El primer semestre del año 2003 todavía no ha terminado, pero toda América Latina –para no decir todo el mundo–, mantiene los ojos abiertos a las acciones del gobierno brasileño encabezado por un metalúrgico y sindicalista, el presidente Luis Inácio Lula da Silva

Los desafíos de Lula en un Brasil en reforma

A pesar de ser la novena economía del mundo y tener un PIB de US$700 mil millones, el mayor del bloque latinoamericano, Brasil es uno de los países cuyos índices de desigualdad social y pobreza son los más significativos, lo que exige de cualquier gobierno cambios y ajustes estructurales que promuevan la justicia social con redistribución de renta y riqueza, con elevación de índices de desarrollo humano y bienestar social. Por eso, Brasil enfrenta como urgencia y desafío mayor la necesidad de reformas estructurales para democráticamente elaborar e implementar políticas públicas de combate a las disparidades sociales para, al menos, armonizar sus políticas y elevar sus índices a los patrones más altos de la región.

El plan de gobierno de Lula, en este sentido, define justamente como una orientación estratégica de gobierno que “los problemas fundamentales a ser enfrentados son: la concentración de renta y la riqueza, la exclusión social, la baja creación de empleo y las barreras para la transformación de las ganancias de productividad en aumento de rendimientos de la gran mayoría de las familias trabajadoras.

Este desafío es la traducción en el plan de acción gubernamental de las propuestas de políticas públicas llamadas “las cinco reformas prometidas por Lula en su campaña presidencial” y cuyos puntos esenciales ya están en discusión en el Congreso Nacional. Son la Reforma de la Seguridad Social (previdencia), la Reforma Tributaria, la Reforma Laboral, la Reforma Política y la Reforma Agraria. Estas reformas están siendo intensamente negociadas y debatidas en todo el país, pues pasan por significativas alteraciones en la Constitución brasileña.

La Reforma de la Seguridad Social busca evitar un colapso financiero inminente desde años, pues con 15 millones de pensionados para pagar y con un déficit crónico anual de 35 mil millones de reales, el gobierno enfrenta la resistencia de los servidores públicos, en medio de ellos están mezclados tanto los llamados “marajá” (que reciben estos altos beneficios), los profesores y los demás pequeños funcionarios cuyos salarios son magros y están congelados desde hace ocho años y que reciben mensualidades de hasta R$80.000, o sea US$26.600, en un país donde más de 24 millones viven con un salario mínimo mensual de R$240, equivalente a US$ 80.
Las distorsiones resultan del hecho de que menos del 1% de los pensionados (75.000 personas, muchos de ellos sin cumplir todavía 60 años) reciben en total R$3.7 mil millones, casi dos veces los 1.9 mil millones necesarios para pagar los 8 millones de pobres mayores de 60 años que reciben un salario mínimo.

La Reforma Tributaria en Brasil siempre fue un factor de desigualdad social por tener una carga tributaria perversa que de 1993 a 2002 pasó de 25 a 32% del PIB, la más elevada en el conjunto de los países de renta mediana, lo que reduce las posibilidades de aumento de empleos, la primera y más apremiante de la lista de demandas populares en todas las expectativas de la población. De hecho, en un país donde es difícil combatir la evasiónfiscal, el gobierno siempre castigó al pueblo más pobre haciendo el ejercicio más fácil: aumentar los impuestos. Pues, desde 1993, los sucesivos aumentos en la recaudación de impuestos no fueron el resultado del crecimiento económico ni de la eficiencia en la recaudación, sino el resultado del aumento de alicotas, de la creación de nuevos impuestos y de la tasación de todas las actividades económicas del país.

Lo que tiene una incidencia directa sobre la situación de los trabajadores y pone en la agenda nacional la urgencia de una Reforma Laboral para generar más empleos y hacer justicia social. Y, basta analizar las cifras y conocer la estructura arcaica de los sindicatos creada en los años 70 para sentir la aguda crisis que vive el mundo del trabajo y entender por qué el presidente Lula, que es fruto de este sistema, vive angustiado en cuanto no se corrijan estas injusticias sociales históricas tan alarmantes. El nivel de desempleo en São Paulo, el mayor centro económico del país, llegó a 20% de la población económicamente activa.

