El trámite simultáneo de una reforma política que cambió
42 artículos de la Constitución y de un referendo que decepcionó en su contenido a sus propios progenitores,
llevó a un choque de iniciativas que condujeron
a importantes sectores a recomendar la opción
parlamentaria en lugar de la plebiscitaria.

En las circunstancias creadas, aún sectores fines al Presidente pensaron que sería mejor hundir el referendo y promover que los temas políticos se separen de los de hacienda pública para que el Congreso y la sociedad asuman con seriedad la discusión de los cambios propuestos al ordenamiento institucional. Las urgencias fiscales podrían atenderse con otros instrumentos que ofrece la Constitución y la Ley, sin necesidad de someter a los ciudadanos a un procedimiento lleno de letra menuda.

No hay duda de la urgencia de cambios en las normas y costumbres políticas. Los problemas están en el qué y en el cómo. La necesidad de la reforma ha sido señalada por académicos y políticos de diversa y hasta contradictoria filiación. Entre las tareas inconclusas de la Asamblea Constituyente de 1991 se ha reconocido la que concierne a la democratización del régimen político, como se constató con la recomposición del clientelismo, la permanencia del sistema patrimonial de apropiación de lo público y la crisis de los partidos políticos, de las instituciones representativas y de la organización territorial.

A esos temas de frecuente referencia se agregan otros igualmente significativos para la arquitectura democrática de cualquier sociedad, como el oligopolio de los medios masivos de comunicación y de los sistemas de transmisión de datos, la falta de control al monopolio o a la posición dominante o a la indebida injerencia de los grupos económicos legales y de las mafias en los poderes del Estado. Y como si fuera poco, el Presidente Uribe ha colocado sobre el tapete un replanteamiento de los principios de Soberanía Nacional al inclinarse por la transnacionalización de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y por un criterio de soberanía limitada al servicio de la “seguridad democrática”.

Desafortunadamente, el texto de referendo que se aprobó en la legislatura de 2002 y se piensa llevar a consideración de los ciudadanos en el transcurso de 2003, minimizó la agenda de la reforma política y se orientó a un salpicón de materias que combinan acomodos de la llamada “clase política” con el Ejecutivo y avances para el ajuste fiscal que pactó el Gobierno con el FMI.

Los contenidos de la reforma

Para ayudar a la confusión general, y mientras la atención nacional se concentraba en otros asuntos, el Gobierno y una heterodoxa amalgama parlamentaria promovieron el Acto Legislativo de Reforma Política, que además de repetir, corregido y aumentado, casi todo el articulado del referendo, introduce otros 30 artículos.
El complemento de temas a los contenidos en el referendo abarca la afiliación única a partidos y movimientos, la organización por bancadas, el mínimo de votos o firmas para crear y mantener la legalidad de organizaciones políticas, la financiación estatal de las campañas; también incluye los derechos de la oposición a la crítica, uso de medios y réplica, el concurso de méritos y la carrera administrativa para todos los servidores públicos, moción de censura a altos dignatarios aprobada por mayoría absoluta del Congreso, moción de urgencia para proyectos de iniciativa popular, restricciones a la objeción presidencial a leyes, autorización a congresistas para ser Ministros o Embajadores, inhabilidad para ser Ministro a quien está al servicio de un gremio o grupo a ser vigilado desde ese cargo, control a altos funcionarios por parte del Congreso, obligatoriedad del voto; por otro lado, está la formación del tribunal electoral con Magistrados, candidatos a Contralor escogidos por concurso de meritos, Auditor General para controlar al Contralor, Procurador de partido diferente al del Presidente entre candidatos escogidos por las Cortes, Defensor escogido de terna sin intervención del Presidente.

En ese paquete de reformas se confunden buenas ideas para modernizar la política, como la financiación estatal de partidos, el fortalecimiento del Congreso y la independencia de los órganos de control con respecto al Presidente, con gabelas para los políticos y saludos a la bandera en cuanto a oportunidad para nuevos partidos o movimientos.

En la reforma política se “clonan” artículos del referendo, supuestamente como alternativa a las vicisitudes en el control constitucional o en los pronósticos sobre una votación inferior al 25% del padrón electoral que es necesario para su aprobación. Y para completar se introducen cambios a los artículos del referendo que contradicen definitivamente los anuncios sobre combate al clientelismo y la corrupción, tales como el voto preferencial en cada lista o la tramitología para dificultar sanciones por incumplimiento, tráfico de influencias o malversación de fondos.

El referendo impotable

La polémica que se viene haciendo al texto del referendo, abarca asuntos de procedimiento en su trámite legislativo, criterios sobre el Estado y la democracia, sobre las políticas de ajuste fiscal o la estrategia punitiva antidrogas.

