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Y se izan banderas para reclamar la justicia social, la atención del Estado, de las familias más necesitadas y, en fin, todos los argumentos y rincones insatisfechos de la sociedad resultan de un momento a otro siendo las víctimas perfectas que deben por la razón o por la fuerza, despertar la solidaridad de gobiernos y personas.

Comencemos estas reflexiones dando una rápida mirada al marco legal que ha pretendido regular en nuestro país la distribución de la riqueza que puede generarse a partir de la explotación de nuestros recursos no renovables, sin perder el punto de vista que necesariamente nos indica que a todos nos pertenecen. Antes de la expedición de la actual Constitución Política en el año de 1991, existían en el país normas diversas que regulaban la distribución y manejo de las regalías por cada uno de los recursos naturales no renovables, en las cuales se disponía que parte de esos recursos correspondían a la Nación por derecho propio. Existían normas sobre petróleo, esmeraldas, carbón, plata, platino, etcétera, y en el Código de Minas se contenían algunas previsiones que a la postre no lograron unificar el tema y, en muchos de los casos, crearon una verdadera confusión sobre el particular.

La nueva Constitución conservó los derechos de percibir regalías a los departamentos municipios en cuyo territorio se exploten recursos naturales no renovables, extendiendo este beneficio a los puertos marítimos y fluviales por donde se transportan dichos recursos o productos derivados de los mismos y previó que por la explotación de estos recursos, se causaba a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Dispuso también que con las regalías que no fueran asignadas a los departamentos y municipios, es decir, las que corresponden al Estado, se creara el Fondo Nacional de Regalías con el fin de que dichos recursos se destinarán a la promoción de la minería, la preservación del medio y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las entidades territoriales (artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia). Hemos de entender con ello, que planes de desarrollo son aqueloos que comprenden dos o más departamentos. Nació así la distribución entre regalías directas e indirectas.

En desarrollo de esta norma constitucional, en el año de 1994, en Congreso de la República expide la Ley 141, cuya finalidad se orientó a cuatro grandes objetivos: 1.Establecer el régimen de regalías, esto es, determinar los porcentajes que como regalías se generaban por la explotación de los recursos naturales no renovables, indicando que del monto de estos ingresos, debían ser entregados a los departamentos productores un 74%, a los municipios un 13%, a los puertos un 8% y al Fondo Nacional de Regalías un 32%. 2.El régimen de inversión de los recursos que por regalías directas recibieron los departamentos y municipios productores y los puertos marítimos y fluviales, determinando que los mismos debían ser invertidos en entender necesidades de salud, educación y saneamientos básico.

Dispuso la ley en los artículos 14 y 15, los porcentajes de inversión en cada uno de estos sectores y determinó las coberturas las coberturas mínimas en estos aspectos, ordenando que si ellas no eran alcanzadas con la inversión en los porcentajes fijados, sería mayor el valor dela inversión hasta alcanzar dichas coberturas. En caso contrario, los entes territoriales estaban autorizados para orientar la inversión de las regalías hacia otros sectores. 3. Se creo la Comisión Nacional de Regalías como ente encargado del manejo de la regalías asignadas al Fondo Nacional de Regalías, disponiendo que los recursos a administrar serían invertidos en los sectores como salud, educación y vías, entre otros y 4- Le asignó a la Comisión Nacional de Regalías la función de control y vigilancia de la inversión de las regalías directas y la aprobación de los proyectos que fueran viabilizados por los correspondientes ministerios y que comprometieran la inversión de las regalías indirectas, esto es, aquellas que por mandato constitucional le corresponden al Estado como contraprestación económica por la explotación de los recursos naturales no renovables.

En el año 2002, el Congreso mediante la Ley 756 interviene de nuevo en el asunto de las regalías. El cambio importante consiste en modificar los porcentajes a percibir por regalías sobre hidrocarburos fijados en la Ley 141 de 1994 en un 20% por barril en boca de pozo con incrementos porcentuales según la producción, pasando a ser entre el 5 y el 25% también según la producción, con miras a incentivar la inversión en la exploración y explotación de este recurso natural.