El Instituto de Estudios sobre el Trabajo y la Sociedad (IETS) utiliza datos oficiales del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), el mayor órgano oficial del país, para probar que, a pesar de que el gobierno registre gastos sociales de R$135 mil millones por año, de 1996 a 2000 la tributación de los más pobres aumentó en cuanto diminuyó para los más ricos. Pues, con el pretexto de la creación de empleos, que a su vez no registró aumentos significativos, el gobierno eliminó en 1995 la alicota del 35% que incidía sobre los más altos salarios y diminuyó de 25 a 15% el impuesto sobre el lucro de las personas jurídicas, por un lado. Por otro lado, la recaudación del impuesto de renta pago por los trabajadores aumentó de 68% y se congeló la tabla de impuesto de renta de personas físicas, lo que tiró millones de empobrecidos y personas con renta baja de la faja de exención. Así, si en 30 años, la alicota de los empleadores aumentó del 3 al 20% y la de los pequeños empleados (que ganan de uno a tres salarios mínimos) aumentó de 3 a 8%, el 62% (o sea 39.5 millones) de los 64 millones de trabajadores del sector privado quedaron fuera del alcance de la asistencia social. Así, se constata que lo mismo con la existencia de impuestos o contribuciones sindicales, el propio sistema tributario, laboral y de asistencia social está en la base de la creciente evasión de la seguridad social, causando por lo tanto más desprotección social justamente de los más pobres.

La reforma política responde a la necesidad de corregir multitud de distorsiones del sistema político brasileño. Por ejemplo, pretende suplir la falta de representatividad política de la sociedad, aumentando la participación de las mujeres (55% de la población con menos de 8% de representación política), de los afro-descendientes (40% de la población con menos de 10% de representación) y de los económicamente más pobres que son 54 millones de brasileños con menos de dos salarios mínimos, o sea 30% de la población que son totalmente invisibles políticamente. Para disminuir el control y el dominio del sistema electoral por los todopoderosos centros financieros y grupos sociales más ricos económicamente, la reforma política propone financiar todas las campañas electorales con verbas públicas. Quiere también combatir la falta de fidelidad partidaria y el descrédito creciente de los partidos políticos así como la corrupción electoral expresada en el llamado “compra de votos” institucionalizando el control social del sistema electoral y político en general.

Tras una historia marcada por el latifundio y la lucha permanente de trabajadores campesinos como del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra - MST, el tema de la reforma agraria considerada necesaria y urgente en un país de hambrientos y desempleados, está presente en la agenda de todos los gobiernos que Brasil ha tenido en los últimos veinte años. Pero es con Lula que se esperan acciones de mayor impacto con más asentamientos familiares y una política agrícola que se preocupe con la agricultura familiar y de cooperativas. El MST entregó en noviembre de 2002 al presidente recién electo un programa mínimo para la acción del gobierno en el tema de la reforma agraria. El nombramiento de Miguel Rossetto como ministro del desarrollo agrario representa desde luego una señal de que la reforma agraria debe avanzar más que en otros gobiernos, por la afinidad de Rossetto con el MST. Lula afirma que la reforma agraria, el incentivo a la agricultura familiar, el estímulo al cooperativismo, al micro-crédito y la educación básica son metas esenciales para el éxito de su novedoso programa “Hambre Cero” que combina acciones de emergencia con acciones estructurales. Es temprano, estamos esperando todavía.

En un país que aprendió a seguir las noticias sobre la cotización del dólar y las negociaciones con el FMI, el lanzamiento del programa “Hambre Cero” buscó y logró subvertir las pautas, poniendo la cuestión social en evidencia y, de esta manera, exigiendo de varios sectores sociales el compromiso de poner fin si no a la pobreza, por lo menos al hambre. Ya que la realidad trae datos alarmantes: en Brasil, 1.2 sobre 10 millones de personas, o sea 14% de la población, viven debajo de la línea de pobreza y con problemas de nutrición.

