fecha se han recaudado por concepto de este gravamen $ 2.44 billones y que la meta esperada era de $2.1 billones. Tal como lo muestran las estadísticas, el comportamiento fiscal en lo que a seguridad se refiere está funcionando como el gobierno lo tenía previsto, de seguir así, ¿los colombianos y colombianas no tendremos que preocuparnos por la inseguridad?

Foto Luis Barros Pavajeau

Regionalización ¿novedad o exclusión?

Como parte de la Renovación de la Administración Pública, en materia de descentralización y el ordenamiento territorial, se plantean puntos estratégicos como: el de reorganizar la oferta de crédito y cofinanciación territorial, que permitan la transparencia en la distribución de los recursos para el desarrollo territorial. De igual forma el gobierno expedirá un régimen Procedimental y Sancionatorio de los tributos para las entidades territoriales que les permita a los municipios tener herramientas para mejorar el recaudo, ligadas a un Programa de actualización catastral en las áreas rurales que conlleve al fortalecimiento fiscal de los entes locales.

Es claro que mientras no exista tributación rural no se pueden mejorar las condiciones de las ciudades –región en sectores tan importantes como la salud, las vías y la infraestructura, entre otros. Es necesario que se formulen políticas desde el gobierno central en el sentido de sensibilizar a los ciudadanos en la práctica de la cultura de la tributación, que garanticen el debido cumplimiento del recaudo.

Por otra parte, se implementará un programa de ordenamiento territorial y evaluación ambiental, así como el estímulo a los programas de ciudad –región tales como Bucaramanga, Medellín- Valle de Aburrá y Bogotá – Cundinamarca. Sin embargo, no se articulan las dinámicas regionales de producción de ciudades tan importantes como Cali, Barranquilla y Pasto.

Infortunadamente desde el punto de vista local no se ha logrado con la descentralización dinamizar regiones, contrario a lo que se esperaba, porque la industria se ha concentrado más en Bogotá. Con la descentralización, lo lógico sería que se contemplara en el Plan que estas ciudades se conviertan en polos de desarrollo, es decir que tengan las mismas oportunidades de competir. Por ejemplo, si el 53% de la carga nacional pasa por La Línea (la ruta más importante que comunica a la Región Andina con gran parte del país), se deben construir carreteras que permitan que el mercado fluya y los pueblos circunvecinos se puedan beneficiar y no esperar a que cientos de camiones se queden parados durante más de ocho días por falta de mantenimiento en las vías, como ocurrió recientemente. Si se plantea a Barranquilla como una ciudad – región hay que garantizar que todas las ciudades cercanas se comuniquen con ella y que el puerto pueda operar normalmente.

“Si los recursos nacionales los destinan realmente a estimular el desarrollo local – regional se va cambiando el sentido de la descentralización, pero para eso se tiene que creer en el mercado interno y como el Plan no cree en la importancia del mercado interno es muy difícil. Tenemos 46 millones de personas dispuestas a consumir y hay que crear un mercado interno para las 46 millones de personas. Por ejemplo, sólo con el plan “Vive Colombia viaja por ella”, se está comenzando a estimular el turismo básico y se pueden ver algunos polos de desarrollo”, afirma Jorge Iván González.

Lo que queda evidenciado en la propuesta del Plan de Desarrollo del gobierno Uribe es que se trata, como en los planes de otros gobiernos, de una propuesta coyuntural que no resuelve los problemas macroestructurales del país, en otras palabras no plantea políticas de Estado a largo plazo que solucionen las problemáticas reales tanto en el campo económico como el social. El asunto resulta más complejo en tanto, la lectura general del documento, muestra un Plan de Desarrollo lejos de la planificación que ha mostrado en otros campos el actual gobierno.