El pliego de cargos ha sido alimentado por críticos de todas las vertientes, que incluyen entre otras afirmaciones:

• El procedimiento adelantado en el Congreso presentó vicios, como los mensajes de urgencia que no caben para reformas constitucionales; la falta de unidad de materia, la inclusión de temas en la conciliación, como la prolongación del periodo a los Alcaldes y Gobernadores o lo relativo a la “dosis personal”; la redacción no imparcial de las preguntas.

• La votación en bloque es antidemocrática por la diversidad de materias, lo largo del texto y la indebida presión sobre los ciudadanos para que diga sí o no al conjunto. El referendo incluye sólo diez y nueve opciones de respuesta, cuando en realidad en cada ítem se tratan en promedio siete temas distintos, que no se relacionan unos con otros necesariamente o que pueden aceptarse u objetarse por separado. Son en realidad más de 100 preguntas camufladas de manera tramposa.

• Muchas de las reformas al Congreso de la República se pueden adoptar por mecanismos legislativos o reglamentarios más expeditos.

• La reducción del número de senadores y representantes, o el recorte en Contralorías y Personerías, ha sido promovida con argumentos fiscales menospreciando los criterios de ampliación de la democracia, de los controles y defensa de los Derechos Humanos.

• El paquete de reformas a la política es muy débil en el propósito de eliminar el clientelismo y la corrupción. Por ejemplo, se aceptan salvedades frente a sanciones a los corruptos cuando devuelvan lo robado y se da a los parlamentarios un superpoder para decidir sobre el presupuesto de inversión y su ejecución en las entidades territoriales.

• La pregunta sobre eventual designación al Congreso de la República de un número plural de representantes de “grupos armados al margen de la Ley” que se “encuentren debidamente vinculados a un proceso de paz”, abre la posibilidad para las AUC, pero es inviable para la guerrilla.

• La prolongación del periodo para actuales Alcaldes, Gobernadores, Diputados y Concejales, que tiene pronóstico reservado en el control de la Corte Constitucional, pasa por encima de la democracia local al imponer con votos de unos municipios los dignatarios en otros donde pueden estar mayoritariamente cuestionados. Es una reelección sin soberanía de los electores de la respectiva circunscripción.

• El referendo es más un plebiscito fiscalista que una reforma política. Y aún en sus objetivos fiscales se hacen cuentas alegres, pues la liquidación de instituciones implica tiempos y costos que no han sido considerados. Las medidas en cuanto a pensiones se meten antitécnicamente en un solo bloque y se hacen mal las cuentas en lo relativo a regímenes exceptuados.

• La reducción de los salarios propuesta durante los años 2003 y 2004 es un contrasentido con la pretensión de disminuir las desigualdades sociales que se incluyen como uno de los subtítulos del texto de referendo. Además, se descartan alternativas menos antisociales.

• El ajuste fiscal se dirige sobre todo a racionalizar recursos al servicio de la guerra. La destinación del llamado “ahorro” por los recortes, o de regalías al gasto en educación o salud, no garantiza que se aumente el gasto social, pues se recorta por otra vía y se conserva la ineficiencia de los esquemas ultraprivatizadores montados en la última década.

• Se mantiene el enfoque represivo en cuanto al consumo de algunas sustancias psicoactivas y se persevera en la estrategia de “guerra antidroga” que ha demostrado ser ineficaz y contraproducente a escala internacional. El punto supuestamente dirigido contra el narcotráfico penaliza en términos indefinidos y misteriosos a los consumidores portadores de una dosis personal.

Ante el cúmulo de cuestionamientos los defensores del referendo han insistido en los objetivos del programa de 100 puntos de la campaña, pero denotan grandes vacilaciones. Unos proponen, como el senador Pardo, que se hagan cursos por televisión y educación anexa a los recibos del agua, o que se programen elecciones en tres o cuatro fines de semana para sortear la complejidad y largura del texto; otros, como el Dr. Vargas Lleras piensan en voz alta sobre la opción del acto legislativo en lugar del camino riesgoso de la búsqueda de los 6.000.001 votos; el Ministro Londoño le sube el tono a sus argumentos sobre un acto de fe contra el terrorismo y el narcotráfico y repite las tesis con las cuales defendió el proyecto original ahora maquillado hasta lo irreconocible. Y para completar el cuadro, el ex Presidente López, con el ánimo de ayudar al Presidente Uribe, dice que no es un referendo sino un plebiscito, que es anodino en materia política y desenfocado en lo fiscal, pero que nada de eso importa porque en la mitad del charco lo peor sería devolverse con el riesgo del descrédito y la ingobernabilidad. (Algo así como su acostumbrado acertijo: plebiscito o catástrofe).