El pueblo exige al gobierno enfrentar muchos otros problemas. Pero, dos ya están desafiando la autoridad pública. Son la corrupción en la administración pública y el tema de la violencia. El Estado de Río de Janeiro es paradigmático en ambos desafíos. Desde el comienzo de 2003 siguen denuncias y procesos contra fiscales del gobierno que tienen gran cantidad de dinero en cuentas de bancos suizos con clara participación de órganos de gobierno en el “esquema”, implicando en investigaciones de la Justicia a la actual gobernadora Rosinha, esposa del anterior gobernador y actual secretario de Seguridad Pública, Anthony Garotinho (que concurrió a la presidencia contra Lula). Él asumió esta secretaría a finales de abril por la total falta de control del Estado de Río sobre los policías corruptos y los actos de las redes de tráfico de drogas: asesinatos de jueces, incendios en autobuses, bombas jugadas en hoteles de la ciudad, además de la constante violencia en el control de las favelas de Río. El “crimen organizado” aparentemente tiene el control del Estado de Río de Janeiro y, por lo menos inicialmente, el gobierno del estado –que tiene la responsabilidad constitucional de la seguridad pública– mostró algunas resistencias para aplicar las políticas públicas de seguridad y de combate a la violencia del gobierno Lula.

En busca de un proyecto para el hemisferio

Si en el contexto nacional Lula enfrenta grandes desafíos para concretizar reformas económicas y sociales, el contexto interamericano le ofrece el desafío de asumir el liderazgo que ha generado expectativas desde el resultado de su elección. En la agenda está la conducción del ALCA y la implementación del MERCOSUR. Con la vicepresidencia del comité de negociación, el gobierno brasileño definió en reunión del gabinete ministerial una agenda estratégica de negociación para fortalecer la posición de los países del MERCOSUR. Mientras desarrolla acuerdos bilaterales (siguiendo el formato de Chile con EUA) con otros países del continente como México y el propio EUA, con Europa (Portugal, España, Rusia) y con la propia Unión Europea, además de África y Asia, el gobierno de Lula decidió hacer todo para negociar el ALCA de forma colectiva, en nombre del MERCOSUR, defendiendo los intereses comerciales y estratégicos de estos países y exigiendo el desmonte de las barreras y subsidios que protegen la economía de los Estados Unidos.

Consciente de la intensa diplomacia comercial exigida por una diversificación y ampliación de la pauta de comercio exterior y de los mercados internacionales, el gobierno de Lula dio “prioridad al MERCOSUR y a la integración económica del hemisferio suramericano y a la actuación junto a la OMC en la búsqueda de equilibrio en el ALCA y en las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea, sin olvidar la construcción de relaciones bilaterales con países de grandes mercados de consumidores”. Sin embargo, tanto el MERCOSUR y el ALCA en cuanto las negociaciones, sea MERCOSUR– Unión Europea, las bilaterales u otros bloques, todos deben trascender la dimensión exclusivamente económico-comercial y de ratificación de acuerdos multilaterales para ampliarse a un proceso de integración democrática con fuerte participación social popular y una indisociable dimensión socio-ambiental, cultural, política y de garantía de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

Es interesante verificar, por ejemplo, acuerdos como los realizados por Lula y Chávez en Recife, Brasil, en abril de 2003. Además de acuerdos comerciales, el gobierno brasileño se comprometió en enviar profesionales brasileños a Venezuela para que, a través de una cooperación técnica, el país pueda diversificar su economía tan dependiente del petróleo.

Después de firmar el TLCAN, la estrategia de EUA para asegurarse el control total del continente al negociar individualmente con cada país (como en el caso de Chile), al mismo tiempo que busca globalmente avanzar con el ALCA junto con negociaciones subregionales con el Caribe, los países del Pacto Andino, Centroamérica, Cono Sur.

Acuerdos con el MERCOSUR son evidentemente más difíciles para los Estados Unidos, ya que los gobiernos de Argentina y del Brasil no sólo buscan negociar con la Unión Europea, como también se proponen negociar más desde la búsqueda de intereses nacionales de sus economías en el mercado estadounidense. Por eso, la opción por una estrategia de diversificación del acceso a los mercados internacionales y de fortalecimiento de la unidad de los países latinoamericanos constituye la única alternativa de supervivencia, de soberanía y de preservación de la libre autodeterminación de los pueblos del continente. Contando con el fuerte interés de la Comunidad Europea en la aproximación de algunos países del hemisferio y consciente de los riesgos, restricciones y presiones, el Brasil de Lula está dando algunas señales explícitas mostrando que entiende y asume un papel fundamental en ayudar a los países latinoamericanos a superar los conflictos internos de intereses subregionales para, unidos, trabajar en la construcción del bloque latinoamericano.