Desde que nuestro país tiene memoria sobre la explotación de los recursos naturales no renovables generadores de regalías, a la fecha, los departamentos y municipios productores, los puertos marítimos y fluviales y todos los entes territoriales, han percibido por cuenta de las regalías sumas de dinero importantes que hubieran permitido garantizar a las comunidades mejores condiciones en su calidad de vida y muy especialmente en los sectores de salud, educación, saneamiento básico y crecimiento en los sectores eléctrico, de conservación del medio ambiente, de infraestructura vial y todos aquellos que por su importancia en el buen vivir de los pueblos, generan polos de desarrollo por la actividad económica que representan. Desafortunadamente, estos recursos importantes han sido huérfanos del control del Estado, víctimas del desgreño administrativo, de la indolencia de los administradores de turno y presa fácil de los apetitos desmedidos de los corruptos que sin compromiso de patria y sin sentimiento alguno de solidaridad, han enriquecido sus bolsillos, los de sus amigos, de sus socios en el despilfarro y demás especies abundantes en el diario aprovechamiento de los administradores, quienes a su vez, hemos permanecido indiferentes o indolentes ante tanta y tanta privación e irrespeto, como si el atropello de nuestros derechos fuera la norma y su excepción, el fervor de cumplir con las leyes.

Resulta paradójico que en nuestro medio mientras más riqueza hay más florece la pobreza y el desamparo por generación espontánea. Casos como el de Arauca en donde a pesar de percibir recursos apreciables por regalías el departamento y el municipio capital y la comunidad no cuenta –entre otras falencias–, con servicios básicos como alcantarillado, agua, potable y una cobertura suficiente en educación de calidad que prepare las generaciones en formación para dirigir el destino de su entorno. Y lo más paradójico es que durante años la situación de corrupción e indebida inversión de los recursos percibidos por regalías, era un secreto guardado por toda la comunidad, por los organismos de control del Estado y naturalmente por los administradores y políticos que se beneficiaron con la situación. Sólo hasta ahora se ha decidido por el Gobierno Nacional intervenir en el asunto y cabe preguntarse: ¿es demasiado tarde?, ¿por qué faltó voluntad política?, ¿por qué las autoridades de control y vigilancia omitieron cumplir con su deber siendo conocedores de la situación de primera mano?, ¿en qué estado están las investigaciones tendientes a determinar responsables? Preguntas todas son respuestas que como semillas han germinad a lo largo dela patria y necesariamente nos conducen a cuestionar la efectividad de la centralización en el manejo de las regalías, a pensar en revaluar el diseño de la estructura responsable de la inversión y control de los recursos percibidos por concepto de regalías en los ámbitos nacional, regional, departamental y municipal.

Y a nosotros los administrados nos llegó la hora de pensar en el futuro. La hora de tomar en serio nuestro papel dentro de la sociedad, la hora de ser activos en el proceso de veeduría ciudadana que por nuestra actitud, deberá alcanzar su verdadera dimensión dentro de la sociedad. Depende de todos nosotros que los recursos provenientes de las regalías mejoren nuestra calidad de vida. Depende de nosotros la vigilancia del desempeño de las funciones de las personas que hemos privilegiado con nuestro voto. Depende de nosotros acordar con nuestras comunidades cuáles son aquellos proyectos que pueden traernos bienestar y desarrollo. Depende de nosotros el no permitir que la corrupción se pasee por nuestras calles y campos bajo la consigan del silencio temeroso, amparado por la indiferencia que siempre deja en manos de otros la responsabilidad de todos.
Depende de nosotros el ser conscientes de que los recursos provenientes de las regalías son pasajeros. Aquellas fuentes de las cuales provienen no son renovables, se agotan en el tiempo y para ese mañana mejor que todos anhelamos, no las tendremos. Pensemos en que al menos la inversión de esos recursos deben significar para nosotros obras utilidad para la sociedad, que le ofrezcan bienestar y no monumentos a la vanidad de nuestros dirigentes y menos aún fuente de ingresos para quienes no los adquieren con el fruto de su trabajo.